Corrupción sistémica  La SEPI, el nido de las tramas corruptas socialistas

—Vas a tener que comer mierda a puñados —le espeta la secretaria general del partido a su vicesecretario autonómico.

—¿Y si la mierda sigue saliendo?

—Aguantamos.

Es uno de los diálogos de El Reino, el vibrante thriller de Ricardo Sorogoyen protagonizado por Antonio de la Torre que desprende el olor de la corrupción de los ERE y de los papeles de Bárcenas. Se estrena en septiembre de 2018, cuando Pedro Sánchez lleva tres meses en el Gobierno tras presentar una moción de censura a Mariano Rajoy por corrupción.

Y es a su vez el argumento que se repite en la política española con distintos protagonistas como si fuera una saga interminable. Destructoras de documentos; encuentros furtivos para exigir silencio —«si nadie habla no le va a pasar nada»—; la eterna consigna de que «el partido es lo primero»; de no resignarse, como tantos otros, a caer solo —«¿tengo que asumir todos los cargos de todo el mundo?»—; o pactar una salida que recuerda a alguien que no es ficticio: «Tú sabes cómo se puede afinar a la Fiscalía». Casi ocho años después, esa corrupción sistémica que retrata Sorogoyen es la que carcome al Gobierno de Pedro Sánchez. Como asegura José Antonio Zarzalejos en La huella de Sánchez, «el principio del fin del sistema constitucional de 1978 tiene una fecha: el 1 de junio de 2018». Desde ese día se inicia el reino de la corrupción en manos de un nuevo rey que se pasea desnudo sin ningún tipo de rubor.

Este es el relato dividido en cinco artículos que se publicarán los domingos de agosto en El Debate para entender cómo la semilla de la corrupción se siembra nada más tocar el poder Sánchez ese 1 de junio. De forma obscena, coloniza las empresas estratégicas de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con dirigentes socialistas mediocres con sueldos que nunca soñarían para mantener intacta su fidelidad. El PSOE y el Gobierno sanchista han convertido a la SEPI en su particular SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), una agencia de colocación de los suyos en puestos de relevancia en la Administración pública. De forma paralela, crea una presunta red de tráficos de influencias y amaños de contratos y ayudas públicas con «un patrón de actuación estructurado» cuya finalidad última es obtener mordidas.

Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cifran en más de 750 millones de euros de dinero público defraudado en la trama SEPI, que hasta ahora lleva unos 30 imputados, sin contar los investigados en otros casos paralelos que suman más imputados que diputados socialistas en el Congreso, convirtiéndose en una macrocausa judicial de corrupción.

El primero de todos, Juanma Serrano, en Correos

Uno de los primeros en ser nombrado fue Juan Manuel Serrano como presidente de Correos, empresa cien por cien SEPI. Sin él como jefe de Gabinete en la Secretaría General, Pedro Sánchez no habría llegado a Moncloa. Es quien «más aguantó» sus tribulaciones, el estratega del clan del Peugeot, que ni siquiera es el vehículo que utiliza en la llamada candidatura de la militancia, sino que en realidad se mueve en un Mercedes blanco (y como cantaría Kiko Veneno). El falso Peugeot une a los principales protagonistas de la corrupción sistémica del Gobierno de Sánchez: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García Izaguirre. Todos a sus órdenes.

Fue a su vez al primero al que le da una patada cuando se instala en Moncloa. Serrano se encargaría de cambiar el colchón de la habitación conyugal del Palacio justo tres días antes de que le reemplazara por Iván Redondo como jefe de Gabinete, aunque a uno de sus «principales pilares emocionales» no le deja en la estacada y le busca una salida a través de Ábalos en la SEPI. Serrano es uno de los imputados en la presunta trama urdida desde la Secretaría de Organización de Ferraz para «desestabilizar» procedimientos judiciales y policiales que «afectan al PSOE y a miembros del Gobierno».

El hombre de confianza de Montero para presidir la SEPI

La estructura de la actual SEPI no se puede entender sin María Jesús Montero, gestora de la sociedad estatal desde el Ministerio de Hacienda. Ella es quien nombra a Vicente Fernández Guerrero como presidente. Uno de los hombres de su plena confianza en la Junta de Andalucía, su interventor general, número uno de su promoción, que convierte a la SEPI en su chiringuito y en el del Gobierno sanchista. Guerrero es quien llama a Serrano para contarle sus nuevas competencias en Correos.

