Sánchez activa a la Fiscalía General para debilitar las acusaciones populares en la causa de Ceuta que podría escalar hasta el Supremo

Casi a la misma hora en la que Pedro Sánchez comparecía este jueves, en el Congreso, para informar sobre el papel del Gobierno en la invasión de Ceuta, la jueza instructora de la causa judicial que se sigue sobre el asunto, la magistrada María Tardón, recibía en la Audiencia Nacional una notificación en virtud de la cual la Fiscalía General del Estado (FGE) se hará cargo de la dirección jurídica del procedimiento, todavía en una fase muy preliminar, para no relegarlo a un mero trámite ordinario. La actuación de la titular del juzgado central número 4 de la AN blindando las pesquisas –y a los investigadores de la Unidad de Extranjería y Fronteras, dependiente de la Comisaría General (CENIF)–, durante la confección de un informe que ha resultado demoledor para el Ejecutivo socialista y el relato de varios de sus ministros, precipitaba la decisión.

Como resultado de la orden, articulada a través del artículo 25 del Estatuto Fiscal, Teresa Peramato apartaba al encargado directo del expediente para, a partir de ahora, estar permanentemente informada de los avances judiciales, a través del fiscal jefe de la AN Jesús Alonso –que pilotará la nave del Ministerio Público–, en el procedimiento de especial «singularidad» y «trascendencia» en el que se analiza un presunto delito contra la integridad territorial del Estado, a instancias de la querella inicial presentada por Iustitia Europa.

La maniobra, por tanto, según las fuentes consultadas por El Debate, tendría un doble objetivo: en primer lugar, neutralizar el papel de las acusaciones populares, tanto la entidad querellante como Vox, el PP o Hazte Oír, que también están personados; y, en segundo término, que mientras se practican nuevas diligencias, Peramato controle todos y cada uno de los pasos de la Fiscalía, reportando a su vez al Gobierno para unificar criterios, desde el punto de vista institucional, con los que pronunciarse antes de que resuelva Tardón.

No en vano, de prosperar la acción judicial en curso, las consecuencias para el Ejecutivo podrían trasladarse, más allá de lo meramente político, a una responsabilidad penal en la que la primera incógnita a despejar pasa por confirmar si la competencia corresponde a un juzgado de Ceuta, a la Audiencia Nacional o, incluso, al Supremo, en el caso de plantearse un conflicto de competencias o que lo que ahora son meras sospechas se traduzcan en indicios cualificados contra cargos aforados, como el propio Sánchez o su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

A este último se dirigía, de manera directa, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, durante su turno de réplica al presidente del Gobierno, desde la tribuna del hemiciclo, al hilo de la polémica sobre la inacción de su Departamento en prevención de las alertas formuladas antes del asalto masivo a Ceuta. «Es obvio que ya hay quienes actúan por consejo de sus abogados, ¿verdad, señor Marlaska?», interpelaba el 'popular'.

La carta del ex-magistrado al CGPJ

Lo cierto es que Grande-Marlaska no debe tenerlas todas consigo cuando a última hora del día trascendió la carta enviada por el ministro y exmagistrado de la Audiencia Nacional (AN) a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Isabel Perelló, quejándose del veto impuesto por la magistrada Tardón a los policías del CENIF responsables de las pesquisas en el caso Ceuta. Una misiva que recibía la respuesta de Perelló exigiendo «respeto» al trabajo de los jueces de instrucción.

Marlaska era consciente del nulo valor judicial de la comunicación, pero, a cambio, del alto rédito político de una acción que le permitirá victimizarse y apelar a la idea de que una jueza ha impedido a la Policía informar al Gobierno, modificando el marco del debate sobre la inacción de este en un atentado consumado de Marruecos contra la soberanía nacional.

El titular de Interior conoce a la perfección que el papel de Tardón —quien desde un principio descartó como tesis el papel de las mafias de tráfico de personas tras la avalancha humana—, que ningún ministro puede exigir, ni obligar a un juez o a la policía judicial a entregarle o revelarle el contenido de un informe que pertenece al ámbito de la instrucción donde no caben injerencias externas, tampoco, del Ejecutivo. Marlaska sabe que no se trata de una resolución formal, auto o sentencia, sino que se trata de un trabajo de inteligencia. De igual modo, es consciente de que incidir en el lawfare es la única manera de hilar con el relato que lleva manteniendo más de un mes: que no recibió ninguna advertencia de una entrada irregular tan masiva y que Marruecos no solo no la alentó, sino que colaboró para revertirla.

Una presunta dejación consciente

Que la causa continúe anclada en la Audiencia Nacional depende, en exclusiva, de la jueza Tardón, con independencia de las peticiones de la Fiscalía, si bien en caso de discrepancia la Sala de Apelaciones de lo Penal del órgano tendría la última palabra. En todo caso, la magistrada podrá reclamar para sí la causa de Ceuta si se acredita, con indicios sólidos, la existencia de supuestos delitos que comprometieran la paz o la independencia del Estado (Título XXIII del Código Penal, artículos 589 y siguientes) y en los que el rol del Gobierno no puede limitarse a una crisis mal gestionada, sino que exige una dejación consciente —dolosa o por imprudencia grave— para laminar la soberanía. O la trata de seres humanos o tráfico ilícito de personas con organización criminal.

No así, por un mero favorecimiento de la inmigración ilegal, de la omisión del deber de perseguir delitos o la prevaricación administrativa, momento en el que la potestad de las averiguaciones debería pasar a manos de los juzgados donde tuvieron lugar los hechos. Esto es la ciudad autónoma de Ceuta. Una opción que se diluye en el eco de las propias palabras de Sánchez que, el 31 de julio, en Ceuta, emitió su «más enérgica condena» a lo que calificó como una «violación de la integridad territorial de España» y de «ataque a la integridad territorial».

Por sí solas, estas palabras no avocan la causa al Supremo como se ha sugerido desde el Partido Popular, pero complican mucho que el Ministerio Fiscal dibuje lo ocurrido como un incidente puramente local. De ahí el paso al frente de la titular de la Carrera, Teresa Peramato, haciéndose cargo del procedimiento que trata de determinar el alcance de una acción dirigida desde Marruecos y, por extensión, cómo gestionaron Interior y el Gobierno, con su presidente en cabeza, los avisos recibidos con antelación.