Anticorrupción respalda a Aldama: sus acusaciones contra la constructora de las mordidas por contratos del Gobierno están «corroboradas»

La Fiscalía Anticorrupción ha salido en defensa de Víctor de Aldama frente a uno de los grandes grupos constructores de España. En un escrito remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso El Debate, el Ministerio Público sostiene que las acusaciones que el empresario lanzó contra Azvi por el pago de mordidas a cambio de la adjudicación de contratos públicos no son, como pretendía la constructora, una invención interesada, sino que están «corroboradas por otros elementos probatorios» recabados de forma independiente por la Justicia. El respaldo llega firmado por el propio fiscal Alejandro Luzón en el marco de la causa que investiga la trama de corrupción destapada en torno al exministro José Luis Ábalos.

El escrito responde al recurso de súplica presentado por Manuel Contreras Caro, presidente del Grupo Azvi, que pretendía obtener licencia para querellarse contra Aldama por delitos de injurias y calumnias. El origen de esa pretensión está en las manifestaciones que Aldama mantuvo tanto en fase de instrucción como en su escrito de defensa y en el propio acto del juicio oral, en las que atribuía a Contreras y a Azvi el pago de una cantidad de dinero como contraprestación para la adjudicación de una obra pública. Contreras consideraba esas afirmaciones falsas y llevaba meses intentando, sin éxito, que se le autorizara a querellarse por ello.

La primera negativa a conceder esa licencia se produjo en un auto del magistrado instructor de fecha 10 de febrero de 2025, que dejó la puerta abierta a una revisión posterior. Si el juicio terminaba concluyendo que no existían indicios de las comisiones ilícitas denunciadas, o si llegaba a acreditarse la falsedad de las imputaciones de Aldama, la licencia podría llegar a concederse entonces. Contreras ha vuelto ahora a la carga, alegando que los hechos no han sido objeto de acusación en este procedimiento ni de investigación en otras causas.

El fiscal rechaza ese argumento por dos vías. En primer lugar, recuerda que la declaración de Aldama se produjo en el ejercicio de su derecho de defensa, amparado por el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable que reconoce la Constitución, un derecho que, según el escrito, no puede ceder ante un eventual conflicto con el derecho al honor de Contreras. En segundo lugar, sostiene que la prueba practicada en el juicio oral no permite en modo alguno concluir que la manifestación de Aldama sobre el pago de las mordidas sea falsa, que es precisamente el presupuesto necesario para autorizar una querella por calumnias.

El dato más relevante del escrito llega a continuación. El fiscal señala que la cuestión relacionada con el pago de mordidas por la concesión de obra pública se encuentra actualmente, tras su instrucción inicial dentro de esta causa especial, en fase de instrucción ante la Audiencia Nacional. En esas actuaciones, Manuel Contreras no tiene de momento la condición de investigado, pero el propio fiscal afirma que las manifestaciones de Aldama, «con la provisionalidad propia de la actual fase de instrucción», se han visto corroboradas por otros elementos probatorios.

El escrito concluye interesando la confirmación de la providencia recurrida, lo que en la práctica supone que Azvi seguirá sin poder querellarse contra Aldama por unas acusaciones que la propia Fiscalía Anticorrupción, aunque sin darlas por definitivamente probadas, sitúa respaldadas por pruebas adicionales en una causa que continúa abierta.

Este respaldo se produce en el marco de una estrategia de colaboración con la Justicia que Aldama viene sosteniendo desde hace meses y que ya le valió una rebaja sustancial de la petición de condena. La propia Fiscalía Anticorrupción solicitó para él siete años de cárcel, aplicándole la atenuante de confesión y colaboración, muy por debajo de las penas que se piden para el resto de acusados en la trama. Aldama ha ido más allá del reconocimiento de los hechos que recogen los escritos de acusación que lo llevaron al banquillo, extendiendo sus declaraciones ante el juez a otros frentes de la presunta financiación irregular del PSOE, por ejemplo.

Entre esas declaraciones figura la que Aldama realizó como testigo cuando explicó la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el viaje de Delcy Rodríguez a Madrid con el objetivo de financiar al PSOE y a la Internacional Socialista. Aldama también ha vinculado al expresidente con el rescate público de Plus Ultra, al sostener que la operación se aprobó en el Consejo de Ministros por la presión de Zapatero.