La exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, alias 'Anboto'
La Fiscalía recurre la semilibertad que el Gobierno Vasco concedió nuevamente a Anboto
La exjefa de ETA Soledad Iparraguirre acumula una pena de 30 años de prisión al ser condenada por diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona
La Fiscalía ha recurrido nuevamente la decisión del Gobierno Vasco de conceder otra vez a la exjefa de ETA Soledad Iparraguirre, alias Anboto, la semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que meses antes había revocado el juzgado de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, informa EFE.
El pasado día 2, el Ejecutivo Vasco decidió aplicar de nuevo este artículo a Iparraguirre teniendo en cuenta la propuesta «unánime» en este sentido de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra de Zubieta, donde está encarcelada.
La semilibertad permite salir de la prisión en un horario determinado de lunes a viernes para realizar labores de voluntariado con la obligación de regresar todos los días a la cárcel a dormir.
El Gobierno Vasco tomó esta decisión después de que el pasado abril el juez de Vigilancia Penitenciara de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, rechazara esta aplicación del artículo 100.2, por lo que se suspendió y tuvo que volver a prisión sin disfrutar de esas salidas, tras un recurso de la Fiscalía.
De hecho, el fiscal sostiene que este nuevo recurso reproduce sustancialmente otro planteado hace apenas unos meses al considerar que no concurren las circunstancias excepcionales exigidas legalmente para la adopción de esta medida, porque esas labores de voluntariado no presentan la singularidad ni la necesidad tratamental que exige el 100.2 del Reglamento Penitenciario.
Por tanto, el asunto aterriza de nuevo en el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional que el pasado abril revocó la semilibertad al recordar la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada: 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.
Del análisis de su expediente penitenciario se desprende, argumentó el magistrado José Luis Castro, una positiva evaluación de su actitud ya que ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas.
Sin embargo, concluyó que no concurrían los requisitos necesarios para aprobar una flexibilización del régimen penitenciario de esa naturaleza.
