Quién es María Jesús San José, la socialista que está favoreciendo la salida de etarras de la cárcel

Su nombre bíblico no coincide con sus actos. Desde que María Jesús San José asumió la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, en junio de 2024, ha concedido más de 30 terceros grados y regímenes de semilibertad a presos etarras. Solo en las últimas semanas, se han beneficiado de ello Txeroki, exjefe militar de la banda terrorista, y Anboto, exdirigente de la misma. En promedio, desde su mandato se beneficia un etarra cada 15 días aproximadamente.

Nacida en 1966 en Sestao, en el cinturón industrial vizcaíno, San José es jurista de formación y militante del Partido Socialista en el País Vasco. Primero comenzó como asesora jurídica en el Gobierno vasco y, desde ahí, fue ascendiendo hasta ocupar responsabilidades de primer nivel. Ya había sido consejera de Justicia entre 2016 y 2020, en una etapa marcada por el final de ETA, y regresó al cargo en el 2024 ya con la competencia de las prisiones vascas sobre la mesa.

Desde su llegada, su departamento ha concedido 34 terceros grados a presos de ETA y ha aplicado al menos 13 medidas del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, además de otros casos de semilibertad. Traducido en ritmo, esas cifras implican una cadencia constante, aproximadamente un tercer grado cada 18 o 19 días, o bien una medida de semilibertad cada dos semanas, dependiendo del criterio utilizado. No son decisiones aisladas, sino una política sostenida en el tiempo.

Entre los beneficiados, además de los mencionados Txeroki o Anboto, también está Asier Arzalluz, uno de los asesinos del columista José Luis López de Lacalle; Luis Mariñelareana y Diego Ugarte López de Arcaute, condenados por el asesinato del dirigente socialista Fernando Buesa; Juan Ramón Carasatorre, condenado por el asesinato del concejal Gregorio Ordóñez o Íñigo Vallejo Franco, que intentó perpetrar un atentado en Sevilla en plena cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea.

La propia Fiscalía ha recurrido algunas de estas progresiones, al considerar que la evolución de los internos debe tener una «consistencia temporal» más prolongada. Aunque muchos de los beneficiados tienen perfiles menos conocidos, el patrón se repite con miembros de comandos, autores o colaboradores en atentados graves, que acceden progresivamente a regímenes más flexibles.

En algunos casos, los informes penitenciarios destacan reconocimiento del daño causado en las víctimas, pero en la inmensa mayoría las asociaciones de víctimas cuestionan la profundidad o sinceridad de ese proceso. De hecho, organizaciones como Covite sostienen que varios de estos internos todavía mantienen vínculos con el entorno de la izquierda abertzale o siguen presentes en actos públicos de apoyo a presos, lo que, a su juicio, contradice la idea de reinserción plena.

Especialmente polémico es el uso del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, siguiendo una estratagema del Gobierno vasco para sacar de las cárceles a los presos de ETA. En concreto, se trata de un atajo para garantizar beneficios penitenciarios a aquellos presos que todavía no cumplen los requisitos necesarios para obtener el tercer grado. Antes de Anboto ya consiguieron esas ventajas otros asesinos como Juan Carlos Chouzas, alias Gadafi, Ainhoa Mujika, alias Olga, o Henri Parot, a quien se le imputan 82 asesinatos.

Sea como fuere, María Jesús San José no deja de ser un peón en la maquinaria que se remonta hasta el líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y sus declaraciones en 2021: «Nosotros tenemos a 200 presos dentro, y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Y si para eso hay que votar los Presupuestos, pues los votaremos». Poco de bíblico hay en esto.