El empresario Julio Martínez, en la comisión del Senado sobre el caso PSOE
Las pistas del socio de Zapatero al juez que dejan al descubierto al expresidente
El escrito, presentado por Julio Martínez Martínez —el estrecho colaborador de José Luis Rodríguez Zapatero que aparece como intermediario en el caso Plus Ultra—, es formalmente una anticipación de su declaración como investigado. El escrito de «Julito» supone una radiografía de cómo Zapatero habría operado en la sombra de Análisis Relevante (AR), la consultora en el centro de la investigación.
Una amistad deportiva que precede al negocio
El relato arranca en 2011, cuando Javier de Paz puso en contacto a Martínez Martínez con Zapatero para la compra de una vivienda en Vera (Almería) propiedad del entonces presidente del Gobierno. La escritura, significativamente, se firmó en el propio Palacio de la Moncloa. De ahí nació una relación personal —consolidada corriendo juntos— que se intensificó especialmente a partir de 2019, ya con Zapatero fuera del poder, y que desembocó en la creación de AR a finales de ese año.
Zapatero a su llegada a los juzgados el pasado junio
Una empresa diseñada alrededor de su figura
El propio escrito admite que la idea de constituir AR surgió porque tenía «el atractivo de contar con un expresidente del Gobierno como consultor y principal referencia». Es decir: el negocio no se concibió para prestar un servicio genérico, sino específicamente para monetizar el prestigio y los contactos de Zapatero.
Fuera del papel, dentro del mando
Aquí está quizá el indicio más revelador: Zapatero «quedó fuera del accionariado y órganos formales de la empresa», con el 100% del capital repartido entre Martínez Martínez (75%) y Sergio Sánchez (25%). Pero el escrito reconoce sin ambages que «era quien la lideraba y decidía todas aquellas cuestiones de estrategia y captación de clientes». Formalmente invisible, materialmente al mando.
Captador único de clientes
El documento es explícito: fue Zapatero, «precisamente por su condición de expresidente del gobierno y sus relaciones personales y profesionales», quien captó a los cuatro clientes que contrataron con AR hasta 2025 —Plus Ultra, Softgestor, Inteligencia Prospectiva y Aldesa—. Martínez Martínez no aporta cartera propia: es un vehículo.
El caso Plus Ultra como plantilla
El propio escrito reconstruye una secuencia reveladora: fue Zapatero quien, antes incluso de que nadie de Plus Ultra llamara a Martínez Martínez, le avisó de que recibiría esa llamada, porque ya conocía de antemano los problemas económicos de la aerolínea («de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente»). A partir de ahí, el escrito rebaja explícitamente el papel de su representado a mero correo: «no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo [...] su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor. En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir» —incluida la sugerencia de escribir directamente al vicepresidente del Santander, Juan Manuel Cendoya, para pedir un crédito ICO.
Implicados en el caso Plus Ultra
Información privilegiada sobre la decisión de la SEPI
Un dato especialmente sensible: fue Zapatero, y no ningún canal oficial, quien comunicó a Martínez Martínez —«puntualmente informado» de cada paso— que la SEPI iba a conceder el crédito, el 26 de febrero de 2021, casi dos semanas antes de que el Consejo de Ministros lo aprobara formalmente el 9 de marzo. El escrito no explica cómo obtuvo Zapatero ese conocimiento anticipado. Puesto que Zapatero ha negado en reiteradas ocasiones este extremo, conviene reproducir literalmente lo que dice su socio: «De todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado el señor Rodríguez Zapatero, quien, finalmente, el 26 de febrero de 2021 comunicó a nuestro representado que la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra».
Los honorarios eran, en realidad, suyos
El documento reconoce que, «con independencia de la redacción del contrato» firmado entre Plus Ultra y AR por 5.000 euros mensuales, «la realidad fue que los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo venía dando el señor Rodríguez Zapatero». Y el segundo contrato, el que vinculaba el pago al 1% de la ayuda pública finalmente concedida, se explica igualmente como contraprestación «al éxito de la operación» gestionada por él.
José Luis Rodríguez Zapatero en julio de este año
El mismo patrón se repite con cada cliente
Softgestor llegó porque su dueño, el empresario venezolano Francisco Flores, tenía «gran interés en contar con el asesoramiento directo del expresidente Rodríguez Zapatero», a quien había conocido en Venezuela. Inteligencia Prospectiva (antes Alaska Ilimitada), de los hermanos Amaro, «decide contratar los servicios de consultoría del señor Rodríguez Zapatero» y, según el escrito, mantuvo con él «una relación directa» incluso después de que el papel de Martínez Martínez se redujera a partir de 2023. Y en el contrato con Aldesa, el objeto real reconocido es «el asesoramiento personal del señor Rodríguez Zapatero a la mercantil para todas aquellas cuestiones que pudieran surgir» —una fórmula genérica que remite más a acceso e influencia que a un servicio de consultoría delimitado.
El intento de despejar sospechas sobre el efectivo
El escrito cierra explicando los 286.000 euros en metálico hallados en el domicilio de Martínez Martínez como fondos procedentes de la venta de inmuebles ajenos a la causa, un punto que no afecta directamente a Zapatero pero que forma parte de la estrategia global de descargo.
En conjunto, el escrito —pensado para defender a Martínez Martínez presentándolo como un simple intermediario sin capacidad de decisión— termina construyendo, casi como efecto colateral, un retrato de Zapatero como el verdadero diseñador, captador de clientes y beneficiario último de la estructura de AR, pese a no figurar nunca como socio ni administrador de la sociedad.