Bolaños señala a las acusaciones populares: «Su único objetivo antidemocrático es hostigar a los progresistas»

El triministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha escrito a dos de las acusaciones populares que, desde que saltasen los primeros escándalos de corrupción del actual Gobierno, han estado personadas en las causas judiciales que salpican al entorno político y personal de Pedro Sánchez.

En la misiva, en la que rechaza la invitación de participar en una jornada organizada por ambas al alimón –Iustitia Europa y Hazte Oír– les advierte de que están «pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno».

El ministro considera que «organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular».

Y añade que, si su agenda se lo hubiera permitido, la jornada, habría sido «una buena ocasión para explicar, de manera detallada, cómo la figura de la acción popular se ha convertido en una herramienta de persecución política e ideológica, desnaturalizando una institución concebida para la defensa del interés general. Y todo ello con el único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias», asegura el titular de Justicia.

«Como ustedes conocen», prosigue, «el artículo 125 de la Constitución española dispone que los ciudadanos pueden participar en la actividad de los tribunales mediante la acción popular en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine». «Es decir», añade Bolaños, «se trata de un derecho constitucional de desarrollo legal. Es ese desarrollo legal el que el Gobierno de España propone modificar».

Así las cosas, Bolaños retoma la modificación legal que ya, en su día, propuso el ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, antes de ser imputado y más tarde condenado, en su discurso durante el último acto de Apertura del Año Judicial. Por una parte, el ministro adelanta que trabajan «para procurar que la acción popular sirva de contrapeso frente a una concreta actuación del Ministerio Fiscal que puede ser controvertida. Por otra, para evitar que esta acción se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso penal, tal y como sucede actualmente y ustedes conocen perfectamente».

Y, para ello, proponen, dice el ministro, cuatro medidas: que quien pretenda ejercer la acción popular tenga un interés legítimo en la causa, para evitar persecuciones basadas en motivos ideológicos, «tal y como ustedes practican a diario», les dice; que la acción popular tenga límites subjetivos inherentes a su fundamento participativo, excluyendo de su uso a las personas jurídicas públicas, los partidos políticos y los sindicatos, previniendo así el riesgo de instrumentalización del proceso; que se restrinja la acción popular a aquellos delitos que resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal; y, que se acredite ante el Ministerio Fiscal que el ejercicio de la acción popular se basa en su único fundamento constitucional legítimo: la participación en la Administración de Justicia para alcanzar fines de interés general.