La presidenta de la SEPI libró a Tubos Reunidos de pagar 15 millones tras gestiones de la trama con el Gobierno vasco

la Fiscalía Anticorrupción ha elaborado un informe en el marco del caso Leire que se investiga en la Audiencia Nacional en el que pone de manifiesto que la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, autorizó –a través de una «delegación»– a Tubos Reunidos a que no devolviera al Estado 15 millones a pesar de que «estos fondos tenían como destino obligatorio su ingreso en cuentas de amortización vinculadas tanto al FASEE como a las entidades financieras acreedoras» del rescate de 115 millones que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez. Esta decisión la tomó, según el Ministerio Público, después de las gestiones de la trama de la fontanera Leire Díez relacionadas con la SEPI, entre ellas con el Gobierno vasco.

El expresidente de la SEPI Vicente Fernández –que cobró 132.500 euros de Tubos Reunidos, según certificó la UCO– «habría asumido un nuevo encargo, esta vez relacionado con el aplazamiento de la amortización anticipada del rescate, con ocasión de la venta de un inmueble propiedad de Tubos Reunidos sito en Sestao».

El dosier del Ministerio Público señala que «en el mes de julio de 2024, la citada mercantil habría procedido a la enajenación de dicho activo, obteniendo unos ingresos netos superiores a 15 millones de euros», y que «estos fondos tenían como destino obligatorio su ingreso en cuentas de amortización vinculadas tanto al FASEE como a las entidades financieras acreedoras».

«Con fecha 7 de enero de 2021, Tubos Reunidos solicitó formalmente apoyo público financiero con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI, por un importe de 115 millones de euros. Dicho apoyo fue aprobado por el Consejo Gestor del Fondo el 13 de julio de 2021, en forma de crédito participativo, y posteriormente autorizado por el Consejo de Ministros con fecha 20 de julio de 2021», se añade.

Tras la venta de 15 millones, la compañía rescatada «habría recurrido nuevamente a Vicente (Fernández) con la finalidad de obtener la preceptiva autorización que permitiera liberar dichos fondos y dotarse de liquidez, lo que implicaría, en la práctica, alterar las condiciones previamente establecidas». Para ello, «se habría contado igualmente con la intervención de Leire (Díez), quien, junto con Vicente mediante el ejercicio de su capacidad de influencia sobre determinados responsables públicos, habría desplegado diversas gestiones orientadas a lograr dicho objetivo, percibiendo por ello una retribución que se cifra, al menos, en 40.000 euros».

El documento del Ministerio Público apunta que «la solicitud inicial no habría prosperado por falta de apoyo interno en la SEPI (25 de octubre de 2024)», aunque «a partir de ese momento, Vicente y Leire habrían iniciado contactos con el Gobierno Vasco, en particular con Mikel Torres Lorenzo» –actual vicelendakari vasco– y «trasladando igualmente la situación a Santos Cerdán León, con el propósito de facilitar la celebración de reuniones e impulsar la viabilidad de la operación».

«Carlos López de las Heras (dirigente de Tubos Reunidos) habría compartido con Leire un documento titulado 'Planteamiento racional de la operación', directamente vinculado con este propósito. Asimismo, el 1 de noviembre de 2024, Leire habría comunicado a Vicente que De las Heras tenía previsto mantener una reunión con la SEPI, añadiendo que ella misma abordaría la cuestión con Santos Cerdán León (folio 161). Posteriormente, el 7 de noviembre de 2024, le informó de que ya había trasladado la situación de TUBOS REUNIDOS tanto a Santos Cerdán León como al citado vicepresidente Torres (del Gobierno vasco), reforzándose así, en términos indiciarios, la existencia de gestiones dirigidas a influir ilícitamente en la resolución del expediente por cauces ajenos a los canales ordinarios», se agrega.

Así las cosas, el informe recoge que «el 14 de marzo de 2025, Tubos Reunidos presentó una nueva solicitud para obtener autorización para utilizar los fondos procedentes de la venta del inmueble de Sestao y aplazar la obligación de destinarlos a la amortización anticipada», y que «el 21 de marzo de 2025 recibió el informe favorable de la Dirección Económico-Financiera; el 25 de marzo, el de la Dirección de Asuntos Jurídicos; y el 28 de marzo, el Comité de Negocio del FASEE formuló una propuesta favorable».

«Finalmente, ese mismo 28 de marzo de 2025, la solicitud fue autorizada mediante una resolución firmada por Julián Mateos-Aparicio, por delegación de la presidenta, Belén Gualda González. Por estas actuaciones, Tubos Reunidos acordó el abono a Vicente de 40.000 euros (IVA no incluido)», zanja el dosier.