La portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
El Senado estrecha el cerco sobre Plus Ultra y Tubos Reunidos: «Rescataron empresas a cambio de favores para Sánchez»
El Grupo Parlamentario Popular del Senado –Cámara donde el PP tiene mayoría absoluta– ha decidido llevar al próximo pleno una moción «sobre refuerzo de la transparencia, la legalidad europea y el control parlamentario en las ayudas públicas gestionadas por la SEPI y el FASEE para su debate en Pleno, y por el que se insta al Gobierno a reforzar la transparencia, la rendición de cuentas y los mecanismos de control de las ayudas públicas».
El PP solicita con la iniciativa los informes de los rescates a Plus Ultra y Tubos Reunidos –que están respectivamente judicializados en los casos Zapatero y Leire– y estrecha el cerco sobre las millonarias ayudas públicas del Ejecutivo de Pedro Sánchez a estas empresas. La portavoz de los 'populares' en el Senado, Alicia García, ha expresado a El Debate que «la tónica de esta legislatura es que Sánchez ha ido de escándalo en escándalo», y «cuando pensábamos que no podríamos ver nada más grave de lo que estábamos sufriendo llegaba algo peor».
«Comenzamos con la entrega del Estado de derecho a los independentistas, seguimos con la corrupción en el corazón del Gobierno y del PSOE, continuamos con un apagón histórico y ahora nos encontramos con el mayor ataque a nuestra integridad territorial de nuestra historia reciente. Y el PP no va a olvidar ninguno de los escándalos. Seguimos trabajando en todos ellos porque en todos ellos está en juego la dignidad y los recursos de los españoles», ha agregado.
Igualmente, García ha resaltado que «en el caso de la corrupción, el ejemplo más representativo han sido el uso del dinero público para rescatar a empresas a cambio de favores políticos y personales para Sánchez». De esta forma, ha remarcado que «la exvicepresidenta Montero ha tenido tres presidentes de la SEPI, y los tres están imputados».
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«Los españoles no solo quieren que se haga Justicia, quieren saber qué se ha hecho con su dinero. Por eso vamos a forzar que el Senado pida al Gobierno que en el plazo de tres meses remita informes de los rescates aprobados por el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas que rescataron, entre otras, a Plus Ultra», ha apostillado la portavoz 'popular'.
La moción indica que «la utilización de fondos públicos en operaciones de apoyo financiero extraordinario exige el máximo nivel de rigor, transparencia y control, por tratarse de decisiones que comprometen recursos de todos los contribuyentes y que, por su propia naturaleza, deben estar sometidas a una justificación especialmente sólida en lo económico, en lo jurídico y en lo procedimental».
Además, el escrito indica que «tratándose de ayudas excepcionales vinculadas a circunstancias extraordinarias, resulta imprescindible acreditar con claridad la viabilidad real de las empresas beneficiarias, la adecuación de los informes que sustentan cada operación, la inexistencia de conflictos o intermediaciones innecesarias en la tramitación y la correcta supervisión del destino final de los recursos desembolsados». «En consecuencia, procede instar al Gobierno a adoptar medidas inmediatas que mejoren la transparencia de estos procedimientos, fortalezcan el control posterior y permitan al Senado ejercer adecuadamente sus funciones de fiscalización política», se agrega.
Lo que pide la moción
1.- Remitir a las Cortes Generales, en el plazo máximo de tres meses, un informe completo sobre todas las operaciones aprobadas por la SEPI con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas desde su creación, incluyendo para cada expediente:
• Importe autorizado y desembolsado.
• Instrumento financiero utilizado.
• Situación actual de la operación.
• Grado de cumplimiento de las condiciones impuestas.
• Evolución del empleo comprometido.
• Estado de recuperación de los recursos públicos aportados.
2.- Establecer un sistema homogéneo de indicadores públicos de seguimiento que permita conocer de forma actualizada la situación de las operaciones financiadas con recursos públicos, garantizando la transparencia y la comparabilidad de los resultados.
3.- Garantizar que cualquier instrumento extraordinario de apoyo público a empresas incorpore mecanismos específicos de rendición de cuentas ante las Cortes Generales, incluyendo la comparecencia periódica de los responsables de su gestión para informar sobre su ejecución y resultados.
4.- Establecer la coordinación entre SEPI, Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas para reforzar la supervisión y fiscalización de los recursos públicos destinados al apoyo empresarial.
5.- Reforzar el control administrativo, económico y de los procedimientos seguidos en todas las operaciones de apoyo público mediante auditorías periódicas e independientes, que permitan verificar la correcta tramitación, la adecuada justificación del gasto, el cumplimiento de la normativa aplicable y la detección temprana de posibles desviaciones, irregularidades o incumplimientos.