También hace lo mismo con el filósofo, íntimo amigo de Ábalos, José Vicente Berlanga. Y no es para menos. Ábalos es el nuevo hombre fuerte de Sánchez, aunque ahora en otro alarde de cinismo le tilde como «el gran desconocido». Se alza con la Secretaría de Organización y el Ministerio de Fomento, y emula a José Blanco durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con el puesto más alto en Ferraz y la cartera con más presupuesto.

Sin ningún pudor, Guerrero despide al ingeniero industrial José Luis González de la Empresa Nacional del Uranio (ENUSA), participada al 60 % por la SEPI, para fichar como consejero ejecutivo a un licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación sin ninguna experiencia industrial. Berlanga tiene tan poco conocimiento de sus funciones que delega su asistencia en reuniones de alto nivel, como hizo con Westinghouse Electric Company, proveedor nuclear de reactores. Eso sí, sin renunciar al sueldo de 210.000 euros anuales.

Llega la fontanera de la mano del filósofo de Ábalos

En octubre de 2018, llega el turno de colocar en la empresa que juega un papel clave en la gestión de residuos radiactivos a Leire Díez, otra militante socialista con plaza de garaje en Ferraz, conocida como la fontanera del PSOE, e integrada de tal forma en el Partido Socialista —hasta Zapatero le escribe un argumentario en cinco folios para la rueda de prensa que torpedea Víctor de Aldama— que ni se atreven a querellarse contra ella. «En su momento», dice Cristina Narbona. Su labor también era radiactiva. No solo ejerce de responsable de Comunicación en ENUSA, sino que inicia el juego sucio contra causas judiciales y sitúa en la diana como primer objetivo a la magistrada Mercedes Alaya, a la que quiere «exterminar socialmente».

Y con mayor inquina cuando imputa a Fernández Guerrero en la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar por su posible implicación cuando era secretario general de Industria en la Junta. Es cuando dimite, en octubre de 2019, al menos en teoría, porque en la práctica el hombre de Montero, y solo podría ser con el conocimiento de ella, sigue ejerciendo en la sombra mientras espera que se apruebe el sobreseimiento del caso. Y algo se barrunta, porque un mes antes de cesar en la presidencia de la SEPI, solicita su reincorporación a la Junta de Andalucía, hasta octubre de 2021, que pide la excedencia para trabajar en Servinabar 2000, del empresario vasco Joseba Antxón Alonso, cuyo socio es Santos Cerdán. Los mismos protagonistas y secundarios se entrelazan en las distintas tramas de corrupción que salpican tanto al Gobierno de coalición de Pedro Sánchez como al Partido Socialista cincelado a su imagen y semejanza.

El rscate a Duro Felguera asesorada por José Blanco

Tras las elecciones de noviembre de 2019, Pedro Sánchez es investido en enero en segunda votación. Ese mismo mes, Ábalos, como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, organiza la visita de Delcy Rodríguez a España con el «beneplácito del presidente del Gobierno», a pesar de estar en la lista negra de la Unión Europea. Asimismo, Ábalos informa por mensaje a Sánchez de que se ha realizado una gestión «que acordamos en favor de las empresas españolas» que ha permitido «que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda».

Casualmente, la deuda de la mercantil asturiana especializada en ingeniería y construcción industrial ascendía a unos 120 millones de euros, cantidad que coincide con el rescate que se aprueba a Duro Felguera, asesorada por la consultora Acento del exministro socialista José Blanco, el mismo día que a Plus Ultra. Y al igual que la aerolínea más venezolana que española, está bajo la lupa judicial por presuntos sobornos a altos funcionarios en Venezuela y blanqueo de capitales. Para mayor inri, no cumple uno de los requisitos objetivos para la recepción de fondos comunitarios: no estar en crisis antes de la pandemia, porque sus pérdidas millonarias se iniciaron en 2017. En la actualidad, la SEPI permite a Duro Felguera flexibilizar el pago hasta 2035 para evitar la quiebra.

