El CGPJ estudiará mañana abrir un expediente al juez Peinado por su comentario sobre los escoltas de Begoña Gómez

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunió este domingo de urgencia desde las 10:00 horas y por vía telemática para estudiar el auto que dictó ayer el juez Juan Carlos Peinado en el que envía a juicio a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos y en el que sugiere que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga. Tras una hora de reunión, se ha acordado celebrar mañana un nuevo encuentro a las 9:00 horas y de forma presencial para estudiar si expedienta al magistrado.

La reunión se ha producido después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, elevara a la presidenta del máximo órgano de gobierno de los jueces la «más enérgica queja» por el «grave cuestionamiento de la profesionalidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado» y pidiese que se adoptaran las medidas «que puedan resultar procedentes en uso de sus atribuciones».

Peinado acordó unas medidas cautelares para Begoña Gómez hasta el juicio, como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.

En el auto, el magistrado señala que «no cabe duda» de que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que forman parte de la escolta de Gómez «en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitar esa fuga que haga imposible que la acusada se encuentre a disposición de la justicia».

Para el Ministerio del Interior, las «sospechas injustificadas» de Peinado alcanzan no solo a los agentes concretos que tienen asignado el servicio de acompañamiento de la esposa del presidente del Gobierno, «sino también a sus superiores jerárquicos, afirmando la posibilidad de que pudieran dictar órdenes ilegales».

Malestar entre los sindicatos policiales

Tras el auto judicial, varios sindicatos policiales emitieron comunicados expresando su malestar con las afirmaciones sobre los escoltas de Gómez y solicitando al juez Peinado una rectificación. «Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga», señaló Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, que reprochó a Peinado sus declaraciones por proyectar «una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones».

El Sindicato Unificado de Policía, por su parte, subrayó que los escoltas pasan por «rigurosos procesos de selección y formación» y desempeñan una labor de «máxima responsabilidad» bajo protocolos «estrictos» y sometidos a la Constitución, el ordenamiento jurídico y los principios de «legalidad, neutralidad política, objetividad e imparcialidad». «Los policías nacionales no actúan al margen de la ley ni están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales», recalcó el sindicato.

También se pronunció la Confederación Española de Policía, que lo considera «un ataque intolerable, injustificado y profundamente ofensivo» contra la honorabilidad de miles de policías nacionales que, cada día, sirven al Estado «con absoluta lealtad a la Constitución, al ordenamiento jurídico y a las resoluciones judiciales». «Ataque injustificado» también fueron los términos que empleó el Sindicato Reformista de Policías, que manifestó que los policías «no son moneda de cambio» ni «se deben a políticas de ningún partido», sino que actúan «con neutralidad, rigor y absoluta sujeción a la legalidad».