El Gobierno deja para septiembre tres asignaturas troncales como colofón a un curso catastrófico

Al Gobierno de Pedro Sánchez le ha pasado lo que a los malos estudiantes: ha dejado asignaturas pendientes para septiembre. Y no unas cualquieras, sino tres de las troncales: Presupuestos, decreto de vivienda y reforma del registro horario. Su mayoría antinatura, de izquierdas y derechas nacionalistas e independentistas, ha vuelvo a ser un obstáculo insalvable.

El Ejecutivo anunció este lunes que pospondrá hasta la vuelta de verano un real decreto ley de vivienda que el Consejo de Ministros debía aprobar este martes, en su última reunión de curso. Y que, después, el propio presidente iba a presentar en su rueda de prensa de balance en la Moncloa.

El PSOE y Sumar llegaron a un acuerdo la semana pasada, en torno a un texto que incluía una prórroga de los alquileres hasta el 30 de junio de 2028. No obstante, esta vez los socios de la coalición querían tener el respaldo de la mayoría de investidura antes de llevarlo al Consejo de Ministros. Porque, de lo contrario, la norma estaba abocada a correr la misma suerte que los tres reales decretos sobre vivienda que lleva aprobados el Gobierno desde enero: su derogación en cuestión de semanas, una vez llegase al Congreso.

El borrador elaborado por el Ministerio de Vivienda no tiene el respaldo de Podemos ni de Junts. Los independentistas quieren medidas contra la ocupación (o al menos, que no la favorezcan) y deducciones fiscales para los caseros. Los morados, por su parte, exigen que la norma incluya una reforma de la ley del suelo para acabar con los «pelotazos urbanísticos» y la «especulación».

Llegados a ese punto, los socialistas han decidido parar las máquinas y darse de margen hasta septiembre para volver a negociar. En Vivienda aseguran que el acuerdo está «más cerca que en cualquier otro momento de la legislatura», pero no quieren jugársela: ya han visto caer tres reales decretos leyes en solo meses. Dos de ellos contenían la moratoria de la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables y, el tercero, la prórroga de los alquileres más allá de los cinco años que Sánchez aprobó a regañadientes en marzo.

La noticia se ha producido cuatro días después de que el Ejecutivo también anunciara el aplazamiento de la aprobación del real decreto que ha de modificar el registro horario. Al menos, hasta septiembre. A pesar de que la voluntad de la vicepresidenta Yolanda Díaz era dejarlo resuelto en el Consejo de Ministros de este martes. Porque en julio se cumple el plazo del ultimátum dado por UGT y Comisiones Obreras: ambos sindicatos advirtieron al Ejecutivo de que, si el registro horario no se aprueba este mes, no cuenten con ellos para futuros acuerdos.

En este caso, el problema no ha venido de fuera del Ejecutivo, sino de dentro: de la pugna que mantienen desde hace meses Díaz y el vicepresidente Carlos Cuerpo. El Ministerio de Trabajo quiere obligar a las empresas a disponer de un registro horario digital de sus empleados, y al que la Inspección de Trabajo tenga acceso remoto, mediante una norma con rango de reglamento, que es la manera de que no necesite la aprobación posterior en el Congreso. El Consejo de Estado advirtió meses atrás de que eso era un problema.

Cuerpo no se opone a endurecer al registro horario para computar las horas extra, pero considera imprescindible recoger las recomendaciones del órgano consultivo. No hacerlo abriría una batalla legal con las empresas, que utilizarían ese dictamen como baza de peso. El número dos también considera que algo así no se puede imponer a las pymes, que son la mayoría del tejido empresarial español.

La tercera asignatura que ha dejado el Gobierno para septiembre son los Presupuestos Generales de 2027. O incluso para más adelante, puesto que ni el ministro de Hacienda ni el presidente han especificado cuándo los aprobará el Consejo de Ministros para después enviarlos al Congreso. De momento, la única certeza es que la Cámara Baja ha rechazado dos veces su senda de estabilidad, y la última y definitiva el jueves pasado.

De manera que el Ejecutivo se enfrenta a la situación inédita de tener que elaborar las cuentas públicas sin esa senda, puesto que el Parlamento no la ha respaldado. El truco, como ya contó El Debate el domingo, será utilizar como techo el déficit del 1,8 % del PIB comprometido con Bruselas. Se trata de una fórmula que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no contempla, pero de nuevo el Gobierno volverá a innovar escudándose en un informe de la Abogacía del Estado.

Así que el presidente se presentará este martes ante los españoles y ante la prensa con -al menos- tres suspensos. Pero ello no impedirá que se vaya de vacaciones a la Mareta una vez que el miércoles despache con el Rey en Marivent, Mallorca.