Nadia Calviño otorga un crédito a Air Europa antes del rescate

Durante esos meses de confinamiento y covid, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, ese señor del que Montero no tiene ni idea de lo que está haciendo y con el que niega tener «cualquier tipo de relación», cobra un sueldo público de la Junta de Andalucía, mientras gestiona los rescates más polémicos del Gobierno. Al estilo de Bárcenas, la SEPI le mantiene «transporte y móvil de la sociedad estatal» al actuar de facto como el superior jerárquico de Bartolomé Lora, vicepresidente y número dos del holding, aunque es Lora de cara a la galería quien asume todas las competencias del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), dotado con 10.000 millones de euros.

El Fondo se inaugura con el polémico rescate de Air Europa por 475 millones de euros en tiempo récord, entre agosto y noviembre de 2020, que ejecuta la SEPI de Montero —«Air Europa es el primer punto de Hacienda», comenta Koldo García a Víctor de Aldama, consejero de la aerolínea que presiona para conseguir la ayuda pública en el «tema alas»— y aprueba el Consejo de Ministros de Sánchez.

El papel de Ábalos es clave. Es en su domicilio oficial donde el ministro de Transporte organiza una reunión con Javier Hidalgo, entonces CEO de Globalia, junto a Aldama, a la que se une Nadia Calviño, entonces vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos. Calviño está muy nerviosa por el dividendo de 35 millones que se ha repartido la familia Hidalgo, justo en febrero de 2020, antes de que estalle la crisis de covid a nivel mundial. Por su parte, consiente en otorgarles a mediados de mayo un crédito de 141 millones a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), pero se lava las manos con el rescate.

Aldama, el elefante en la sede del PSOE

La «inventada» de Aldama, según el presidente Sánchez, tiene una «contraprestación económica» por emitir la nota de prensa que adelanta el rescate redactada por el secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, ahora presidente de Correos. «Te comento, esto sale gratis por las molestias generadas», le dice Koldo a Ábalos en referencia a una estancia en Marbella que disfruta el ministro de Fomento en Villa Parra, del 12 al 23 de agosto de 2020.

Aldama es el elefante en la sede del Partido Socialista, que se libra de la cárcel por la «aportación realizada al descubrimiento de los delitos» en distintos casos de corrupción. Está vinculado a Ábalos y Koldo, que suman 43 años por el caso mascarillas. Con el expresidente Zapatero, compartiendo un vuelo a Caracas en un avión del Gobierno de Venezuela. Con Begoña Gómez y Javier Hidalgo, con los que se encuentra en un hotel a medianoche en San Petersburgo, y meses después Air Europa, donde es consejero, pacta el pago de 40.000 euros anuales a la fundación IE África Center que dirige la mujer del presidente. O asiste como invitado a la sede de Ferraz la noche electoral de noviembre de 2019.

Hasta ahora se sigue sin «abrir el melón de Air Europa», aunque la UCO no descarta investigar las posibles irregularidades en el rescate por el que se puede «llegar a Begoña», como reconoce Ábalos en una entrevista a Esteban Urreiztieta en El Mundo antes de entrar en Soto del Real, donde acusa al Gobierno de amenazarle para «tapar el alcance de las relaciones entre Air Europa y Begoña Gómez». De momento, se investiga al que ejercía la presidencia en funciones, Bartolomé Lora, por un posible delito de prevaricación en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid.

La presión de Zapatero en el rescate de Plus Ultra

¿Era estratégica Plus Ultra? ¿Una aerolínea con cuatro aviones de alquiler y tan solo uno operativo? Quizá más para Venezuela por una deuda acumulada de 6 millones de euros desde 2018 con la petrolera estatal PDVSA. Y aun así fue la tercera empresa rescatada por el Gobierno de coalición de Sánchez.

¿Por qué tanta urgencia? Según una entrevista de Ábalos en OK Diario, fue el propio Zapatero quien presionó para que el rescate saliera adelante a pesar de las dudas internas sobre la viabilidad de la compañía y por sus vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Su declaración está en la misma línea de las confesiones del testaferro de Zapatero, Julito Martínez, como de los dirigentes de la compañía, que tiene cada vez más viso de ser un hecho. Zapatero «lideraba y dirigía la estrategia» para favorecer a una compañía con el 64 % de capital del régimen chavista para cobrar presuntamente una comisión del 1 %, cuando tantas empresas españolas se hundieron en la miseria del covid sin ningún tipo de socorro por parte del Estado.

