Las 'cloacas' apuntaron a un intento explícito de «quitar de en medio» a magistrados del Supremo y la Audiencia Nacional

La operación policial y judicial coordinada entre la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y el juez instructor Santiago Pedraz, en la Audiencia Nacional, para destapar la actuación de las presuntas 'cloacas' socialistas para «desestabilizar» el Estado de Derecho en nuestro país, ha puesto de manifiesto cómo una de las patas más relevantes de los miembros de la «organización criminal», presuntamente liderada por Santos Cerdán y en manos de Leire Díez, fue la que trató de interferir en el Poder Judicial para protegerlos intereses del Gobierno y sus ministros, del presidente y de sus familiares.

Para ello, y además de contra el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón y los jueces que investigan a la mujer y al hermano de Pedro Sánchez –Juan Carlos Peinado y Beatriz Biedma, respectivamente–, las maniobras se centraron en otros nombres propios de la Audiencia Nacional, como el magistrado Joaquín Gadea y del Supremo, como el ex presidente del Consejo General (CGPJ) Carlos Lesmes, Pablo Lucas Murillo de la Cueva y Manuel Marchena.

Este último, magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo y ex presidente de la misma, fue ponente en varios casos sensibles, como la sentencia del procés que condenó a los separatistas catalanes de Junts y Esquerra (ERC) por el golpe de estado del 1-O. Sin embargo, se convirtió en uno de los blancos prioritarios de las 'cloacas', de acuerdo a varios apuntes localizados en las agendas de la 'fontanera' Leire Díez, en los que la UCO acredita un intento explícito de «quitarle de en medio», para cuestionar su imparcialidad. En especial mientras se juzgaba al ex fiscal general Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de datos reservados contra el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Así las cosas, según el testimonio del empresario Joaquín Parra, Leire y el empresario Javier Pérez Dolset, ambos imputados, mantuvieron una serie de contactos con diferentes interlocutores en busca de «informaciones perjudiciales para la reputación» de Marchena y de su familia, incluidos sus hijos. Y, supuestamente, para ello, ofrecieron un pacto con la Fiscalía al comisario jubilado José Manuel Villarejo, a cambio de audios y pruebas que implicasen al magistrado en alguna conducta inapropiada o en conexiones con la «Policía Patriótica» del Partido Popular.

No en vano, en uno de los documentos interceptados por los agentes de la UCO en sus actuaciones policiales bajo el título «Estado de situación», Leire escribió en 2025 que el ex comisario tenía grabaciones «explosivas» sobre el magistrado, pagos opacos y el PP. La estrategia incluía apuntes sobre supuestas filtraciones que el juez habría hecho a la oposición en las causas de mayor «afectación política» y dosieres para debilitar las alianzas entre los socios parlamentarios del Gobierno socialista que, sin embargo, no constan incorporadas en la colección de efectos de la 'fontanera' o sus adláteres.

Las 'cloacas' también pusieron su mirilla sobre el juez Joaquín Elías Gadea Francés, destinado como refuerzo en el juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y ligado, hasta su jubilación, el año pasado, al magistrado Manuel García-Castellón. Leire significó a Gadea como «miembro de la junta directiva de la asociación conservadora de jueces», en relación a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y lo acusó como el responsable de «hacer desaparecer los audios del caso Villarejo en la sala de García-Castellón».

De hecho el propio García-Castellón ha solicitado, formalmente, en los últimos días, ser admitido como parte en el proceso de las 'cloacas' que se fijaron en él por sus negativa a renunciar a las investigaciones sobre los Comités de Defensa de la República (CDR) de Cataluña a los que, durante casi dos años, mantuvo investigados por delito de terrorismo, entre otros. El magistrado se considera «perjudicado» directo y «víctima» de las maniobras de la 'fontanera' del PSOE aunque «de momento» no se ha aceptado su presencia en el proceso.

Tampoco se libró del interés de la trama Pablo María Lucas Murillo de la Cueva, presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo que consta entre los señalados, de acuerdo con los listados de Leire. En su caso, y dado que se trata de un magistrado sin afinidades conocidas, de perfil ampliamente técnico y nada dado a la exposición pública, el interés de las 'cloacas' radicaba en su papel sobre determinadas resoluciones que afectaban a nombramientos dudosos en la Fiscalía, decretos gubernamentales o, lo que es más importante, su papel como magistrado de enlace con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Junto a ellos, otros como Carlos Lesmes, ex presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o Gema Espinosa, mujer del instructor del procés Pablo Llarena, y hoy por hoy vocal del máximo órgano de representación de la Magistratura española. La trama veía en todos ellos obstáculos reales para «aplicar Justicia» conveniente a los intereses del Ejecutivo, en diferentes recursos o resoluciones administrativas de calado político.

Y, todo ello, sin olvidar, como ya se conocía, que la trama tanteó a dos fiscales, a cambio de beneficios y ascensos: José Grinda, como responsable de todas las causas de la Policía Patriótica y Cataluña; e, Ignacio Stampa, para que proporcionasen trapos sucios sobre Alejandro Luzón, fiscal jefe Anticorrupción, al que situaron en el epicentro de sus maniobras tras sospechar que su actuación había sido determinante para la puesta en libertad del empresario Víctor de Aldama, el enemigo declarado de los socialistas.

Pero, también, jueces como Beatriz Biedma, que ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Badajoz al hermano de Sánchez; Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez por, entre otros, un delito de apropiación indebida; o, a la magistrada Mercedes Alaya, al frente de los ERE de Andalucía que acabaron con la hegemonía de 40 años de socialismo andaluz.