Las causas de corrupción del Gobierno sepultan sus últimos intentos de propaganda legislativa

Los últimos coletazos de la legislatura de Pedro Sánchez han venido de la mano de una parálisis parlamentaria sin precedentes en democracia. La alergia sistemática del Gobierno, y su presidente, para someterse al control del Congreso, han terminado de poner en evidencia una forma de ejercer el poder en el que Sánchez ha priorizado el control de instituciones y la opacidad frente a la transparencia y la lucha contra la corrupción que llevaba bajo el brazo, durante la moción de censura de 2018.

Desde que el ‘sanchismo’ llegase a La Moncloa, la gestión de las Administraciones se ha traducido en una sinfonía de contratos públicos durante la pandemia, enchufismo en empresas del Estado, filtraciones desde la cúpula de la Fiscalía y negocios opacos del entorno familiar del jefe del Ejecutivo y de su predecesor en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero, que han ido configurando un paisaje judicial sin precedentes en la democracia reciente. Lo que comenzó como un cúmulo de sospechas e indicios ha terminado por cuajar en 2025 y 2026, en sentencias firmes y juicios inminentes que alcanzan al núcleo duro del socialismo y del partido que a duras penas lo sostiene en nuestro país.

Y, a todo ello, se suma, en los últimos tiempos, un fracaso estrepitoso del intento de maquillar este panorama con las promesas legislativas de Moncloa y Ferraz desde donde, cada vez que un escándalo saltaba a los titulares, Sánchez anunciaba un nuevo paquete de medidas: la Agencia Independiente de Integridad Pública, la regulación de lobbies, el refuerzo de auditorías en la financiación de partidos, listas negras para empresas condenadas o reformas de transparencia. Todas ellas, presentadas con gran solemnidad, han quedado diluidas hasta el punto en que antes de irse de vacaciones, el Gobierno ya incumplía alrededor del 90 % de las medidas anticorrupción que el propio presidente anunciaba hace un año.

Cada vez que un escándalo saltaba a los titulares, Sánchez anunciaba un nuevo paquete de medidas. Todas ellas, presentadas con gran solemnidad, han quedado diluidas

Así las cosas, la mayoría de los anteproyectos siguen atrapados en fases preparatorias o no han logrado superar el trámite parlamentario por falta de apoyos suficientes tanto en el Congreso, tras la ruptura de Junts con el PSOE, como en el Senado, donde el PP disfruta de una amplísima mayoría absoluta que ha llevado a la parálisis de cerca del 70 % de las leyes y reales decretos prometidos en el Plan Anual Normativo de 2025.

No en vano, los socios de investidura no garantizan mayorías estables para estas reformas y el PSOE carece de la fuerza suficiente para imponerlas en solitario. El resultado es una sucesión de anuncios vacíos que ya no generan ni siquiera el beneficio de la duda.

A todo ello hay que sumar el hecho de que la sociedad española ha dejado de aceptar estos gestos como salvoconducto, tal y como apuntaban los últimos datos de las encuestas de julio en las que el PSOE se sitúa de forma recurrente entre el 26 % y el 27 % de intención de voto, varios puntos por debajo de su resultado de 2023, mientras el PP lidera con cifras cercanas al 32-35 % y Vox se consolida en torno al 17 %, permitiendo que la suma de la derecha se acerque a los 200 escaños en varias proyecciones, rozando o rebasando la mayoría absoluta.

Es decir, se trata de un desgaste que no es coyuntural, sino que coincide con la cascada de resoluciones judiciales que han puesto nombre y apellidos a la corrupción en el entorno de Sánchez.

Por una parte, el ex fiscal genera del Estado, Álvaro García Ortiz, se convirtió en el primero de la democracia en ser condenado por sentencia firme. El Tribunal Supremo lo declaró culpable de revelación de secretos por la filtración de un correo electrónico relacionado con el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso. La condena, dictada por mayoría en noviembre de 2025 y firme desde febrero de 2026, incluye dos años de inhabilitación especial para el cargo, multa e indemnización. García Ortiz, sin embargo, no dimitió hasta que el fallo fue firme, dañando no solo la imagen de imparcialidad del Ministerio Fiscal, sino simbolizando la politización de una institución clave para el Estado de Derecho y la defensa de la legalidad.

