El juez Juan Carlos Peinado y la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez
Medidas Cautelares
Peinado pide a la Audiencia mantener la retirada del pasaporte a Begoña invocando la fuga del líder del Partido Socialista italiano
El magistrado instructor de la causa que mantiene al borde del banquillo a la mujer de Pedro Sánchez ha recordado otros casos de prófugos europeos para insistir en las medidas preventivas acordadas
El juez Juan Carlos Peinado ha puesto como ejemplo la fuga de Bettino Craxi, líder del Partido Socialista italiano y primer ministro de Italia entre los años 1983 y 1987 para insistir en la necesidad de mantener las medidas cautelares de control judicial y retirada de pasaporte que dictó sobre Begoña Gómez, pese a su condición de mujer del presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.
Así las cosas, en el informe judicial registrado ante la Audiencia Provincial de Madrid (APM) - órgano competente para resolver los recursos presentados por la defensa de la procesada-, el magistrado ha invocado el ejemplo de Craxi quien, para evitar la cárcel, huyó a Túnez, en 1994, donde permaneció como prófugo hasta su fallecimiento. seis años más tarde.
«No sería la primera ocasión en la que un presidente del Gobierno de un Estado Miembro de la Unión Europea de un país mediterráneo (Italia) se fuga ante un procedimiento de una trama de corrupción a un país del continente africano (Túnez)», ha expuesto Peinado que, además vuelve a insistir en la eficacia relativa de los guardaespaldas de la esposa de Sánchez dado que estos precedentes, también, «sin duda, dispondrían de toda la escolta oportuna».
En el escrito, al que ha tenido acceso El Debate, Peinado «se reafirma y reitera» en el auto por el que envió a juicio con jurado popular a Gómez por cuatro presuntos delitos y le impuso otras dos medidas cautelares más: prohibición de salir de España y firmas quincenales en sede judicial.
El juez responde, de esta manera, al planteamiento del abogado de Gómez en el recurso de queja consignado contra su decisión de adoptar medidas cautelares contra la mujer del presidente del Gobierno. Y ello, mientras la Audiencia Provincial Madrid decide sobre las prevenciones acordadas sobre ella y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, también acusada de los mismos presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.
Peinado, que entiende que «no justifica la estimación» del recurso de queja, también se refiere a las críticas de la defensa de Gómez por sugerir en aquel auto que policías podrían favorecer que eludiera la justicia si recibían esa orden, negando que sus palabras fueran ofensivas y afirmando que en su resolución «no se dice que sea probable, o previsible, siendo una mera hipótesis».
«En modo alguno se ha tratado de ofender o menospreciar la labor de esos funcionarios, que quien por razones de distinta índole, por su experiencia profesional, con quien ha venido compartiendo muchos años de actividad profesional, generalmente, y casi en su totalidad, de forma ejemplar», indica el magistrado, sobre el que se desataron todo tipo de críticas por ese párrafo en concreto.