Sofía Puente ya tiene maneras de vicepresidenta

La directora general que firmó la instrucción de la falsa ley de nietos cuestionada por la Junta Electoral Central y llevada hasta el Supremo entró en el plató dispuesta a hablar de casi todo menos de aquello que tenía que explicar. El asunto es muy sencillo.

El 20 de octubre de 2022 Sofía Puente firmó una primera Instrucción sobre la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Aquel texto mantenía el requisito establecido por las Cortes: podían acogerse los descendientes de quienes, siendo originariamente españoles, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad «como consecuencia de haber sufrido exilio». El documento lleva su nombre, firma y fecha. Cinco días después ocurrió el prodigio.

La Instrucción definitiva encontró dos supuestos donde la ley había escrito uno. Separó como beneficiarios, por un lado, a los descendientes de españoles originarios y, por otro, a los descendientes de quienes habían perdido o renunciado a la nacionalidad por el exilio. El requisito que el día 20 aparecía unido al derecho de opción desapareció para el primer grupo.

Eso es lo que Sofía Puente tenía que explicar en Televisión Española. No un «corta y pega». No Trump. No Feijóo. No Vox. No pensionistas, homosexuales, personas trans o mileuristas. Tampoco atribuir al Supremo una tesis sobre el voto socialista de los nuevos electores. Tenía que explicar qué ocurrió entre el 20 y el 25 de octubre para que dos textos firmados desde la misma Dirección General tuvieran un alcance jurídico tan diferente. Es exactamente lo que no hizo.

La candidata

Tampoco estamos ante una extravagancia periodística. El voto particular de Carlos Vidal Prado, Vicente Magro, Fernando Marín Castán y Javier Tajadura dejó escrito que durante las deliberaciones «la gran mayoría» de los miembros de la Junta Electoral Central estuvo de acuerdo en que la Instrucción contenía disposiciones contrarias a la propia ley. La mayoría decidió no intervenir porque entendió que carecía de competencia sobre la nacionalidad.

Lo verdaderamente revelador de la entrevista, sin embargo, no fueron las evasivas. Fue la osadía política. Puente no habló como una directora general que rinde cuentas de un acto administrativo. Habló como una dirigente: construyó adversarios, repartió responsabilidades políticas, convirtió una discusión jurídica en ideológica y acabó entrando hasta en la imparcialidad del magistrado Antonio Narváez. Eso no fue una defensa técnica. Fue un estreno político.

Y llega cuando Sánchez tendrá que recomponer antes o después su Gobierno. Yolanda Díaz ya ha anunciado que no concurrirá a las próximas generales y tiene abierta la pista de aterrizaje de la OIT. Sánchez está deseando darle el puntapié. Sofía Puente acaba de presentar candidatura sin presentarla: mujer, fiscal, alto cargo, protagonista de una batalla judicial, apellido de combate y disposición acreditada para enfrentarse públicamente a quienes cuestionan su actuación.

Hay además una segunda utilidad. Un juzgado madrileño estudia la nueva querella contra ella por la Instrucción de 2022. No está admitida y su recorrido está por determinar. Pero si Sánchez incorporara a Puente al Gobierno quedaría aforada ante el Supremo. Y si además la colocara en unas listas y obtuviera escaño, adquiriría la protección parlamentaria correspondiente. Desconozco si ya está en marcha la operación pero lo que vimos ayer tiene la lógica impecablemente sanchista.

La memoria «pacífica»

El bautismo se celebró, además, en el lugar adecuado: Televisión Española. Y allí llegó una de las mejores frases de la noche: Sofía Puente presentó la Ley de Memoria Democrática como una ley pacífica.

Pacífica. La misma controversia que ha provocado una batalla en la Junta Electoral Central, recursos ante el Supremo y una ofensiva política formidable contra los magistrados que han osado intervenir. Porque Sofía no apareció sola.

En cuestión de días han salido Pedro Sánchez, el PSOE, Óscar López y Óscar Puente. Cambian los portavoces y el tono, pero el adversario termina siendo el mismo: quienes cuestionan judicialmente la actuación del Gobierno en torno a la ley de nietos y sus efectos electorales. «Su hermano», quede claro quién es quién, ha llevado el lenguaje hasta convertir al juez incómodo en «lobo solitario».

Ahí está la fotografía. Óscar Puente llamando «lobo solitario» a un juez del Supremo mientras su hermana explica desde Televisión Española que la Ley de Memoria Democrática es una ley pacífica. La paradoja resume esta última fase del sanchismo. Se proclama la paz mientras se señala al juez. Se invoca la concordia mientras se despliega la artillería antifranquista de Moncloa. Se habla de reparación histórica mientras se desacredita a quien pregunta si una directora general podía hacer mediante una instrucción lo que no hizo la ley. Y, mientras todos miramos al juez, vuelve a desaparecer la pregunta esencial:

¿Qué ocurrió entre el 20 y el 25 de octubre de 2022?

¿Por qué el primer documento firmado por Sofía Puente mantenía el exilio como requisito y cinco días después el definitivo encontró dos supuestos donde las Cortes habían escrito uno? Eso es lo que tiene que responder. Trump, Feijóo, Vox, Narváes son sus muñecos de paja para distraer la atención del relato. No en vano el jefe de gabinete presidencial, ausente en Japón durante la invasión, es experto en la ética de la mentira.

Sofía Puente. Todavía no es vicepresidenta. Yolanda Díaz todavía no se ha marchado y su futuro judicial está por determinar. Pero el personaje ya ha asomado la patita. En el sanchismo, los nombramientos no siempre se anuncian. Primero se ensayan en Televisión Española. Los enemigos tampoco necesitan nombramiento. Basta con que un juez abra la tapa del puchero.