La juez de Ceuta se aparta para que la Audiencia Nacional investigue al delegado del Gobierno por la invasión de Marruecos

La juez ceutí encargada de la causa que se seguía, hasta ahora, en la sección penal del tribunal de instancia número 6 de la ciudad autónoma, en contra del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, por sus posibles responsabilidades en la invasión de Marruecos, se ha apartado para que sea la Audiencia Nacional quien aglutine todas las pesquisas.

Así lo ha notificado la magistrada María de la Luz Lozano a su colega la juez María Tardón, en un auto dictado, este martes, al que ha tenido acceso El Debate.

En la resolución, Lozano se inhibe en favor de la unidad de la causa, dada la «conexidad objetiva y subjetiva» de los hechos que están siendo analizados, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Una decisión con la que responde a la solicitud cursada ayer mismo por la Audiencia Nacional.

Además, la Justicia ceutí cede «íntegramente las actuaciones», sin entrar a resolver «las diligencias interesadas por la asociación Manos Limpias, por carecer de personación en la causa», por falta de legitimidad, y remitiendo a la juez Tardón las pruebas solicitadas por Hazte Oír, así como la querella presentada y ampliada por la entidad contra Pérez Triano.

Cabe recordar que la Fiscalía apoyó que se aglutinasen todas las actuaciones vinculadas al asalto masivo e irregular que se produjo desde Marruecos a España, a través del espigón de El Tarajal, el pasado 31 de julio, al entender que no se trata de cuestiones aisladas, sino que todas ellas conformar partes de un todo que es el dispositivo de seguridad y contención, fallido, en nuestro país.

No en vano, la acusación particular de Hazte Oír considera que el delegado del Gobierno incurrió en varios posibles delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, denegación de auxilio y homicidio y lesiones por imprudencia grave en comisión por omisión, durante las horas críticas en las que se produjo, sin obstáculos, el acceso irregular y descontrolado de 80.000 personas a una parte del territorio español.

En esta línea, la magistrada Tardón ya apuntó a que la instrucción que dirige debía «abarcar todas las actuaciones desarrolladas en territorio español» y relativas al ataque del régimen de Mohamed VI, perpetrado ante la presunta inacción del Ejecutivo socialista.