El «plan B» contra la Justicia de las cloacas para influir en Moncloa y Ferraz

Antes del punto de inflexión que supuso la Carta de la Ciudadanía publicada en redes sociales por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para comunicar si continuaba al frente del Ejecutivo después de que se abrieran diligencias a su mujer, Begoña Gómez, por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción, la trama criminal liderada desde Ferraz por Santos Cerdán, junto a la conocida fontanera del PSOE, Leire Díez, y el hombre de María Jesús Montero dentro de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, había puesto en marcha, desde principios de enero de 2020, las cloacas contra procedimientos judiciales que afectasen al Partido Socialista, según el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Uno de los primeros objetivos del trío de las cloacas fue la magistrada Mercedes Alaya, instructora tanto de los ERE como del caso Aznalcóllar, por el que tuvo que dimitir Fernández Guerrero de la SEPI a raíz de su imputación. Leire Díez se reunió en dos ocasiones con Rafael Salvador Moreno, inspector de Policía jubilado, al que le llamaban Torrente, para ver qué «podemos destapar» de la jueza, mientras le daba ánimos a Vicente diciéndole que «todo saldrá bien, volverás y nos ocuparemos de que el tumor se extirpe». E incluso le comentó que «tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis».

Estas comunicaciones demostrarían cierta connivencia de los investigados con la exvicepresidenta primera, María Jesús Montero, quien tenía la potestad de nombrar a un nuevo presidente para la sociedad estatal que dependía de su Ministerio de Hacienda, aunque siguió manteniendo casi un año y medio la presidencia en funciones. El Debate ya publicó en junio de 2025 que a «Leire Díez se le encomendó buscar información sobre la jueza Mercedes Alaya para recuperar al protegido de Montero en la SEPI».

Por esas fechas, Santos Cerdán era secretario de Coordinación Territorial del PSOE, puesto que consiguió en junio de 2017, un mes después de que Pedro Sánchez ganase la secretaría general del Partido Socialista en las primarias que le enfrentó a Susana Díaz y Patxi López, y en las que Cerdán se involucró en la recogida de avales junto a Koldo García, quien aseguró que escuchó que habían «votado hasta los muertos». Guerrero continuaba de facto como presidente en la sombra de la SEPI, y Leire Díez ejercía en teoría de responsable de Comunicación en el Grupo ENUSA (Empresa Nacional de Uranio), participada al 60 % por la SEPI.

El «plan B» para ser leído en Moncloa y Ferraz

La organización criminal liderada por Cerdán, según el informe de la UCO, activó otras maniobras dilatorias para intentar que la instrucción del caso Aznalcóllar, como sucedió con el caso Navantia o Isofotón, «se prolongará más allá de la presente legislatura» y así no «existiera nunca un nuevo Auto contrario a VFG». El «Plan B» que escribió el propio Fernández Guerrero se trataría con Carlos Moreno Medina, entonces director de Gabinete de la ministra de Hacienda, «con la idea de que pueda ser leído por bastante gente (en Alcalá, en Moncloa y en Ferraz)» y así el «Consejo de Ministros podría reponer en su posición gubernamental a VFG». La trama buscaba que Guerrero pudiera «seguir siendo interlocutor en operaciones complejas» dentro de la SEPI. Quizá en referencia a los rescates de Air Europa y Plus Ultra, que estuvo dirigido por Guerrero desde el piso de Diego de León, al seguir en continúo contacto con el presidente en funciones, Bartolomé Lora.

A su vez, Leire Díez le aseguró a Vicente F. Guerrero que le tenía que contar a Santos Cerdán el «Plan B», porque «debe saber todo para saber qué hacer con los datos». Al igual que en la comida que mantuvieron el trío de las cloacas en el restaurante Sazadón, en el barrio de Chamberí, Díez le comentaría a Santos «que tengo la solución mediática para Isofotón». Esta macrocausa que salpicó a dos exministras de Pedro Sánchez, María Jesús Montero y Teresa Ribera, y al actual ministro de Agricultura, Luis Planas, se archivó por un defecto de forma, a pesar de dos recursos de queja de la Fiscalía Anticorrupción. La empresa malagueña habría recibido más de 80 millones de euros en ayudas públicas de la Junta de Andalucía en la época de Manuel Chaves y José Antonio Griñán para la fabricación de placas fotovoltaicas, y después quebró.

«El one» le pidió a la fontanera que «no se rindiera»

Para «el one», Leire Díez tenía que seguir, porque estaba «haciendo cosas grandes» y le pidió que no se rindiera, como ella le contaba a Vicente Fernández a finales de septiembre de 2024, cuando se había publicado que «la fontanera de Ferraz» estaba realizando un dossier sobre miembros del Poder Judicial y periodistas. Ese mensaje transmitiría hasta qué punto Sánchez podría conocer las maniobras de las cloacas, que tenían su núcleo de actuación en la sede del Partido Socialista, y que intentó influir tanto en la Fiscalía General del Estado –«¿De quién depende la fiscalía?»– como en la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, que se reunió hasta tres veces con Díez.