El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, durante un acto del PSOE
Bruselas activa nuevas medidas anticorrupción en plena escalada de escándalos en el PSOE
La condena de los delitos de los que se acusa al expresidente Zapatero podría incrementarse si la Directiva se transpone antes de que el proceso llegue a juicio, si llega
Casi se podría decir que se trata de una casualidad, pero lo cierto es que justamente este 31 de mayo entró en vigor la nueva Directiva Europea contra la Corrupción, justo en el momento en que más casos de presunta corrupción irrumpen en las filas socialistas con la imputación la semana pasada del que fuera presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
Esta Directiva fue aprobada definitivamente en el último pleno del Parlamento Europeo celebrado en Estrasburgo y, tal y como marca la legislación europea, entró en vigor a los veinte días, es decir, este 31 de mayo.
«La Directiva armoniza las normas, refuerza la prevención, detección y sanción de la corrupción, protege las instituciones y el Estado de Derecho, y favorece la competitividad», explicó la delegación de la Comisión Europea en España.
Se trata en definitiva de unificar criterios para que, por ejemplo, no suceda lo que ocurrió con Puigdemont, que, al no existir el delito de sedición en muchos países europeos, tiene libertad de movimiento por Europa excepto para entrar en España.
Ahora, esta directiva deja claros cuáles son los delitos relacionados con la corrupción: soborno, cohecho, malversación y apropiación indebida, tráfico de influencias, abuso en el ejercicio de funciones y obstrucción a la Justicia.
Delito de tráfico de influencias
Así pues, según esta directiva, el principal delito que se le imputa al expresidente Zapatero, el de tráfico de influencias, quedaría definido como «la petición o recepción, directamente o a través de un intermediario, de una ventaja indebida de cualquier tipo, o la aceptación de la promesa de una ventaja, a una persona o a un tercero para que ejerza una influencia real o supuesta a fin de obtener una ventaja indebida de un funcionario».
Además, esta nueva Directiva no deja de poner en un aprieto al Gobierno de Pedro Sánchez ya que en su artículo 14 estipula que «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la inducción respecto de cualquiera de las infracciones penales contempladas en los artículos 7 a 13 (el delito de tráfico de influencias se encuentra en el artículo 10) sea punible como infracción penal».
En concreto, en el caso del tráfico de influencias, la Unión Europea pretende que la condena por este delito se unifique en toda Europa en una condena máxima de al menos 5 años. Y esto supone un incremento de la petición de condena por los delitos de los que se acusa al expresidente Zapatero ya que en el Código Penal español, en estos momentos, el delito de tráfico de influencias está penado con una condena de entre 6 meses y dos años de cárcel. Si la directiva se transpone antes de que se celebre el juicio contra el expresidente, en caso de que se celebrara, ese arco de dos años de prisión se vería incrementado por lo tanto a un mínimo de cinco años de cárcel.
El periodo de transposición que da el mismo artículo 29 de la directiva se establece en los 18 meses. Es decir, el Gobierno de Pedro Sánchez dispone de año y medio para adaptar la legislación española a esta directiva si no quiere ser sancionado por la Comisión Europea.
A este incremento habría que sumar también los otros delitos de los que se acusa al expresidente Zapatero, que no se enmarcan en los delitos de corrupción, el de organización criminal y el de falsificación de documentos.
Además, la nueva Directiva establece que el plazo mínimo de prescripción para el delito de tráfico de influencias de entre 8 y 10 años.
Para la vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, «la corrupción socava nuestras democracias y la seguridad de nuestras sociedades. Estas nuevas normas son una parte esencial de nuestro compromiso con la defensa del Estado de Derecho. Junto con nuestra próxima Estrategia de la UE de Lucha contra la Corrupción, envían un mensaje claro: esta Comisión tomará medidas decisivas contra quienes traicionen la confianza de los ciudadanos».
