El acuerdo sobre Gibraltar: una oportunidad perdida en el Estrecho

El acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar representa una nueva oportunidad perdida por España para mejorar la seguridad y estabilidad en la zona del Estrecho, involucrando a todas las partes interesadas, además de acarrear en la práctica consecuencias muy negativas para la reclamación española de la soberanía sobre el Peñón y su descolonización en aplicación del principio de respeto a la integridad territorial de nuestro país, reconocido por las resoluciones de las Naciones Unidas de 1966, 1967 y 1968.

Es evidente que, por mucho que el nuevo acuerdo excluya formalmente de su ámbito las cuestiones de soberanía, la aceptación de facto por parte de la Unión Europea –y por tanto de España, como Estado miembro máximamente concernido por el acuerdo– del gobierno de la Colonia, establecido desde el ilegal referéndum de 1967, en contravención del Tratado de Utrecht, como interlocutor en todas las negociaciones, junto con el otorgamiento de mayores facilidades a partir de ahora para la circulación de personas y mercancías entre Gibraltar y el «espacio Schengen», sin soportar los efectos enormemente perjudiciales que planteaba el Brexit para ese tránsito, suponen un paso de muy difícil reversión futura, que condicionará la política exterior y de seguridad española si no se le pone pronto remedio. Intentaré explicar el porqué.

Ante todo, debemos situarnos ante un hecho incontrovertible, por más que se discuta: la base militar de Gibraltar no dejará de estar bajo control británico, –integrada, por extensión, en la estructura militar de la Alianza Atlántica dirigida por los Estados Unidos–, pues la seguridad del Estrecho no puede quedar al margen del dispositivo de seguridad occidental dada su vital importancia estratégica. España, hasta ahora, ha estado por completo excluida de ese control y, mientras no resuelva esta anómala situación dentro de la Alianza, no haremos valer por completo nuestra privilegiada posición geoestratégica en relación con el Estrecho, lo que exige un entendimiento, a la vez, con los gobiernos británico y norteamericano.

Es preciso que España saque todas las consecuencias del hecho de que, a pesar de nuestra legítima reclamación histórica, va a permanecer la base militar de Gibraltar con presencia británica. Por tanto, no nos conviene seguir encastillados frente al Reino Unido en la exigencia de devolución de la soberanía sobre el Peñón, mientras que en la práctica vamos cediendo a aquel y a los llanitos todas las bazas en juego, como viene ocurriendo desde la apertura de la verja por el Gobierno de Felipe González al llegar al poder en 1982 hasta hoy, sin haber conseguido a cambio ninguna ventaja real en materia de control de la base militar ni de intervención en el estatus jurídico y hasta económico –como paraíso fiscal– de la Colonia. De seguir así, el sedicente gobierno de Gibraltar seguirá consolidando y reforzando su actual régimen político-administrativo, establecido sin consentimiento de España y con vulneración de las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la descolonización del Peñón, al tiempo que nosotros no avanzamos un milímetro en nuestra reclamación de soberanía. Y ante esta realidad, desafortunadamente, resulta una magra compensación la mejora del tránsito de personas y mercancías en la frontera de La Línea de la Concepción.

Hay que cambiar, por tanto, de política, no bastando el mantenimiento de nuestra reclamación histórica, por mucho que esta sea plenamente legítima y se base en unas resoluciones de las Naciones Unidas conseguidas hace sesenta años por el brillante equipo diplomático español dirigido por el ministro Castiella, bajo el impulso del propio Franco, venciendo la tenaz resistencia de una potencia como el Reino Unido, vencedora de la II Guerra Mundial y fundadora de las Naciones Unidas, en cuyo Consejo de Seguridad sigue teniendo asiento permanente.

Los frutos de esta extraordinaria victoria diplomática han sido, sin embargo, desaprovechados a lo largo de las últimas décadas. Y ello pese a esfuerzos tan notables como la aproximación a un acuerdo de cosoberanía hispano-británica sobre el Peñón, prácticamente logrado el año 2001 en las negociaciones llevadas a cabo entre los ministros de Asuntos Exteriores español y británico Josep Piqué y Jack Straw, con autorización del presidente del Gobierno José María Aznar y del primer ministro británico Tony Blair y la cooperación de la Administración norteamericana, bajo la presidencia de George Bush. No obstante, este acuerdo naufragó a finales del año siguiente, en buena parte por las reticencias de la Administración española, que temía sentar un mal precedente para la defensa de la integridad del territorio nacional español en el futuro, lo que dio pie al recrudecimiento de la permanente presión del lobby gibraltareño en Westminster en contra de cualquier acuerdo de cosoberanía.

