La Junta de Extremadura alerta, tras el caso Biedma, de que perseguir a jueces pone en riesgo la democracia

El vicepresidente y consejero de Presidencia de la Junta de Extremadura, Abel Bautista (PP), ha subrayado este viernes la «gravedad extraordinaria» que supone la operación contra la jueza Beatriz Biedma y ha exigido frenar cualquier intento de injerencia que pueda poner en riesgo la independencia judicial.

Lo ha señalado durante la inauguración del VI Congreso de la Abogacía Extremeña, celebrado en Cáceres, donde ha señalado que la defensa de la independencia judicial es una cuestión esencial para garantizar el Estado de Derecho, y ha advertido de que el actual momento exige «ser especialmente claros» porque está «en peligro» y «en entredicho» un pilar básico de la democracia.

Sobre el caso de la jueza Biedma, ha recalcado que «se trata de la presunta utilización de vías ajenas al Derecho para intentar apartar a una jueza del ejercicio de su función».

En este sentido, ha aludido a los supuestos contactos con personas vinculadas al narcotráfico y a la presunta obtención de información sobre la vida privada y el entorno familiar de la magistrada, incluido material de seguimiento sobre ella y sus hijas, así como información relativa a su domicilio y al colegio al que acuden. Bautista ha criticado además los audios que apuntarían a instrucciones para actuar contra la magistrada y que llegaban a plantear que debía ser «eliminada» y que había que darle «al menos un susto», como desveló El Debate.

El vicepresidente ha defendido que un juez debe poder ejercer su función sin verse sometido a presiones por el contenido de sus resoluciones ni por los intereses que puedan verse afectados por ellas: «Ninguna injerencia externa puede condicionar el ejercicio de esa responsabilidad».

Para Bautista, lo que está en juego afecta a las garantías sobre las que se sostiene el sistema democrático. «Si los jueces están vigilados, perseguidos, grabados y se filtran todo lo que tiene que ver con su entorno familiar y personal y si se dan órdenes de eliminarlos, además a través de personas vinculadas al narcotráfico, estamos hablando de otra cuestión distinta que nunca antes habíamos conocido en nuestro país», ha afirmado.

En este contexto, ha reclamado también una posición clara por parte de quienes tienen responsabilidades institucionales en la defensa de la autonomía judicial. «Tampoco es admisible ni un minuto más el silencio de quienes deberían ser los primeros garantes de la separación de los poderes del Estado», ha subrayado.

«Cuesta mucho ganar una democracia, cuesta mucho consolidar cualquier valor democrático, cuesta mucho poner a las instituciones en el lugar en el que se merece y pareciera que 50 años de democracia no han servido para nada cuando vemos a jueces perseguidos», ha señalado ante los medios.