Gibraltar: un acuerdo contra la razón de Estado

El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar representa, bajo la amable apariencia de una supuesta normalización fronteriza, una nueva claudicación española en la cuestión colonial más anacrónica que, inexplicablemente, aún subsiste en suelo europeo. No se trata de negar la conveniencia práctica de ordenar la vida diaria de los trabajadores transfronterizos ni de desconocer la realidad económica del Campo de Gibraltar.

Se trata de advertir que, una vez más, lo accesorio ha desplazado a lo principal, que es la soberanía, la integridad territorial y la descolonización pendiente después de casi sesenta años de desatención británica a los mandatos de la Asamblea General de la ONU.

La cuestión de Gibraltar no es, ni puede ser, un problema meramente fronterizo, laboral, aduanero o incluso turístico. Esas son materias menores. La cuestión es de soberanía nacional. Gibraltar no es un territorio británico ordinario, sino un anacrónico enclave colonial en territorio español que, según la ONU, atenta contra la integridad territorial española y cuya situación no puede normalizarse como si se tratara de una simple vecindad administrativa entre dos municipios europeos.

La descolonización pendiente no desaparece porque se suavicen los controles, ni la ocupación colonial se purifica mediante fórmulas técnicas de futura cooperación, cuya eficacia y cumplimiento están por ver, dado que los antecedentes hablan por sí solos. El nuevo marco se presenta como un triunfo diplomático porque elimina la Verja –lo que no es completamente cierto, porque gran parte de ella forma parte de la seguridad del aeródromo militar–, facilita la circulación de personas y mercancías, incorpora funcionalmente a Gibraltar al espacio Schengen y prevé un régimen aduanero singular con la Unión Europea.

Pero precisamente ahí reside el problema. La desaparición física de la Verja puede parecer una victoria emocional, pero, en realidad, es una derrota jurídica porque consolida la presencia británica en Gibraltar sin avance alguno en materia de soberanía. La línea visible desaparece, pero la colonia permanece. El obstáculo material se derriba (parcialmente), pero el título colonial se normaliza y se consolida. Está por ver qué obtiene España, pero el Reino Unido garantiza su permanencia sine die.

Tampoco resulta convincente la invocación de la llamada «prosperidad compartida». Esa prosperidad, tantas veces proclamada, nunca acreditada, es, en gran medida, inexistente o profundamente desigual. Gibraltar ha prosperado durante décadas sobre la base de un régimen fiscal, financiero y económico excepcional, con la resuelta colaboración española desde los tiempos del expresidente Zapatero, mientras el Campo de Gibraltar ha soportado paro, dependencia laboral, desequilibrios sociales y una posición subordinada. No hay verdadera prosperidad compartida cuando una parte acumula las ventajas de la singularidad y la otra soporta los costes de una vecindad subordinada. Presentar esa relación como simétrica es desconocer la realidad.

El acuerdo introduce, además, una peligrosa confusión institucional. Los controles españoles no sustituyen plenamente al control soberano en Gibraltar ni convierten a España en autoridad efectiva sobre el territorio. Su intervención queda limitada al aeropuerto –en realidad, aeródromo militar– y nada más, porque no parece que el control del puerto vaya a instalarse. Todo ello sin alterar la titularidad británica de la colonia. Se proyecta la apariencia de una presencia española, pero no se obtiene control ni soberanía. Es una coparticipación funcional, condicionada y parcial, claramente insuficiente para compensar la consolidación política que el acuerdo proporciona a Gibraltar.

La cuestión militar agrava todavía más el problema. Gibraltar no es solo una plaza comercial y financiera ni un enclave turístico; es, sobre todo, una base estratégica británica en el estrecho y entrada al Mediterráneo. Esa dimensión militar explica la persistencia del Reino Unido y desmiente la lectura ingenuamente económica del conflicto. Las excepciones previstas para las instalaciones y los movimientos militares dejan abierta una vía de entrada y actuación para fuerzas británicas e invitadas al margen de los controles ordinarios. Es decir, mientras se ordena la circulación civil mediante fórmulas europeas, se preserva el núcleo militar y estratégico que realmente interesa a Londres. Ahí se revela la verdadera naturaleza del acuerdo. España participa en la gestión de algunos aspectos civiles y secundarios de la colonia, pero el Reino Unido conserva y blinda su utilidad militar, su posición geopolítica y su presencia pretendidamente soberana. Se facilita el tránsito civil y militar, se dulcifica la linde y se promete cooperación, pero no se corrige la anomalía originaria.

La colonia se hace más cómoda y aceptada, en beneficio gibraltareño, pero no por ello es menos colonia ni menos humillante. La objeción esencial no es económica, sino política. España debía haber exigido que cualquier solución práctica quedara expresamente subordinada a un horizonte verificable de descolonización y recuperación de la soberanía. Sin ese horizonte, el acuerdo puede convertirse en una sofisticada forma de resignación.

Una colonia sin Verja sigue siendo una colonia. Una linde sin barrera no equivale a una soberanía recuperada. Una retórica de prosperidad que no corrige la desigualdad de fondo corre el riesgo de embellecerla y, al mismo tiempo, agravarla.

Gibraltar no debe ser gestionado como una anomalía inevitable, sino resuelto como una anomalía pendiente. Ese es el reproche fundamental al acuerdo: puede mejorar la comodidad administrativa y favorecer, sobre todo, el bienestar económico y personal de los gibraltareños, pero, y esto es lo fundamental, congela sine die la reivindicación nacional. Y, en materia de soberanía, congelar una injusticia histórica no es prudencia diplomática. Es abdicar con buenas palabras. ¿Qué celebra el Gobierno?