Aún sin recuperarse del varapalo, poco después llegaría la sentencia del caso mascarillas. El 22 de junio de 2026, el Supremo condenó por unanimidad al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión (con un máximo de cumplimiento de unos 16 años y medio) por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Su exasesor Koldo García recibió 19 años y ocho meses. La trama, centrada en comisiones por contratos de material sanitario en plena pandemia y en el enchufismo en empresas públicas, implicó a quien fue número tres del PSOE y mano derecha de Sánchez en su acceso al poder. La gravedad de las penas y el carácter unánime del fallo marcan un antes y un después en los castigos para quienes, desde una posición pública de alto nivel, desatienden o dañan lo público.

Tampoco se ha librado Sánchez de los escándalos de su círculo familiar y, así las cosas, el pasado 14 de julio, la Audiencia Provincial de Badajoz condenó a David Sánchez, hermano del presidente, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por cooperación necesaria en un delito de prevaricación administrativa. El tribunal consideró que se creó un puesto «espurio y carente de contenido real» en la Diputación de Badajoz específicamente para él, vulnerando los principios de mérito y capacidad. Aunque fue absuelto de tráfico de influencias y no hay pena de prisión, la resolución es histórica: es la primera condena firme a un familiar directo de Sánchez.

Mientras tanto, Begoña Gómez, la «esposa» de Sánchez, como él mismo la definió, se encuentra a las puertas del banquillo de los acusados, después de que en junio el juez instructor Juan Carlos Peinado abriese la fase de juicio oral contra ella que, pese al relato del Gobierno, fue confirmada por la Audiencia Provincial de Madrid, por unanimidad, para los delitos de malversación y tráfico de influencias que conllevan que será juzgada ante un jurado popular.

Pendientes, todavía, quedan los casos de José Luis Rodríguez Zapatero y lo que muchos denominan la «caja B» del PSOE. El expresidente está imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias, organización criminal y otros delitos en una trama internacional que involucra pagos opacos, sociedades instrumentales y el hallazgo de joyas valoradas en más de 1,3 millones de euros en una caja fuerte instalada en su despacho de Ferraz. Las investigaciones de la UDEF apuntan a flujos de dinero desde países latinoamericanos y paraísos fiscales, vinculados a rescates públicos como el de Plus Ultra.

El Gobierno de Sánchez ha perdido el salvoconducto que durante años le proporcionaron los anuncios a golpe de tribuna post ministerial y de BOE

El desenlace de estas piezas puede agravar aún más el panorama para un Sánchez que se resiste a marcharse o a adelantar elecciones consciente, como es, de que en este contexto, los anuncios de nuevas iniciativas legales, proposiciones de ley o reformas institucionales ya no funcionan como antes.

La ciudadanía percibe que cada promesa llega tarde, se diluye en el trámite parlamentario o sirve solo para ganar tiempo mediático. La pérdida de apoyos en las encuestas no es una anomalía estadística, sino el reflejo implacable de un cambio de ciclo. Cuando el Fiscal General ha sido condenado, el exministro clave del partido está en prisión por corrupción, el hermano del presidente inhabilitado y la esposa del presidente a punto de sentarse en el banquillo, mientras Zapatero y las finanzas opacas del PSOE siguen bajo investigación, el relato del «nosotros no somos como los demás» se derrumba.

A estas alturas del mandato, la democracia española exige ya algo más que comunicados y proyectos de ley que nunca salen adelante. Exige responsabilidades políticas reales y un restablecimiento de la confianza que no se logra con puro maquillaje y titulares. El Gobierno de Sánchez ha perdido el salvoconducto que durante años le proporcionaron los anuncios a golpe de tribuna post ministerial y de Boletín Oficial del Estado (BOE). La sociedad, según las urnas virtuales de las encuestas, ya ha empezado a retirárselo.