Telefónica financió el software de Begoña Gómez sin formalizar un convenio con la cátedra de la Complutense

A una semana de que Begoña Gómez comparezca ante el juez instructor Juan Carlos Peinado en la audiencia preliminar del juicio al que se enfrenta, por un total de cuatro delitos diferentes, el último informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al juez, sigue complicando el futuro procesal de la mujer del presidente del Gobierno. Y es que, si hay un indicio que recorre de forma constante todo el atestado es cómo un total de hasta siete empresas diferentes -Google, Minsait (Indra), Devoteam, Deloitte, Making Science, FLAT 101 y Telefónica- trabajaron gratis en favor de una herramienta tecnológica, para una cátedra universitaria dirigida por la esposa de Pedro Sánchez.

La última, además, presuntamente trabajó sin haber firmado, antes, el correspondiente convenio de colaboración con la cátedra, pese a que sí ha quedado acreditado que participó, activamente, en el proceso. Hasta la fecha, no se ha localizado ningún documento que justifique, de manera formal, su intervención por valor aproximado de unos 55.000 euros.

No en vano, los agentes se preguntan en base a qué escenario se dio para que dichas multinacionales prestasen servicios por un valor total de hasta 253.000 euros, de manera altruista para la Universidad Complutense de Madrid (UCM), en la producción de una aplicación informática gratuita -«Transforma TSC»- concebida para que las Pymes midieran el impacto social y medioambiental de su actividad.

El software que se alojaba en el dominio «trnasformatsc.org» y, de acuerdo con las premisas del proyecto, debía ser propiedad de la UCM, fue registrado a nombre de la propia Begoña que, de acuerdo con las investigaciones, pagó dicha inscripción desde una cuenta compartida con su marido. Como resultado de lo anterior y dado que Gómez utilizó la plataforma con fines profesionales propios, por los que habría facturado algo más de 6.000 euros, podría darse el caso de que ante una futura y eventual condena, Sánchez fuese condenado, también, como partícipe a título lucrativo. Y, de ahí que, en su momento, el juez Peinado solicitase a la acusada el certificado de matrimonio que servirá para determinar si están casados en régimen de gananciales o de separación de bienes porque las consecuencias, en cada caso, son distintas.

Sin embargo, más allá de este aspecto, lo relevante para la UCO es cuánto costó la producción del software, por el que Begoña Gómez se enfrenta a un delito de apropiación indebida, y quién aportó los fondos necesarios para ponerlo en marcha.

Y, si bien el coste directo asumido por la Universidad Complutense de Madrid ascendió a 108.765,79 euros, que el centro educativo ya reclama a la esposa del presidente, desde el pasado mes de octubre, como posible perjudicada civil de la explotación particular de una herramienta que era de titularidad pública, el coste real que soportaron los patrocinadores privados del proyecto tecnológico de Begoña se situó entre los 225.000 y los 255.000 euros, según los investigadores.

Esta diferencia resulta clave puesto que la mayor cuantía del coste de producción del elemento no recayó sobre la Universidad, sino que lo consignaron sin contraprestación alguna un total de media docena de empresas privadas.