La verja que levantaron ellos

Hay derrotas que se firman y derrotas que se celebran, y las segundas son siempre peores, porque a las primeras al menos les queda la dignidad de saberse derrotas. El martes, en una ceremonia de dos minutos en la sede de la Comisión Europea, el comisario Maroš Šefčovič y el secretario de Estado británico para Europa, Stephen Doughty, firmaron el Tratado relativo a Gibraltar –cuatro años de negociación hermética–, mientras el ministro de Asuntos Exteriores y el ministro principal de la colonia asistían sentados a su lado sin firmar. Conviene detenerse en ese detalle, que no es protocolario sino jurídico: España no es parte del tratado que decide sobre la frontera de España. Firma Bruselas por nosotros. Y desde esta medianoche, entre aplausos, se derriba la Verja.

Merece la pena deletrear de qué verja hablamos, porque Albares la ha llamado «el último muro de la Europa continental». No es Berlín: aquel muro lo alzó el ocupante para encerrar a los suyos; éste, para consolidar lo tomado. Y sobre todo, la Verja no la levantó España: la levantó el Reino Unido, en 1908, sobre suelo que no era suyo. España cerró la cancela en 1969 –error costoso, injusto con el Campo de Gibraltar y fracasado sin paliativos, y lo digo antes de que me lo recuerden–, pero cerrar una puerta que otro ha construido en tu propia casa no es lo mismo que construirla.

Y ese suelo, el del istmo, no es discutible: es robado. El artículo X del Tratado de Utrecht cedió en 1713 la ciudad, el castillo, el puerto y las fortalezas, y lo hizo con una fórmula que Londres lleva tres siglos fingiendo no leer: sin jurisdicción alguna territorial. Ni istmo, ni aguas más allá de las del puerto, ni espacio aéreo. Lo demás llegó por goteo, apalancado en la más perversa de las herramientas: nuestra propia decencia. En 1815 la fiebre amarilla asoló La Roca y el teniente gobernador George Don pidió al comandante general José María de Alós autorización para instalar un campamento sanitario provisional en el Terreno Neutral; España la concedió por humanidad y por gratitud hacia el aliado contra Napoleón. Pasada la epidemia, los barracones no se retiraron: quedaron los cuerpos de guardia y los centinelas fueron avanzando. En 1854, otra epidemia, ochocientos metros más. En 1938, con España devorada por la Guerra Civil, la pista de aterrizaje. Un despojo ejecutado con una paciencia que, tras cuatro décadas de diplomacia, no puedo sino calificar de perversamente magistral. Y con una lección que deberíamos haber aprendido hace dos siglos: la generosidad humanitaria que no se acompaña de un límite escrito, fechado y exigido acaba convertida en escritura de propiedad ajena.

Con las aguas ocurre lo mismo, y con agravante. Utrecht cedió las del puerto: ni una braza más. Desde 1826 el Reino Unido ha ido levantando por su cuenta, capa sobre capa de práctica unilateral, un artefacto al que llama British Gibraltar Territorial Waters: tres millas de un mar que ningún tratado le entregó ni podía entregarle, porque el único que existe dice lo contrario. Las aguas que circundan la colonia son aguas territoriales españolas. Y digámoslo con el término que le corresponde: cada vez que una embarcación de la Royal Gibraltar Police o del escuadrón de la Royal Navy sale armada de ese puerto y navega más allá de lo que Utrecht cedió, comete un acto de piratería. Se me objetará que el artículo 101 de la Convención sobre el Derecho del Mar reserva ese nombre a los actos con fines privados; acepto la objeción y la devuelvo agrandada: entonces no es piratería, sino algo peor, la usurpación armada de la jurisdicción soberana de otro Estado, sistemática y bicentenaria. Elíjase el sustantivo; el hecho no varía. Y a quien le ofenda la palabra le hago una oferta: que devuelvan las aguas y la retiro en el acto. Trescientos treinta y seis artículos para el impuesto sobre las ventas y el despacho aduanero; ni uno solo para esto.

Preguntado en el Congreso, el ministro replicó: «¿De verdad que usted quiere que yo me siente a hablar de aguas que son aguas españolas?». Porque son nuestras no las discutimos, y porque no las discutimos ellos las siguen usando como propias: es, palabra por palabra, el razonamiento con el que perdimos el istmo.

Seamos honestos, que la crítica sin rigor no es crítica sino desahogo: el tratado entrega cosas reales. Quince mil trabajadores diarios, diez mil de ellos españoles, dejan de vivir en la incertidumbre; se acaba el dumping fiscal del 3 %; controlan nuestros policías y no Frontex. Importa, y mucho, a los trescientos mil habitantes del Campo. Pero es otro orden de magnitud del que estaba sobre la mesa: el Brexit fue la mayor oportunidad estratégica de España en tres siglos, y las directrices del Consejo Europeo de abril de 2017 nos entregaron un veto efectivo, la carta más alta que sosteníamos desde 1713. La hemos jugado no por la soberanía, no por la cosoberanía, ni siquiera por el istmo: por la fluidez de una cola.

Y nadie ha firmado una renuncia: ése es el mecanismo. Las soberanías no se pierden por escrito, se pierden por conducta. Al derecho internacional no le hace falta un documento de cesión: le basta la aquiescencia, la práctica prolongada y no protestada, lo que la jurisprudencia llama efectividades. El artículo 2 blinda nuestra reclamación frente al texto, y sólo frente al texto; no la blinda frente a nosotros mismos. La Verja era un fastidio diario, y era también la prueba, visible desde el aire, de que allí había un contencioso vivo; la cola era una molestia, y era el acta notarial cotidiana de que España no aceptaba. Hemos cambiado el acta por la comodidad, y no hay marcha atrás, porque la asimetría es total: todo lo que hemos obtenido se deshace con una orden ministerial y todo lo que hemos entregado es definitivo. El veto era carta de un solo uso y el Brexit no se repite; la Verja, demolida, no la reconstruye ya ningún Gobierno español; y el «área de prosperidad compartida» fabrica en el propio Campo una clientela de trescientos mil vecinos cuyo interés material estará en contradicción frontal con cualquier reivindicación futura de Madrid. Nos hemos construido, con dinero público y rango de tratado, el lobby que se opondrá a nosotros mismos. Eso no es una cláusula de salvaguardia: es un cepo.

Porque cambiar comodidad por principios no es una transacción: es una amputación. Quien vende un principio no compra comodidad: compra un plazo, y al vencimiento vuelven a por lo siguiente, y más barato, porque ya han comprobado el precio. En 1815 fue la humanidad; en 1854, otra vez la humanidad; en 1908 fue sólo una valla; en 1938, sólo una pista; en 2026 son sólo unas colas. Cada paso británico era un acto de latrocinio a plazos; la suma de todos se llama despojo. La soberanía no se conserva declarándola: se conserva ejerciéndola. Un Estado que celebra que le derriben una verja que no levantó, en un istmo que no cedió, es un Estado que ha dejado de saber qué es suyo.