Tras esta gran ocasión perdida para nosotros, volvió a surgir otra inesperada, el Brexit, que entre 2016 y 2025 puso de nuevo en nuestras manos el destino de la Colonia. En este contexto, el acuerdo que acaba de entrar en vigor es un paso atrás, dificultando, por las concesiones ya realizadas por España en Gibraltar a través de la Unión Europea, cualquier futuro intento de resolver definitivamente el tricentenario contencioso sobre el Peñón entre dos países a los que la historia enfrentó casi siempre en el pasado y, paradójicamente, une hoy con fuertes y estrechos lazos. No debemos olvidar que, pese a sus diferencias históricas, España y Gran Bretaña siguen manteniendo hoy un papel en gran medida paralelo dentro de la escena mundial por su decisiva contribución a la expansión de la civilización occidental. Todo les lleva, por tanto, a entenderse, siendo la cuestión gibraltareña un escollo que debe superarse, para lo cual, a mi juicio, hay que replantear de nuevo la cosoberanía sobre el Peñón en términos semejantes a los negociados en 2001 entre los ministros Piqué y Straw con el apoyo de la Administración norteamericana.

A nadie se le escapan, sin embargo, las dificultades que inevitablemente surgirían si se emprendiera de nuevo este camino. En primer lugar, se plantearía la necesidad de establecer claramente la colaboración hispano-británica en la gestión de la base militar del Peñón y su plena integración en la gestión conjunta hispano-norteamericana de las bases de Rota y Morón para garantizar la seguridad del Estrecho de Gibraltar. En segundo término, habría que establecer el régimen institucional de gobierno de Gibraltar y el estatuto jurídico de la población gibraltareña en un marco presumiblemente inspirado en el del Principado de Andorra. Y, por último, habría que evitar la trasposición mecánica de esta nueva situación a las ciudades y enclaves territoriales españoles en el otro lado del Estrecho, cuya realidad histórica difiere por completo de la del Peñón. Aun así, sería necesario estudiar fórmulas que permitieran la cooperación de Marruecos en la seguridad de la zona, quizás con una eventual integración en la Alianza Atlántica, como sucede con Turquía, en el otro extremo del Mediterráneo.

Una política exterior sólida y, por tanto, a largo plazo requiere ambición y fortaleza interna, lo que ha faltado frecuentemente en España en lo que va de siglo. También exige una visión clara de los intereses permanentes de nuestra patria en materia de seguridad y defensa, y entre ellos sobresale sin duda –y resulta un tópico decirlo– la protección militar del eje Baleares-Estrecho-Canarias. Esta misión tiene que abordarse con protagonismo español, pero no puede asumirla España por sí sola. Necesita a sus aliados Estados Unidos y Gran Bretaña, para garantizar tanto la existencia de fronteras estables entre los dos países ribereños, España y Marruecos, como la cooperación permanente entre todos los Estados involucrados directamente en la seguridad del Estrecho de Gibraltar.

Me atrevo a decir, por ello, que, si no se aborda «el arreglo del Estrecho» con lucidez y decisión, dejando de lado prejuicios, inercias y hasta acuerdos meramente coyunturales –y también perjudiciales, como el que acaba de establecerse en Gibraltar–, podríamos en un plazo de tiempo quizás no muy lejano encontrarnos ante situaciones internacionales mucho más difíciles, cuando no imposibles, de manejar, como nos ha ocurrido más de una vez en nuestra historia por la imprevisión o la pasividad de nuestros gobiernos. Es, pues, responsabilidad de los españoles de hoy aprender de esas situaciones del pasado, que supusieron pérdidas territoriales irreparables, como las del desastre del 98, para prevenirlas antes de que sea tarde. En el Estrecho de Gibraltar tenemos una oportunidad de hacerlo. No la desaprovechemos por falta de visión, voluntad, fortaleza y seguridad en nosotros mismos.