Ceuta no cabe en un algoritmo

Estuve en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso durante la comparecencia de José Manuel Albares. Esperaba una explicación política sobre cómo decenas de miles de personas pudieron acceder irregularmente a Ceuta, qué información manejaba el Gobierno y por qué no se adoptaron a tiempo las medidas que después sí funcionaron. Recibimos, en cambio, una minuciosa cartografía digital del desastre. Hubo Facebook, TikTok, WhatsApp, Elon Musk, redes rusas y hasta una «internacional reaccionaria». Por momentos, el responsable de la crisis parecía no tener despacho ni en Rabat ni en Moncloa, sino un perfil en X y una contraseña de TikTok.

Según el ministro, todo nació de un bulo sobre una sentencia del Tribunal Supremo. La falsedad se propagó, alimentó la esperanza de miles de migrantes y fue aprovechada después para extender el miedo entre los europeos. Es una explicación parcialmente cierta. La desinformación puede movilizar multitudes, enriquecer a las mafias y convertir una mentira en tragedia. Las redes sociales forman parte del nuevo campo de batalla geopolítico: alteran elecciones, dividen sociedades y dirigen movimientos de población. El algoritmo ha adquirido rango de subsecretario de Estado, aunque todavía no comparece en el Congreso.

Pero reconocer el poder de las plataformas no exime al Estado de custodiar sus fronteras. Una democracia puede sufrir una operación de desinformación y, al mismo tiempo, tener que responder por no haberla detectado, anticipado o contenido. Los bulos explican por qué miles de personas se pusieron en movimiento. No explican por qué encontraron insuficiente resistencia al llegar a una frontera española y europea. Para eso se inventaron los gobiernos, antes incluso de que se inventaran los teléfonos móviles e internet.

El propio Albares ofreció los datos que debilitan su defensa. Aseguró que el 90 % de quienes habían entrado irregularmente fueron devueltos a Marruecos en menos de 48 horas. Explicó también que el nuevo intento convocado para el 15 de agosto fue frustrado mediante la vigilancia marroquí, la acción diplomática y una campaña informativa. Cabe alegrarse. Pero esos éxitos posteriores vuelven todavía más incómoda la pregunta anterior: si España y Marruecos pudieron actuar eficazmente el 15 de agosto, ¿por qué no lo hicieron el 30 de julio? El Gobierno parece pedir una medalla por haber cerrado después la ventana por la que acababa de entrar la tormenta.

Esta es la cuestión central de la responsabilidad política. Albares describió con precisión casi forense los mensajes publicados en árabe, las visualizaciones alcanzadas por determinados vídeos y los canales utilizados para difundirlos. Fue una comparecencia con muchos megabytes y pocas responsabilidades. Resultó mucho menos preciso al hablar de los avisos recibidos, la evaluación de inteligencia, la coordinación entre ministerios y el dispositivo previsto. Presentó una cronología de publicaciones, pero no una cronología de decisiones. Sabemos lo que hicieron los «influencers»; seguimos sin saber suficientemente qué hizo el Gobierno antes de que la frontera cediera.

El ministro exhibió sus conversaciones casi diarias con su homólogo marroquí como prueba de eficacia. España necesita una relación estable con Marruecos en materia migratoria, comercial, antiterrorista y de seguridad. Marruecos también necesita a España y a la Unión Europea. La cooperación no es una concesión, sino una obligación estratégica. El problema surge cuando la cooperación se transforma en dependencia y la seguridad de una frontera española oscila según el entusiasmo con el que Rabat decida vigilar su lado.

La soberanía no puede funcionar como un servicio externalizado, con Marruecos de portero y España preguntando educadamente si puede cerrar la puerta. Rabat debe ser un socio, no el interruptor de nuestra frontera sur. Su política exterior es paciente, transaccional y profundamente consciente del valor de la geografía. Sabe que cada episodio de presión migratoria eleva el precio de su colaboración. Marruecos no da puntada sin hilo; a veces tampoco pone una patrullera sin factura.

En este contexto, el silencio de Albares sobre el giro español respecto al Sáhara Occidental resultó especialmente revelador. Repitió solemnemente que Ceuta y Melilla son España, algo que todos agradecemos escuchar, aunque sería preferible que no hubiera que recordarlo con tanta frecuencia. No aclaró, sin embargo, qué contrapartidas han acompañado a la actual relación con Rabat ni qué garantías concretas ha obtenido España. En diplomacia, lo que no se responde suele viajar en primera clase.

También hubo tiempo para reprochar a Italia y Dinamarca su falta de solidaridad y para explicar el régimen específico de Ceuta y Melilla dentro de Schengen. Argumentos atendibles, aunque laterales. Ceuta es frontera europea, pero antes es territorio español. Europa puede colaborar, financiar y respaldar; no puede sustituir la responsabilidad primaria del Gobierno. La solidaridad comunitaria no es una coartada para la imprevisión nacional.

Albares presumió de haber sido el primer ministro de Exteriores que visitaba oficialmente Ceuta. Uno agradece la visita y se inquieta por la hazaña, porque Ceuta no está en el extranjero, como tampoco lo está Leganés o Parla. Convertir ese viaje en un hito diplomático encierra una pequeña travesura geográfica. La ciudad necesita algo más que declaraciones sobre su españolidad: presencia institucional, inteligencia preventiva, medios suficientes y una política hacia Marruecos basada en la reciprocidad.

El ministro terminó invocando la unidad, palabra que los gobiernos suelen colocar sobre la mesa cuando preferirían retirar las preguntas. Pero la unidad no significa silencio ni obediencia al relato oficial. En democracia, la oposición demuestra sentido de Estado cuando exige saber quién conocía qué, cuándo lo conoció y por qué no actuó.

Las redes sociales pudieron encender la mecha. Pero los algoritmos no custodian espigones, no refuerzan fronteras ni asumen responsabilidades políticas. Eso corresponde al Estado. Y en Ceuta esa diferencia no es una discusión sobre internet. Es la soberanía.

Por cierto, que pronto conoceremos quiénes eran los «influencers» que incendiaron las redes, para sorpresa de propios y extraños.