Zapatero se enfrenta a un delito de receptación si no explica el origen de las joyas y se demuestra que no son suyas

Fue el pasado 19 de mayo, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional entraron en el despacho profesional que José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba, en la calle Ferraz de Madrid, alquilado por el PSOE y pagado por todos, desde que dejó su cargo. La visita de los agentes policiales se encarcaba en la instrucción del caso Plus Ultra que dirige el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. Los investigadores tenìan autorización para registrar la oficina e incautarse de todos los documentos, dispositivos y evidencias que pudieran ser de utilidad para el escalrecimiento de los negocios del ex presidente, pero durante su intervención encontraron, en una caja fuerte, un conjunto de más de ochenta piezas de alta joyería —collares, pulseras, pendientes, sortijas y relojes— cuya tasación posterior, encargada a la prestigiosa joyería Ansorena, con la colaboración del Instituto Gemológico Español, estimó su valor de reposición, y por lo tanto preliminar, a 1.323.915 euros.

Tres collares de oro blanco de 18 quilates concentran la mayor parte del importe. El más caro, tasado en 278.000 euros, era una cadena tipo rivière en «U» cuajada de diamantes (unos 30 quilates) y dos esmeraldas naturales de origen zambiano. Le seguía otro de 220.000 euros con trece zafiros tailandeses de grado AAA y diamantes en un diseño vegetal calado. El tercero, valorado en 155.000 euros, presentaba cinco rubíes naturales tratados y diamantes en cascada. A ellos se sumaron pulseras con esmeraldas o zafiros que superan los 80.000 euros, pendientes y sortijas de similares características. El resto incluía piezas de menor entidad, algunas tasadas en apenas 25 euros.

Sin embargo, la imagen del botín fue tan demoledora para Zapatero que su entorno reaccionó de inmediato. El PSOE cerró filas, apelando a la presunción de inocencia; el equipo de opinión sincronizada utilizó todo tipo de argumentos para restar importancia a la ostentosa evidencia: y, el socialista Luis Arroyo, actuando como portavoz del ex presidente, aseguró que se trataba de piezas procedentes de una herencia familiar —tanto de la madre de Sonsoles Espinosa, como de la del propio Zapatero— y de «regalos de viajes», con un valor estimado entre 30.000 y 50.000 euros.

Una estela que, sin embargo, no seguiría el propio Zapatero, en su primera declaración ante el juez, el pasado 17 de junio, cuando se acogió a su derecho a no declarar, al tiempo que pedía algo de tiempo para aportar documentación justificativa. Un plazo de «diez días», añadió su abogado ante el juez Calama, a lo que el veterano socialista añadió un «como máximo» que hoy, todavía, resuena en la opinión pública y juega en su contra, casi 40 días después de que se haya incumplido el pronóstico. De hecho, en la entrevista concedida esta misma semana para TVE, Zapatero apuntaba una nueva línea de defensa. Las joyas fueron un «regalo de cortesía personal de hace muchos años», sin «afán patrimonial» o «intención de defraudar» dado que, insistió, «no tenían uso ni destino» y «estaban con todas las joyas de nuestras familias».

A día de hoy, más allá del baile de versiones y excusas, aún no ha presentado al magistrado instructor ni un solo documento, evidencia gráfica, testimonio o prueba que acredite de dónde salieron las joyas, quién se las entregó, en qué fecha llegaron a España -si es que proceden de fuera-, cómo entraron en nuestro país o por qué, si no había nada delictivo en su aceptación o tenencia, Zapatero no asumió el pago de los impuestos correspondientes. Un detalle, este último, que le ha llevado a estar imputado por dos delitos de fraude fiscal, al entenderse que sea cual sea el contexto, la posesión de un ajuar de ese calibre genera obligaciones tributarias (IVA, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones o IRPF) que no constan satisfechas; y, contrabando, ante la eventual introducción clandestina de bienes de alto valor, sin acreditar el pago de los correspondientes aranceles e impuestos de importación a la Agencia Tributaria.

Así las cosas, tras más de un mes sin novedades sobre el asunto que se sigue en una pieza separada de la principal, la Fiscalía Anticorrupción pedía, esta misma semana, un informe ampliatorio a los peritos judiciales, para precisar tanto la fecha de engarce de las piezas como su valor actual de mercado, datos clave para determinar si alguno de los delitos ha prescrito o si la valoración inicial se mantiene en vigor o se supera en cuantía.

Sospechas sobre la titularidad del botín

Sin embargo, al mismo tiempo, fuentes próximas a la causa apuntan a El Debate la pregunta que planea en el Ministerio Público y las acusaciones populares personadas si, finalmente, se demostrara que esas joyas no son de Zapatero, ni de su familia y que el expresidente las custodiaba, por ejemplo, para un tercero. Ante ese futuro y eventual escenario, se abriría la puerta a imputarle un nuevo delito de receptación, tipificado en el artículo 298 del Código Penal.

La receptación castiga a quien, con ánimo de lucro -de ahí que en su entrevista en TVE el ex presidente insistiese en la falta de «afán patrimonial»- y con conocimiento de la comisión de un delito previo contra el patrimonio o el orden socioeconómico en el que no haya intervenido, recibe, adquiere u oculta los efectos de ese delito o ayuda a sus responsables a aprovecharse de ellos. La pena básica oscila entre los seis meses y los dos años de prisión, aunque se agrava desde uno a tres años, cuando los bienes son de valor artístico, histórico o cultural o cuando los hechos revisten especial gravedad por el valor de lo receptado. Si bien no es necesario que el autor del delito originario que pesa sobre la obtención del botín haya sido condenado.

Es decir, si las alhajas procedieran de un hurto, un robo, una estafa o cualquier otro ilícito patrimonial. Por ejemplo, si fuesen bienes ligados a una trama de corrupción internacional o respondiesen a un pago opaco, por un servicio de tráfico de influencias, en el que Zapatero pudiera no haber participado directamente y el expresidente las hubiera custodiado sabiendo de su procedencia, con el fin de facilitar su disfrute o su ocultación, podría sumar al elenco de sospechas que pesan sobre su actuación profesional como ex presidente, un nuevo cargo.

No en vano, la tenencia prolongada en una caja fuerte de su despacho profesional, lejos de cualquier uso familiar ostensible y la ausencia total de trazabilidad documental sobre las joyas encontradas por la UDEF, alimentan las sospechas de que el ajuar podría ocultar, en el fondo, una realidad más compleja que un simple regalo de cortesía. Y, cabe recordar, en este caso el «ánimo de lucro» no exige un beneficio económico inmediato; basta la demostración de cualquier ventaja, incluida la de mantener la confianza de quien se las confió para evitar su descubrimiento.

De tal manera, si como resultado de la amplicación de las pesquisas instadas por Fiscalía, o de cualquier otro indicio, se desvela que Zapatero custodiaba el botín para uno o varios terceros, el expresidente del Gobierno podría enfrentarse no solo a las acusaciones de contrabando y fraude fiscal, sino a un nuevo tipo penal que, aunque menos mediático, es igualmente grave: el de receptación. El tiempo sigue corriendo en su contra.