Víctimas de ETA piden la dimisión de la consejera socialista del País Vasco tras la excarcelación de más etarras

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha pedido la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del País Vasco, la socialista María Jesús San José, por la continua excarcelación en los últimos meses, y por diversos métodos, de exmiembros de la banda terrorista. Las últimas han sido la concesión del tercer grado penitenciario a Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia, que se unen a las ya conocidas de Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, María Soledad Iparragirre, alias Anboto –que revocó el juez– o Julen Atxurra Egurrola, alias Pototo.

Según Covite, esta petición de dimisión es consecuencia de «terceros grados fraudulentos» y también acusa al Ejecutivo vasco de estar utilizando los mecanismos de flexibilización penitenciaria –en especial el tercer grado y el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario– como una vía para avanzar hacia la semilibertad de los presos de ETA con una apariencia formal de legalidad. El colectivo sostiene que esta política ha quedado en los últimos meses «desautorizada» en varios autos judiciales, que han revisado o revocado decisiones de semilibertad en distintos casos, pero que el Gobierno se mantiene en su empeño.

María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos desde junio de 2024 –ya ocupó la misma responsabilidad entre 2016 y 2020–, es la responsable, según Covite, de la encadenación de terceros grados y medidas del artículo 100.2 a favor de internos vinculados a la organización terrorista. El colectivo interpreta este ritmo como una tendencia sostenida, no como decisiones puntuales, y lo enmarca en lo que denomina una política orientada a «vaciar las cárceles» de presos de ETA en el menor tiempo posible.

El comunicado también señala el papel de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a la que pide que recurra estas decisiones, recordando que, en la fase de ejecución penitenciaria, las víctimas no tienen capacidad de personarse en todos los procedimientos, lo que deja en manos del Ministerio Fiscal la posibilidad de impugnar las progresiones de grado cuando se consideran contrarias a derecho.

Mientras tanto, los dos últimos en aprovecharse de estas medidas han sido Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. El primero es considerado uno de los históricos responsables de la estructura militar de ETA, hasta que fue detenido en Francia en 2002 y desde entonces ha pasado por distintas causas judiciales en España, donde acumula condenas que, sumadas, superan ampliamente los 1.000 años de prisión por delitos como asesinatos, atentados, estragos, lesiones y pertenencia a organización terrorista. El segundo de ellos también fue un miembro de ETA condenado por delitos de terrorismo de especial gravedad, entre ellos atentados con explosivos, pertenencia a banda armada y otros hechos violentos asociados a la actividad de comandos. Ya había accedido a un tercer grado en 2025, pero aquella decisión fue posteriormente revocada por la Fiscalía y la Audiencia Nacional, lo que obligó a su reingreso en prisión.

Eso no ha sido impedimento para que el Gobierno vasco insista en concederle un régimen de semilibertad. Casos así ya se han vivido con anterioridad. En el centro de esta política, denuncian las víctimas, se encuentra María Jesús San José.