Sánchez esconde sus pactos con Marruecos sobre «avalanchas migratorias» tras firmar 14 acuerdos con Rabat

¿Llegó Pedro Sánchez a algún acuerdo con Marruecos sobre Ceuta y Melilla y es tan laxo y humillante que ahora no se atreve a hacerlo público? ¿O no puso sobre la mesa nada relevante para defender la españolidad de ambas ciudades autónomas, en el punto de mira expansionista de Mohamed VI, a pesar de haberle «regalado» el Sáhara?

Con la sombra del espionaje de Pegasus flotando en el ambiente, El Debate difunde hoy en exclusiva documentos oficiales sobre la sospechosa relación de Sánchez con Rabat.

La avalancha migratoria sobre Ceuta, con 72.000 personas cruzando a nado la frontera con Marruecos, ha vuelto a poner sobre la mesa la escasa fiabilidad de las relaciones existentes con el reino alauí, provocando incluso una división en el seno del Gobierno. Mientras el presidente, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, señalan a las «mafias» por esta invasión, evitando colocar a Marruecos en el foco, -pese a que pocas cosas pasan en el país sin el beneplácito del monarca-, la ministra de Defensa, Margarita Robles, era más dura, exigiendo al país vecino que «investigue y llegue hasta el final para saber lo que pasó», insistiendo, además, que tendrá que asumir responsabilidades quien lo haya consentido o tolerado”.

Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha sido el que más lejos ha llegado en los halagos al vecino africano y asegurando, incluso, que se trata de «un socio fiable» porque «desde el primer momento» ofreció su colaboración «para tratar de impedir el flujo de personas». Unos halagos de difícil encaje, dadas las circunstancias, pues pocos dudan de que Marruecos, al menos, no tomó todas las medidas oportunas para evitar la avalancha.

Pero la diplomacia manda y los intentos por no contrariar al país vecino pasan por dar el visto bueno a su gestión, ocultando, además, si entre los acuerdos alcanzados por ambos países en la pasada XIII Reunión de Alto Nivel celebrada el pasado mes de diciembre, se incluye alguno relacionado con la gestión del espacio aéreo, sobre las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla y sobre las avalanchas migratorias, según la documentación a la que ha podido acceder El Debate.

Las avalanchas migratorias como moneda política

Estas avalanchas ya fueron utilizadas por Marruecos como medida de presión en 2021, después de que el Gobierno accediera a tratar en un hospital español al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y desde ahí, y por cuestiones que el Ejecutivo aún no ha aclarado –con la sombra del espionaje a Sánchez con el software Pegasus en el horizonte–, las relaciones con Marruecos han tenido siempre el mismo sentido: España cede a las pretensiones marroquíes.

De hecho, tanto es así que Sánchez terminó por entregar la soberanía del Sáhara Occidental, un giro radical en una postura que se había mantenido inmutable durante décadas, pero que en 2022 cambió para siempre, ante la velada amenaza marroquí. De hecho, esta posición se ha vuelto a ratificar en la Reunión de Alto Nivel celebrada en Madrid el pasado diciembre, cuando Moncloa sentenciaba que «una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí podría ser la solución más factible para una solución mutuamente aceptable».

Pero al margen del Sáhara, la cuestión fronteriza es la auténtica arma con la que cuenta Marruecos como medida de presión, estrategia que parece respaldar Estados Unidos, que en una comisión del Congreso cuestiona la españolidad de Ceuta y de Melilla. Una delicia para los oídos de Mohamed VI, pese a que Sánchez y su homólogo marroquí Aziz Akhannouch, sentenciaron en diciembre que «los principios de soberanía nacional e integridad territorial y la protección de los derechos humanos son piedras angulares de la convivencia pacífica entre los pueblos».

Sin embargo, todas esas palabras parecen haber caído en saco roto, a la vista de lo sucedido en Ceuta. Mientras, tanto Sánchez como Albares han preferido ignorar las cuestiones planteadas por este periódico al respecto de las avalanchas en las fronteras. Según los documentos a los que ha podido acceder El Debate, el presidente se ha desentendido del asunto, dejando la pelota en el tejado de Albares, que también se mantiene en silencio, pese a que tiene la orden de aclarar si en aquella reunión de diciembre se llegaron a acuerdos con Marruecos sobre esta materia.

La única referencia a este asunto se haya en la declaración conjunta suscrita por ambos mandatarios. Un brindis al sol, a la vista de lo sucedido, en los que ambos países reiteran «su compromiso común en favor de una movilidad dinámica que permita el desplazamiento seguro, ordenado y regular de las personas». Al mismo tiempo, Sánchez bendecía la acción de Marruecos que «descansa sobre un enfoque ejemplar fundamentado en la regularización, la integración socioeconómica y la protección de los derechos de los migrantes».

Además, se comprometieron «a reforzar sus esfuerzos en la lucha contra la inmigración irregular, el tráfico de personas, el fraude documental y la trata de seres humanos adoptando medidas eficaces y desarrollando la cooperación con terceros países, entre otras formas». De nuevo, palabras vacías de contenido real, a la vista de lo sucedido.

Junto a ello, el Gobierno sí que suscribió entonces catorce acuerdos con el reino de Mohamed VI, con temáticas variopintas como la ‘política exterior feminista’, la lucha contra los discursos de odio, la digitalización y modernización de las administraciones públicas, la educación, la prevención de los desastres naturales, la sostenibilidad, o la igualdad; además de otros relacionados con cuestiones que afectan de lleno a la economía española como «la cooperación en los ámbitos de pesca marítima, el desarrollo del sector de la acuicultura y lucha contra la pesca ilegal».

¿Sánchez cerró algún acuerdo sobre avalanchas migratorias como la de los 72.000 invasores de Ceuta? El Gobierno, obligado a responder

La investigación llevada a cabo por El Debate ha accedido a memorados de entendimiento y declaraciones de intenciones con las que Sánchez pretende limar tensiones con Marruecos, pero se ha encontrado con la negativa del Gobierno a aclarar asuntos de profundo calado, como prueba la invasión de Ceuta. Este periódico solicitó expresamente «los acuerdos o protocolos concertados con Marruecos sobre la gestión del espacio aéreo, sobre las aduanas comerciales en Ceuta y Melilla y sobre las avalanchas migratorias», pero el departamento legal de Moncloa descargó la cuestión en Albares.

En concreto, señaló que no disponía de «la información requerida (…), por no encontrarse dentro del ámbito competencia de este órgano», por lo que trasladaron la cuestión al Ministerio de Asuntos Exteriores «a fin de que el citado departamento ministerial pueda tramitar la nueva solicitud en el ámbito de sus competencias».

Sin embargo, Albares ha hecho caso omiso y no ha contestado a la cuestión, por lo que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno le ha ordenado hacerlo en su resolución 2026-0640, dictada el pasado 16 de junio, recordándole, además, que el derecho a la información es un derecho constitucional y, por tanto, está obligado a dar respuesta.

Según las fuentes consultadas, «si Albares no cumple con su obligación legal de hacer pública esta información obligado por una resolución ejecutiva, será demandado, como ya ha ocurrido con el uso privado del Falcon por Begoña Gómez, o con los 88 días de vacaciones de Pedro Sánchez en las residencias de Patrimonio Nacional y sus acompañantes», afirma Julio R. Naranjo, socio director general de ITCD, la firma jurídica que lleva estos asuntos.