Pedro Sánchez, durante su intervención de este viernes en Bruselas
Sánchez quiere hacer creer que en 2007 se podían aceptar regalos, pero estaba prohibido desde 2005
Según el entorno de Zapatero, las joyas serían obsequio del fallecido Rey Abdulá de Arabia Saudí durante la visita que hizo a España en 2007, pero esta versión es inverosímil: nadie regala un lote de decenas de piezas y no llevan la firma del joyero real
Pedro Sánchez ha afirmado este viernes en Bruselas que en 2007 no existía la legislación actual que regula los regalos de los altos cargos. La afirmación del presidente del Gobierno es una verdad a medias, porque en esa fecha no existía la actual Ley de Transparencia, pero ya había entrado en vigor el Código de Buen Gobierno, que fue aprobado el 18 de febrero de 2005 por el Consejo de Ministros de José Luis Rodríguez Zapatero y que obligaba a rechazar los obsequios o a cederlos a Patrimonio del Estado.
Ese Código de Buen Gobierno fue el que inspiró después la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, actualmente en vigor, que también prohíbe aceptar regalos que superen los usos de cortesía.
«Yo no estoy dando por bueno nada; yo lo que digo es que en 2007 no existía una legislación que hoy sí existe en cuanto a los regalos que pueden ser ofrecidos a un presidente o presidenta del Gobierno», ha afirmado Sánchez este viernes durante una comparecencia ante los medios en Bruselas, en la que fue preguntado por las 103 joyas, algunas muy valiosas, descubiertas en una caja fuerte de Zapatero.
La inverosímil versión del Rey saudí
Sánchez mencionó el año 2007, porque la versión que el entorno de Zapatero está difundiendo sobre el origen de las joyas es que habrían sido un supuesto regalo del fallecido Rey Abdulá de Arabia Saudí durante la visita de Estado que hizo a España en 2007. Con esta versión tan poco verosímil Zapatero pretende reducir su responsabilidad ante la Justicia.
Sin embargo, las joyas que regalan los Reyes árabes suelen estar firmadas por sus joyeros reales, y las de Zapatero, al parecer, no tienen ninguna marca. Además, el Rey de Arabia Saudí podría haberle regalado una pieza, pero el conjunto de las joyas descubiertas en la caja fuerte obedecen a distintas entregas. Nadie regala un lote compuesto por decenas de joyas de altísimo valor.
El presidente del Gobierno ha añadido que «hay que reconocer que fue precisamente José Luis Rodríguez Zapatero quien hizo ese marco legal para regular y registrar esos regalos». Aunque ahora todo parece indicar que Zapatero incumplió sus propias normas, lo cierto es que él fue el primer jefe del Ejecutivo que prohibió expresamente los regalos a los miembros del Gobierno. También les obligó a hacer públicos sus bienes y a no hacer ostentación de riqueza.
Lo que decía el Código
El Código de Buen Gobierno que aprobó Zapatero en 2005 establecía que «se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal».
Y añadía lo siguiente: «En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al Patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con lo que se determine reglamentariamente».
Las opciones de Zapatero
Por lo tanto, si algunas de las joyas y los relojes que Zapatero ocultaba en la caja fuerte eran regalos institucionales que recibió mientras fue presidente del Gobierno, tenía que haberlos rechazado o cedido a Patrimonio del Estado, pero nunca incorporarlos a su patrimonio personal.
Si recibió las joyas y los relojes con posteridad a su salida de Moncloa, el expresidente tendrá que explicar quién se los regaló y por qué motivo, y deberá pagar los impuestos correspondientes porque este tipo de obsequios se consideran un incremento de patrimonio sujeto a tributación.
Ahora, 21 años después, el expresidente del Gobierno que impulsó ese código está imputado por los supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental, un delito fiscal y contrabando.