Ofensiva del PP por la ley de nietos: exigen los contratos del Gobierno con Cuba y la comparecencia de Albares

El PP, según han expresado fuentes del partido, «va a presentar en los próximos días un conjunto de iniciativas de fiscalización parlamentarias para exigir transparencia y todo tipo de garantías jurídicas y políticas sobre el mayor proceso de nacionalización que pretende realizar el Gobierno en toda la historia y que afecta a 2,6 millones de personas».

En su ofensiva, la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo «solicitará, en primer lugar, la comparecencia urgente del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares en el pleno del Congreso para informar, entre otras cosas, del funcionamiento de los registros civiles consulares, el sistema de cita previa, los plazos de resolución de expedientes, el número de solicitudes de nacionalidad recibidas, aprobadas, denegadas y pendientes de todo el proceso de nacionalización».

Los 'populares' también quieren recabar de la Abogacía General del Estado un informe sobre la externalización llevada a cabo por el Gobierno para realizar labores de apoyo a los consulados en el procedimiento de nacionalización. En este sentido, «el PP exige la copia de los tres expedientes completos de contratación de la empresa pública vinculada a la dictadura cubana, Grupo Palco, por importe total de 1.602.217 euros, para la contratación de personal al servicio del Consulado de España en La Habana, para realizar labores de apoyo de todo tipo y también como refuerzo en la tramitación de expedientes de obtención de la nacionalidad española».

Asimismo, el PP solicita la copia del expediente completo de contratación de la empresa pública INECO para realizar labores de apoyo en la tramitación de expedientes. A todo esto se añade la formulación de una veintena de preguntas parlamentarias reclamando al Gobierno, entre otras cosas, información desglosada del número de solicitudes de nacionalidad por oficina consular. También quiere recabar información sobre el criterio que se está aplicando para determinar el orden de resolución de solicitudes indicando si se tramitan por orden de presentación de cita previa, de incoación de expediente, de documentación completa por oficina consular o por algún otro criterio.

«El PP lo que pretende con esta demanda de ofensiva informativa al Gobierno es que el proceso iniciado por el Ejecutivo por la puerta de atrás se haga con todas las garantías, informando al conjunto de los ciudadanos a través del Parlamento español, que es el lugar en el que reside la soberanía y desde donde se deben consensuar y tramitar las iniciativas legislativas que afectan al conjunto de los españoles. Esto no va de votos, sino de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer a todos los ciudadanos unos servicios públicos de calidad», han zanjado las mismas fuentes.