Y por mucho que Sánchez diga de Plus Ultra que «no fue un rescate, fue un préstamo», a estas alturas la aerolínea solo ha devuelto los intereses del préstamo participativo y negocia con la SEPI aplazar dos años la devolución de los primeros 19 millones de los 53 recibidos. El olor del dinero atrajo a la mafia como si fueran los Corleone.

El enchufe de la «sobrina el ministro» en Tragsatec

La tercera en discordia es Belén Gualda, del círculo de Montero en la Junta de Andalucía, que se incorpora de presidenta de la SEPI a finales de marzo de 2021 tras dejar la dirección de los astilleros públicos de Navantia. Ese mismo mes de marzo, Tragsatec, filial del grupo Tragsa (51 % SEPI), enchufa a la amante de José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, que reza en los documentos internos como la «sobrina del ministro», en un puesto adscrito a la Presidencia de Adif con «la decisiva participación» de Isabel Pardo de Vera, sin que se dieran los requisitos de mérito y capacidad en un proceso selectivo público. Por esa contratación «irregular y caprichosa» está imputada y suma otra más en la trama Cerdán porque «habría podido prestar asistencia» al exministro de Fomento a través de Koldo García para «que las adjudicaciones proyectadas por ellos pudieran llegar a buen término».

Cuando Gualda llega a la presidencia, Guerrero pierde su poder, pero no su influencia en sus subordinados, aunque sí fracasa en nombrar a Leire Díez jefa de Gabinete de la presidenta para «recuperar el control de SEPI». Quizá por todo lo que descubre, Gualda mantiene a raya la opacidad de la sociedad estatal: elimina la unidad de control y seguimiento de los fondos de ayudas para los rescates; contrata el programa de seguridad CARLA para evitar fuga de datos; delega la firma en la vicepresidencia y prohíbe los móviles en los consejos de administración, obsesionada con las filtraciones.

El plan B de Guerrero para presionar al Gobierno a través del PNV

Mientras Guerrero pone en marcha un plan B para influir en las sociedades participadas de la SEPI a cambio de comisiones junto a Leire Díez y el empresario vasco Antxón Alonso, valiéndose de sus contactos dentro del holding para obtener documentación confidencial interna. Es el caso del rescate por valor de 112,8 millones de euros de Tubos Reunidos, que facilita información al presidente de la compañía alavesa, Francisco Valentín Irazusta, a la vez que contacta con el PNV para que presione al «Gobierno Central», y consigue a cambio una compensación económica de 114.959 euros.

Los mensajes que se envían durante la operación en la aplicación de mensajería del grupo Hirurok delatan a la cautelosa Gualda al quedar el rastro de su asistencia a una cita convocada en Moncloa para el viernes 9 de julio de 2021 a las 11:00 de la mañana. Cuatro días después, se aprueba en el Consejo Gestor de la SEPI la ayuda con el beneplácito de la secretaria de Estado de Energía y actual ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que en un primer momento se opuso por razones ecológicas. El Consejo de Ministros ratifica el expediente el martes 20 de julio.

Los dos presidentes de la SEPI nombrados por Montero, imputados

¿Alguien se cree que Sánchez no sabe nada? Tanto Vicente Fernández Guerrero como Belén Gualda fueron elegidos como presidentes por la que se consideraba la mujer «más poderosa de la democracia» para dirigir el destino de las principales empresas públicas con instrucciones directas desde Moncloa. Ambos están imputados en la trama SEPI y dentro del holding público no tienen dudas: «La SEPI se gobierna desde Moncloa».

