Varios guardias civiles examinan los restos del coche bomba que ayer explotó en Santa Pola. El atentado ocasionó la muerte de una niña de seis años y la de un hombre de 57
El atentado que mató a una niña de seis años y por el que se vuelve a interrogar ahora a la violenta etarra Anboto
Además de Anboto, han sido llamados a declarar antiguos dirigentes de la organización como Ainhoa Mujika, alias Olga, Juan Antonio Olarra Guridi y Félix Ignacio Esparza
La mañana del 4 de agosto de 2002 parecía una más en Santa Pola, una localidad costera alicantina llena de turistas en pleno verano. Poco antes de las ocho de la tarde, sin embargo, una explosión sacudió la localidad y convirtió aquel domingo en una de las jornadas más trágicas de la historia reciente del terrorismo etarra. Una furgoneta bomba cargada con decenas de kilos de explosivos estalló junto a la casa cuartel de la Guardia Civil. El atentado causó la muerte de Silvia Martínez Santiago, una niña de seis años, y de Cecilio Gallego García, un vecino de 57 años que se encontraba en las inmediaciones. Más de medio centenar de personas resultaron heridas.
Veintitrés años después, la Audiencia Nacional sigue investigando quién tomó la decisión de cometer aquel atentado. Este martes, el juez Antonio Piña ha citado a declarar como investigados a varios antiguos dirigentes de ETA, entre ellos María Soledad Iparragirre, alias Anboto, para tratar de esclarecer la responsabilidad de la cúpula de la organización.
La comparecencia se produce en un momento especialmente delicado para la exdirigente etarra, apenas unas semanas después de haber abandonado la prisión de Martutene gracias a un régimen de semilibertad concedido por el Gobierno vasco y posteriormente revocado por la Audiencia Nacional. Ahora, Anboto vuelve a sentarse ante un juez por hechos relacionados con su etapa al frente de la organización terrorista.
¿Quién ordenó el atentado?
En lo relativo a los hechos que se investigan ahora, la gran cuestión es quién ordenó la acción. Hace catorce años, en 2012, la Audiencia Nacional condenó a 843 años de prisión a los miembros de ETA Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, y Óscar Celarain Ortiz, alias Peio, al considerar acreditado que fueron los autores materiales del atentado, pero no se condenó a nadie como autor intelectual.
Durante los últimos años, varios jueces de la Audiencia Nacional han impulsado investigaciones dirigidas a depurar la responsabilidad de las antiguas direcciones de ETA en atentados concretos, y la tesis que sostiene la acusación es que la organización funcionaba bajo una estructura jerárquica extremadamente rígida, donde operaciones de especial relevancia no podían llevarse a cabo sin autorización de la cúpula.
Es por eso que, en el caso concreto de Santa Pola, los investigadores consideran que el atentado no fue una iniciativa autónoma de un comando local, sino una decisión adoptada por la dirección de ETA. Según los autos dictados en la causa, la acción habría estado vinculada al intento de la banda terrorista de responder al proceso de ilegalización de Batasuna impulsado entonces mediante la Ley de Partidos.
Los niños de Santa Pola llenaron de flores y peluches el lugar del atentado en homenaje a la pequeña Silvia
Por ese motivo, además de Anboto, han sido llamados a declarar antiguos dirigentes de la organización como Ainhoa Mujika, alias Olga, Juan Antonio Olarra Guridi y Félix Ignacio Esparza. Todos ellos formaron parte en distintos momentos de los órganos de dirección de ETA y los investigadores intentan determinar qué grado de participación pudieron tener en la adopción de aquella decisión.
María Soledad Iparragirre fue detenida en Francia en 2004 junto a quien entonces era su pareja, Mikel Albisu, alias Mikel Antza, considerado el principal dirigente político de ETA durante aquella etapa. Tras años encarcelada en Francia, fue entregada a España para responder por las numerosas condenas que tenía pendientes, donde acumula responsabilidades por asesinatos, atentados con explosivos, pertenencia a organización terrorista y otros delitos relacionados con la actividad de la banda.
Hace unas semanas, el Gobierno vasco le concedió un régimen de semilibertad mediante la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, lo que le permitió abandonar la cárcel durante varias semanas. Sin embargo, esa medida fue revocada por el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que consideró insuficientemente justificada la flexibilización de su régimen de cumplimiento. Como consecuencia de esa decisión judicial, Anboto regresó a prisión. Ahora, la antigua dirigente etarra vuelve a encontrarse ante otra batalla judicial.
