El caso Kitchen queda visto para sentencia con los informes finales de la defensa: «La verdad saldrá a la luz»

Tras cuatro meses, este martes ha finalizado el juicio del caso Kitchen celebrado en la Audiencia Nacional. El litigio ha consistido en casi cuarenta jornadas debido al uso del derecho a la última palabra que ejercieron tres de los ocho acusados.

«Queda visto para dictar sentencia», con esta frase la presidenta del tribunal Teresa Palacios ha dado por concluido el juicio comenzado el pasado 6 de abril. La operación Kitchen presuntamente consistía en un operativo para sustraer al extesorero del PP Luis Bárcenas documentación y grabaciones comprometedoras para el partido y sus dirigentes que pudieran ser utilizadas en futuras investigaciones.

El juicio ha sentado a la cúpula del ministerio del Interior de Mariano Rajoy, en concreto, al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz, a su secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, quienes se enfrentan a sendas peticiones del fiscal de 15 años de cárcel. Ninguno de los tres se ha acogido a su derecho a la última palabra, al igual que ocurre con el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas y José Luis Olivera, que estuvo al frente de la UDEF.

Quienes sí han ejercido el derecho a la última palabra han sido el excomisario José Villarejo; el que fuera chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos; y el policía y exasesor de María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo.

19 años de cárcel

La Fiscalía pide para José Villarejo la pena más alta de todos los acusados: 19 años de cárcel. Este juicio del caso Kitchen no es un procedimiento aislado, sino una de las piezas separadas del caso Villarejo, también conocido como caso Tándem. En concreto, Kitchen corresponde a la pieza número 7 de esa macrocausa.

Villarejo ha cuestionado nuevamente el origen del caso en su contra y sobre sus grabaciones ha dicho que no se hicieron con mala intención, sino que las hizo como agente de inteligencia y ha lamentado el daño que haya podido hacer a quienes se han visto «incursos en ello». «No dejan de ser comentarios y tal en ambientes distendidos», ha apuntado, asegurando que eventualmente la verdad «saldrá a la luz».

«Clemencia y justicia» ha pedido por su parte Sergio Ríos, exchófer de Bárcenas, actualmente policía suspendido de empleo y sueldo por este caso en el que se enfrenta a 12 años de cárcel. Según su alegato, jamás tuvo conocimiento de «ilegalidad alguna» y permitió que mirasen su propio móvil creyendo siempre en un «operativo lícito totalmente».

Cualquier mínima condena, como policía, «supone una condena de por vida», ha señalado también el comisario Andrés Gómez Gordo, asesor de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha entre 2011 y 2015, que ha sostenido que llamar «coci» al chófer en un mensaje «no significa conocimiento de ilegalidad alguna».

El tribunal deberá ahora deliberar y dilucidar si la cúpula de Interior orquestó una operación parapolicial para espiar a Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar incriminatoria para los dirigentes del PP.

Los acusados han defendido la legalidad de la operación, asegurando que el objetivo era recuperar el dinero oculto del extesorero del PP y han negado que el dispositivo se llamase Kitchen, una denominación que consideran periodística y que se debe a que el chófer de Bárcenas, captado como confidente en el verano de 2013, recibió el apodo de «cocinero» o «coci». Por su labor cobró 48.000 euros procedentes de fondos reservados.