El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y su homólogo marroquí, Nasser Bourita
El Debate publica una insólita prueba
Sánchez se niega a dar a conocer la supuesta nota de protesta a Marruecos por querer anexionarse Ceuta y Melilla
La ley le obliga en firma a hacer pública la nota verbal de protesta y a explicar el estado real de los Acuerdos de Alto Nivel suscritos por Sánchez con el reino alauita
Si el Gobierno envió de verdad una nota de protesta a Marruecos por su afán anexionista sobre Ceuta y Melilla, sorprendentemente no quiere enseñarla, ni aunque se lo imponga la ley.
Ésa es la conclusión de una investigación de El Debate al respecto, que pone en entredicho, con pruebas documentales inéditas, la supuesta resistencia de Sánchez al expansionismo de Mohamed VI e incluso la solidez de los acuerdos que dijo haber alcanzado con el Reino vecino.
Las tensas relaciones entre Marruecos y España y las permanentes reivindicaciones de Rabat sobre Ceuta y Melilla como ciudades integradas en su territorio han sido una constante a lo largo de todo el mandato de Pedro Sánchez.
Por orden del Consejo de Transparencia (CTBG), el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, debería explicar si los acuerdos de Alto Nivel suscritos entre ambos gobiernos seguían vigentes después de uno de las múltiples crisis y desplantes del Rey Mohamed.
La falta de contundencia del gobierno de Sánchez y del propio presidente, su total opacidad informativa respecto a su unilateral y nueva política en tan sensible zona, se ha extendido a las presiones del gobierno alauita reclamando la soberanía marroquí sobre Ceuta y Melilla.
La diplomacia marroquí llegó a censurar al vicepresidente de la Comisión Europea responsable de inmigración, Margaritis Schinas, por catalogar a las «dos ciudades autónomas norteafricanas Ceuta y Melilla» como fronteras españolas y de la Unión Europea, enviando una nota verbal a las instituciones europeas en las que se recopilaba una decena de «declaraciones hostiles» de Schinas sobre Marruecos y «las ciudades marroquíes de Ceuta y Melilla».
El documento prueba la resistencia de Sánchez a demostrar que se opone al afán anexionista de Mohamed VI
Este nuevo ataque a la soberanía nacional, que vulneraba claramente los citados acuerdos de Alto Nivel en los que ambos países se comprometían expresamente a «evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente a lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía», según expresó el propio Pedro Sánchez, fue respondida con otra nota verbal por parte del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en la que Madrid rechazaba «categóricamente» el lenguaje utilizado.
Sin embargo, pese a que El Debate solicitó expresamente al ministro que explicase la situación en la que quedaban tales acuerdos tras la última ofensiva de Rabat y la nota verbal o las manifestaciones del Gobierno ante la UE, Exteriores se negó alegando que ello pondría en peligro las relaciones con Marruecos.
Una vez más el CTBG ha amparado a este periódico en su derecho a informar y a través de su reciente resolución 84/2024 de 24 de enero, echa por tierra las vagas excusas del Gobierno para seguir hurtando información acerca de unas relaciones diplomáticas sobre las que siempre han planeado las sospechas de espionaje, e incluso chantaje, por parte de Marruecos al Gobierno español.
Así, el CTBG abronca al Gobierno por su injustificado recurso de no explicitar las razones por las que aplica límites que cercenan el derecho a saber de los españoles, algo que viene siendo muy habitual en este Gobierno de la «transparencia».
Señala que «no se ha realizado el mínimo esfuerzo de explicar en qué medida parte de la información solicitada tiene la consideración de información auxiliar (…) o por qué el acceso a la nota verbal emitida por el Ministerio causa un perjuicio a las relaciones exteriores».
A ello, añade que, por parte del Ministerio de Exteriores, «tampoco se ha tomado en consideración el interés público en el acceso para ponderarlo con el eventual daño que dicho acceso causaría al bien protegido.»
Así, ante la falta de un argumento sólido por parte de Exteriores, el CTBG ha ordenado al departamento dirigido por Albares que informe acerca de «las medidas adoptadas por el Gobierno» y remita los documentos que ha intercambiado con la UE al respecto de los ataques a Margaritis Schinas y a la soberanía nacional española.
Del mismo modo, debe facilitar una «copia de la nota verbal emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores en las que el ministro ratificaba que ambas son «categóricamente» españolas».
Además, tal y como había solicitado este periódico, debe remitir los «documentos o informes existentes relativos al estado de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos», indicando, además, «si los acuerdos de Alto Nivel suscritos por las partes han resultado afectados tras estas declaraciones».
Unos acuerdos que implicaban «un compromiso de respeto mutuo por el que en nuestro discurso y práctica política vamos a evitar todo aquello que sabemos que ofende a la otra parte, especialmente a lo que afecta a nuestras respectivas esferas de soberanía», pero que Marruecos no deja de incumplir ante la inacción del Gobierno.
Las excusas de Albares
El pasado 8 de febrero, el ministro Albares, obligado a desvelar en nombre del Gobierno el estado real de los Acuerdos de alto Nivel suscritos por Pedro Sánchez, así como a hacer pública la presunta nota verbal de protesta firmada por Albares y que el canciller de Exteriores había tratado de ocultar por todos los medios a este periódico, firmaba una nueva resolución en cumplimiento del mandato del Consejo de Transparencia para no cumplir con ella.
El ministro, que no es nuevo en estas lides ni mucho menos, y que habiendo sido condenado a hacer entrega de la supuesta carta original de Sánchez a Marruecos donde cedía el Sáhara, persiste en sustraer al conocimiento público el estado real de las relaciones con Marruecos.
Para Albares, «si se infringe el deber de confidencialidad que obliga al Estado y se publican» tales documentos, «se perjudicará el mandato supremo de protección de las relaciones exteriores en la medida en que se puede generar desconfianza».
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