Sánchez se prepara para su veraneo más largo en Moncloa cuando la presión judicial se acerca más a su entorno

Tras unos meses marcados por la acumulación de investigaciones judiciales que afectan a su entorno político y familiar, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto rebajar al mínimo su actividad institucional durante el mes de agosto y disfrutar del periodo de descanso más prolongado desde que llegó a La Moncloa en 2018.

Concretamente, según la planificación del Ejecutivo, el último Consejo de Ministros ordinario se celebrará el próximo 28 de julio y la actividad política no se retomará hasta comienzos de septiembre. Por lo tanto, de cumplirse ese calendario, Sánchez permanecerá más de un mes alejado de la primera línea política, con la residencia oficial de La Mareta, en Lanzarote, como principal destino de vacaciones.

Por si fuera poco, este descanso llegará en uno de los momentos de mayor desgaste político de la legislatura, con el Gobierno afrontando un otoño decisivo sin haber conseguido aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado y con una creciente presión derivada de las investigaciones judiciales que afectan a personas del entorno del presidente, desde su mujer hasta su hermano, además de todo el caso de las cloacas del Partido Socialista.

En lo relativo a Begoña Gómez, la esposa del presidente se encuentra pendiente de que la Audiencia Provincial resuelva los recursos contra la apertura de juicio oral acordada por el juez Juan Carlos Peinado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación. Además, continúa vigente la retirada cautelar de su pasaporte y la prohibición de abandonar España, salvo autorización judicial.

También se espera en las próximas semanas la resolución del procedimiento seguido contra David Sánchez, hermano del presidente, por su contratación en la Diputación de Badajoz, mientras que la investigación sobre la denominada trama de las «cloacas del PSOE» continuará avanzando durante el verano. En esa causa, el próximo 16 de julio deberán declarar como investigados la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, después de que el juez Santiago Pedraz apreciara indicios suficientes para citarles en relación con las actuaciones dirigidas presuntamente contra la Unidad Central Operativa (UCO).

Sea como fuere, tras ese paréntesis estival, Sánchez deberá afrontar un otoño especialmente exigente, con la presión de la oposición, las negociaciones con sus socios parlamentarios y el avance de las distintas causas judiciales cercando al Ejecutivo, y la sombra de un posible adelanto electoral más alargada que nunca.