La Policía desmonta la tesis del Gobierno sobre la invasión de Ceuta: fue «guiada» por agentes marroquíes «uniformados» y de «paisano»

Pedro Sánchez calificó, en caliente, lo ocurrido en Ceuta como una «violación de la integridad territorial de España», aunque siempre evitando comprometer al reino de Marruecos en el «ataque». Para ello, y de manera oficial, durante más de 30 días, se atribuyó la invasión de la ciudad autónoma a una campaña «interesada» de las mafias de tráfico de personas que, para el Gobierno, había debutado a partir de la sentencia del Tribunal Supremo que determinó, en aplicación de la ley vigente, que la entrada a España por vía martítima no justifica las conocidas como devoluciones en caliente.

Sin embargo, y pese a la negación sistemática de La Moncloa sobre la injerencia del país alauita en nuestro territorio, con fines espurios, el documento entregado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a la Audiencia Nacional que investiga lo ocurrido, ha dejado a Sánchez sin relato. No en vano, el documento, detalla los pormenores de un plan detallado, en el que se produjó un «guiado activo» de los inmigrantes -previamente movilizados a través de redes sociales por expertos en campañas virales- gracias a la intervención de agentes marroquíes tanto «uniformados» como no uniformados.

Una cascada de evidencias técnicas, gráficas y estratégicas, pormenorizadas a lo largo de 55 páginas y más de una treintena de imágenes y gráficos que han desacreditado la narrativa gubernamental y que obligarán al Ejecutivo socialista a modificar, una vez más, el marco del debate público, a unas horas de la primera comparecencia oficial, en sede parlamentaria, del presidente del Gobierno para hablar sobre el asunto.

Lo más grave es que el informe policial se basa en «fuentes abiertas». Es decir, al alcance de todos. E, identifica un «guiado activo» de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos a la «masa» de asaltantes que llegó a Ceuta por la costa, el pasado 31 de julio, «hacia los lugares de paso» abiertos o debilitados en el flanco español. Entre ellos, el canal de agua, sin obstaculizar, del espigón de El Tarajal que miles de personas cruzaron a nado en una avalancha sin precedentes sobre la playa ceutí.

De acuerdo con las conclusiones de los investigadores, la operativa que fue posible gracias a un total de 11 de agentes vestidos con uniforme oficial de la gendarmería -que aseguraron la entrada y salida de los inmigrantes llamados al asalto, en camiones de gran tonelaje- y otra veintena de elementos no uniformados que daban indicaciones y mantuvieron, en todo momento, una «dinámica» diferenciada sobre el terreno llegando, incluso, a caminar en sentido contrario a la multitud. Por lo que, lejos de tratarse de un incidente «espontáneo», fue una actuación coordinada a gran escala, «simultánea» y que respondió a una «planificación previa», en una franja horaria perfectamente definida.

A lo largo del análisis policial, el CENIF destaca la «total permisividad» sino la «pasividad» flagrantes de las autoridades marroquíes que, durante más de 48 horas., no hicieron el más mínimo intento para «reducir, dispersar o alejar» a los invasores del perímetro fronterizo.

Y, todo ello, con un único objetivo que nada tuvo que ver con una simple crisis migratoria, como también deslizó el Gobierno en las primeras horas. Frente a la explicación interesada y buenista del Ejecutivo de Sánchez, Marruecos articulkó una operación concertada para «colapsar el sistema de gestión fronteriza» y comprobar la nula «capacidad de respuesta» española.

Por su parte, y tras el shock inicial, el Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llamaba al director general de la Policía, Francisco Pardo, para pedir explicaciones sobre el informe que, de acuerdo con el mando policial, no permite atribuir una «autoría intelectual» directa a Marruecos, en contra de la literalidad del texto. La contradicciones entre el contenido del informe policial y la lectura de Interior ha generado una crisis interna y ha reabierto el debate sobre las alertas previas que el Gobierno negó haber recibido con la magnitud suficiente.