Entre medias, el sábado 10 de julio, cae Ábalos del Ministerio de Transporte en una remodelación que oculta hasta qué punto Sánchez quiere crear una cortina de humo para que no se descubra cuáles eran los motivos para su cese. Con él fuera del Gobierno, su cuota de enchufados en la SEPI se da por amortizada y Berlanga, el filósofo imputado, es sustituido en la presidencia de ENUSA por Mariano Moreno, exgerente del PSOE, otro militante con un salario de 245.000 euros anuales. Tiempo más tarde declarará en el Supremo que Ferraz paga grandes cantidades de dinero en efectivo a sus máximos dirigentes sin ningún tipo de control. Mientras el grupo Hiroruk —la fontanera, el expresidente de la SEPI y el vasco— habría amañado pagos de ENUSA en favor de un despacho de abogados sevillano, que infla sus servicios con sobrecostes de hasta el 50 %, por el que Mediaciones Martínez factura 17.545 euros.

La SEPI, en números rojos durante la gestión socialista

En noviembre de 2021, Leire Díez es rescatada por Juanma Serrano, creándole un puesto a medida como jefa del área de Relaciones Institucionales de Correos. Además de trabajar juntos, se intercambian hasta 9.355 mensajes desde un año antes de entrar en la empresa de mensajería, para conocer el grado de asiduidad que compartían.

El proyecto estrella de Serrano, Correos Cargo, nace estrellado. Milana Bonita es una de las dos aeronaves Airbus A330 que realiza una única ruta Madrid-Hong Kong-Madrid, que genera pérdidas de 25 millones de euros en menos de un año. Ningún técnico de la empresa pública quiso firmar el polémico pliego de contratación para operar el nuevo servicio de transporte internacional de mercancías y se adjudica a dedo a Evelop Airlines, integrada en Ávoris cuando está dirigida por Globalia.

Cuando Serrano cesa en diciembre de 2023 y ficha como director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), que gestiona las autopistas de peaje competencia del Ministerio de Óscar Puente (hasta marzo de 2025), deja un agujero negro en Correos de 1.200 millones de euros, que arrastra a la SEPI a números rojos, mientras él se levanta un sueldo de un millón de euros en cinco años.

Otras sociedades participadas por la SEPI investigadas son Sepides, gestionada por Antonio Miguel Cervera Guerrero, también fichado de la Junta de Andalucía por la exministra de Hacienda. Durante su presidencia, Sepides destinó 17,3 millones de euros de fondos públicos para un proyecto de Arapellet, empresa propiedad del grupo Forestalia. Igualmente, Cofivacasa, como Mercasa (51 %). Esta última por un contrato «mendaz» adjudicado a dedo por parte de Mercados Centrales de Abastecimientos y la empresa Servinabar, vinculada a Alonso y a Cerdán, para elaborar un informe técnico sobre la rehabilitación de su sede central por el que se pagó 18.119,75 euros. Ese informe sirvió para inflar el presupuesto de la obra en torno a un 50 %, generando un sobrecoste.

EL HIPÓDROMO COMO CORTIJO DE LA TRAMA

Sin contar con los tejemanejes en otras empresas estratégicas que no están siendo investigadas. El Hipódromo de la Zarzuela (95,78 % SEPI) se convierte en el cortijo de los fieles del presidente. De julio de 2021 a 2022, está como gestor Francisco Salazar, otro de las primarias del Mercedes blanco, que comparte piso con Santos Cerdán, y organiza la celebración del 50 cumpleaños de Sánchez en el centro hípico. Desde la SEPI tuvieron que pararle los pies, porque desde el minuto uno «trata de externalizar los servicios y el departamento jurídico se planta cuando planea la construcción de viviendas y un campo de golf» en las 110 hectáreas dentro del recinto que forma parte del Patrimonio Histórico Nacional.

Además, «utiliza la zona de palcos VIP para hacer negocios y contactos». Salta la liebre cuando descubrieron que «solo se estaba facturando una cuarta parte de las entradas premium y que el resto eran invitados del presidente». Allí Cerdán también utiliza un reservado del restaurante La Cantina. Durante los ejercicios que están bajo las riendas de Salazar, las pérdidas ascienden a unos 13,4 millones de euros y a un total de 47 millones con la gestión socialista.

Le sucede a Maritcha Ruiz Mateos, que conoce al presidente desde las Juventudes Socialistas y fue su directora de Comunicación hasta que sale de Ferraz a los pocos días de la dimisión de Adriana Lastra. Actualmente está presidido por Ernesto Gasco, viceconsejero de Transportes del Gobierno vasco durante el mandato de Patxi López, que ayuda a Cerdán a ir en su coche hasta la localidad navarra de Milagro con la excusa de visitar una yeguada para ayudarle a sacar varias cajas de documentos de su domicilio para ocultarlo en otro piso en San Sebastián, como cuenta en exclusiva Alejandro Entrambasaguas en El Debate.

