Así maquilló la Oficina del Censo Electoral el impacto de la ley de nietos

La Oficina del Censo Electoral presentó ante la Junta Electoral Central una radiografía aparentemente controlada del crecimiento del voto exterior tras la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática. El informe CEG-02, remitido el 10 de julio, describe validaciones, depuraciones y hasta una «trazabilidad completa de todos los movimientos e intercambios». Sin embargo, omitió información esencial para determinar el verdadero impacto electoral de la falsa ley de nietos.

Seis días después, la JEC reclamó un informe complementario que no había recibido y que ahora el Tribunal Supremo exige con carácter urgente. El Debate desvela los cinco agujeros principales del documento.

1. Ocultó la provincia española de inscripción

La OCE asegura al comienzo del informe que analiza la inscripción en el censo y su «distribución por provincia, país y consulado». Pero las ocho páginas de tablas que siguen únicamente cruzan país de residencia y oficina consular. Falta precisamente la provincia española que determina en qué circunscripción cuenta el voto y dónde puede influir en la adjudicación de un escaño.

La JEC subrayó el 16 de julio que la determinación del municipio constituye «un elemento esencial» para la correcta formación del CERA porque condiciona «la circunscripción electoral a la que queda adscrito el elector». Exigió por ello criterios «objetivos, homogéneos, suficientemente acreditados» y aplicados uniformemente por los consulados.

2. Una falsa «trazabilidad completa» que no identifica el origen

La OCE sostiene que su archivo histórico permite una «trazabilidad completa» y reconstruir cualquier modificación censal. Pero el propio documento reconoce que no puede valorar el resultado de la aplicación de la ley de memoria democrática porque «no dispone de esa información». Es decir, asegura que puede reconstruir el movimiento censal, pero no identificar si un alta procede directamente de los supuestos contemplados en la ley o de la interpretación expansiva introducida por la Instrucción de Sofía Puente de 25 de octubre de 2022.

Es precisamente la separación que ahora ordena el Supremo. La OCE deberá distinguir, a través de los Registros Consulares, entre quienes proceden de los supuestos de exilio previstos legalmente y quienes fueron tramitados al amparo de la interpretación de la Instrucción. Para hacerlo deberá cursar las instrucciones oportunas a los Registros Consulares, una información que el responsable del ministerio, José Manuel Albares, censuró en su resumen de prensa enviados a la red exterior y que genera inquietud entre los responsables de ejecutar sus órdenes tras la opacidad del ministro con las anteriores instrucciones, como reveló en exclusiva este periódico.

3. Una comprobación «visual» sin decir quién comprueba

El informe desvela además que Exteriores remite mensualmente a la OCE dos ficheros: uno con movimientos censales y otro con imágenes de las declaraciones explicativas aportadas por los electores. El organismo dependiente del INE reconoce que resulta necesaria una «comprobación visual» antes de incorporar determinados movimientos, entre ellos el paso del CER al CERA y el cambio de municipio electoral. Pero no explica quién realiza la comprobación, qué documentación considera suficiente ni qué criterios utiliza.

La JEC detectó el agujero y preguntó expresamente quién examina esas declaraciones y si queda constancia de los criterios empleados cuando un consulado determina de oficio el municipio electoral. El Alto Tribunal considera ahora ese informe complementario de «especial relevancia» y ha impuesto plazos: quince días para elaborarlo y otros diez para aprobar la correspondiente instrucción.

4. Prometió el acumulado 2022-2026 y no lo entregó

El apartado sobre la evolución del CERA anuncia una relación de países y consulados cuyo crecimiento acumulado haya superado el 6 % entre el 1 de diciembre de 2022 y el 1 de junio de 2026 pero no incorpora la tabla. En su lugar, la OCE ofrece cuatro relaciones fragmentadas por años: 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 y 2025-2026. El acumulado 2022-2026 que anuncia el propio informe no se entrega a la JEC.

El Debate, sin embargo, ya había reconstruido la evolución acumulada utilizando los propios ficheros mensuales de la OCE y revelado anomalías territoriales como la concentración del crecimiento en Madrid y la aceleración de determinados consulados. La fragmentación anual impide visualizar de un golpe la magnitud completa del fenómeno.

5. Movió un mes el cronómetro

La última decisión metodológica resulta especialmente llamativa. El apartado se titula «Evolución del CERA desde el 21/10/2022», pero la OCE comienza a medir el fenómeno con el censo cerrado a 1 de diciembre de 2022. Su explicación es que éste sería el primer censo confeccionado con información consular posterior a la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, la Instrucción de Sofía Puente se publicó el 26 de octubre y el primer cierre mensual posterior es el 1 de noviembre de 2022.

La alarma del Supremo

No hace falta interpretar las carencias del documento porque es el propio árbitro electoral quien lo hizo y el Supremo constató después la alarma. Por eso el máximo órgano jurisdiccional obliga ahora a hacer lo que el informe del Gobierno de julio con sus cinco lagunas no hizo: separar las altas según su origen jurídico, reclamar información a los Registros Consulares, completar el control de la adscripción territorial y establecer criterios homogéneos. El juego de trileros no coló en la JEC y menos aúno en el Alto Tribunal. Faltaba saber por qué y El Debate lo revela hoy. Si a esto le añadimos los apagones y el frenazo en las incorporaciones en el CERA tras el informe entregado por la OCE al árbitro que apuntan a una cocina del censo electoral por parte del Ejecutivo, la ecuación resultante es más que preocupante.