El valedor de Zapatero, Javier de Paz, en Movistar+

A partir de que Sánchez fue investido de nuevo presidente, en noviembre de 2023, por una coalición de siete partidos, con los siete votos indispensables de Junts, su objetivo fue colonizar el poder económico a través de la SEPI. Sin ningún debate previo, después de pasar poco más de un mes de su investidura, el Consejo de Ministros acuerda ordenar a la SEPI que llevase a cabo la compra de hasta un 10 % del capital social de Telefónica. Con este asalto, el Gobierno impone a inicios de 2025 el relevo de la presidencia de José María Álvarez-Pallete por Marc Murtra, vinculado al PSC y cercano a Sánchez desde que fue concejal del Ayuntamiento de Madrid, para realizar un giro político en la dirección de la operadora, cobrando el «módico» sueldo de 5,13 millones de euros al año.

Recientemente, ha fichado al expresidente del PNV, Andoni Ortuzar, como consejero de Movistar +, filial que preside el valedor de Zapatero, Javier de Paz, de quien parte la propuesta de crear Análisis Relevante para que el expresidente supuestamente cobrase mordidas. Curiosamente, el Partido Popular en la Comisión de Investigación del Senado que ha instado a comparecer tanto a Sánchez como Zapatero, así como a Paqui, Jésica y Claudia, entre tantos, no tiene pensado llamar a Javier de Paz. Las apariencias nunca engañan.

El sospechoso rescate de Talgo como exigencia del PNV

Como tampoco el sospechoso plan de rescate de Talgo para cumplir con «una exigencia del PNV» con la entrada de la SEPI a través de una ampliación de capital de 45 millones de euros. Todo se llevó con el máximo de los sigilos —«el expediente se oculta en una carpeta llamada Galgo de acceso restringido»— y siguiendo la tónica instaurada en la SEPI, «se encarga a uno de los mejores despachos españoles un informe que justificase la compra de acciones a 4,25 euros (cuando la acción cotiza por 2,92 €)». La Intervención General del Estado ha obligado a la compañía a «provisionar el desfase entre el valor real y el abonado, que es una forma de llamar la atención de que se ha pagado una cantidad indebida».

Los tejemanejes y enchufados de la SEPI

El culebrón de Indra (27,99 % SEPI) con el proyecto de fusión con Escribano Mechanical & Engineering, que pasa de ser deseada a ninguneada invocando un conflicto de interés que no se tiene en cuenta hasta que se descubre que Ángel Escribano con su compañía familiar va de por libre; Redeia Corporación (20 % SEPI), donde sigue Beatriz Corredor, que coincide con Sánchez como concejal del Ayuntamiento de Madrid antes de que Zapatero la nombre ministra de Vivienda, con un sueldo de 546.000 anuales sin que hiciera ningún amago de asumir responsabilidades por el apagón que colapsó el sistema eléctrico.

Ebro Foods (10,36 %), donde Meritxell Batet, expresidenta del Congreso por el PSOE durante dos legislaturas, es consejera independiente con un sueldo en torno a los 300.000 euros; Hispasat (10,32 % SEPI), en manos del astronauta Pedro Duque, exministro de Ciencia, Innovación y Universidades de Sánchez; o el asalto a RTVE en el Congreso cuando se conocen las consecuencias mortales de la dana para convalidar el decreto ley que modifica la mayoría para la elección de consejeros del ente público. Son solo unos ejemplos de hasta qué punto se han parasitado las empresas públicas desde que Sánchez llegó al poder.

El propio presidente, con su cinismo habitual, da la clave en su Manual de supervivencia: «La gente, cuando ya se pierde en la información sobre tramas, prevaricaciones y cohechos, simplemente se queda con la idea de que los políticos son todos unos corruptos». El deterioro institucional es otra forma de corrupción y como escribe Timothy Snyder, «el error consiste en presuponer que los gobernantes que han accedido al poder a través de las instituciones no pueden modificar ni destruir esas mismas instituciones».