La UCO destapa nuevas conexiones de las cloacas con Venezuela y el destino de un ex alto cargo chavista investigado por blanqueo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitía, este jueves, un nuevo atestado a la Audiencia Nacional, en el marco de la investigación de las llamadas cloacas del PSOE. El documento, entregado al juez Santiago Pedraz, instructor del caso, entre otros aspectos, analiza el expediente de nacionalidad española de Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, exviceministro de Energía Eléctrica de Hugo Chávez y que aparece como la figura que conectaría dicha causa con la que instruye, en paralelo, el magistrado José Luis Calama sobre el polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra por valor de 53 millones de euros, por parte de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales).

Villalobos no se encuentra imputado en la pieza abierta en el Juzgado de Instrucción Central que dirige el juez José Luis Calama y salpica de corrupción a Zapatero, pero cabe recordar que el propio Pedraz abrió diligencias preliminares contra él, en septiembre de 2025, en cumplimiento de una comisión rogatoria cursada desde Suiza -donde operaba el broker holandés considerado 'cerebro' financiero de la trama de la aerolínea- que a su vez mantiene abierto otro procedimiento por blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. El país caribeño continúa en el epicentro de los tribunales españoles y, ahora, también, en el asunto relativo a la guerra sucia socialista, en sede doméstica, con la presencia de Villalobos en los papeles de la UCO.

No en vano, el atestado policial se centra en el análisis de varios correos internos, fechados en julio de 2020, y en una anotación hallada entre las famosas agendas incautadas a la exmilitante Leire Díez, en los que la fontanera registraba su actividad, necesaria para lograr el presunto encargo de Santos Cerdán, entonces número 3 de Ferraz, para neutralizar las causas de corrupción que salpican al Gobierno y al entorno más directo de Pedro Sánchez, previo chantaje de algunos de los jueces, fiscales y guardias civiles dedicados a investigarlas.

El asunto de los mensajes pone sobre la mesa, de manera explícita, el interés de Díez en el «expediente» de nacionalidad de Villalobos, por el que llegó a interesarse la hermana del ministro Óscar Puente, Sofía Puente, entonces al frente de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y artífice de la instrucción sobre la ley de nietos.

Los destinatarios de los dos correos en los que Puente «pregunta» sobre el estado de la nacionalización del ex alto cargo chavista –investigado en España por presunto blanqueo de capitales de la petrolera venezolana PDVSA y por sus relaciones la empresa Duro Felguera–, el sistema de registro y acceso al dossier electrónico del trámite, los funcionarios que intervinieron en el proceso, la propuesta de resolución y la resolución final fueron obtenidos por la UCO en su visita del pasado 9 de junio a la sede del Ministerio de Presidencia, por orden de Pedraz.

Para Villalobos, a quien se le atribuye haber recibido al menos 105 millones de dólares a través de sociedades interpuestas para facilitar contratos de una central termoeléctrica y que fue detenido en España en 2017, previa cooperación con Estados Unidos, su pasado judicial le dificultaba obtener la nacionalidad en nuestro país. De ahí que, presuntamente, la cloaca se moviese con la intención de agilizar el procedimiento o, al menos, desbloquearlo, si bien cabe decir que fue sin éxito.

El exministro chavista presentó hasta tres solicitudes. La primera, en base a criterios de residencia, en febrero de 2017, que le fue denegada en julio de 2020. La segunda, también por residencia, en abril de 2024, se rechazó en octubre de 2025 por no cumplir los requisitos, entre ellos no contar con antecedentes policiales y judiciales. La tercera, al amparo de la Ley de Memoria Democrática, fue estimada el 21 de abril de 2025 e inscrita en octubre de ese año. Solo entonces, el Gobierno accedió a otorgarle la condición en base a la legalidad vigente. Una vía a través de la cual se destapó la trampa de la paralizada ley de nietos.

Sin embargo, para los los investigadores de la UCO, lo relevante es que Leire Díez, y el abogado Ismael Oliver, letrado de Villalobos y también imputado por la guerra sucia del PSOE, habrían intentado favorecer sus intereses durante la tramitación de la nacionalidad, con posibles gestiones ante «Félix» –en referencia al ministro de Justicia Félix Bolaños, del que también colgaba Sofía Puente– a través de Santos Cerdán.

El sumario judicial recoge, incluso, una mención a la posibilidad de abonar 300.000 euros al fiscal anticorrupción José Grinda para que archivara los procedimientos penales contra Villalobos y facilitara información delicada sobre el fiscal jefe Alejandro Luzón.

Un personaje, dos investigaciones

Cabe recordar que los investigadores, bajo la dirección jurídica del juez José Luis Calama, consideran que la derivada venezolana de la trama que salpica al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero podría situarse, para el rescate público de Plus Ultra –16 de los 53 millones concedidos a la aerolínea, según las pesquisas– en estructuras societarias vinculadas a una presunta red de blanqueo de capitales, con epicentro en Suiza (donde se sigue el rastro económico de Villalobos, Reino Unido y Gibraltar. Todos ellos países que, supuestamente, utilizaron fondos procedentes del saqueo de recursos venezolanos, como oro o materias primas de gran valor.

En este contexto, tanto al magistrado instructor, como a la UCO, les ha llamado la atención cómo un expediente administrativo de nacionalización, aparentemente rutinario, se ha convertido en pieza relevante en una investigación de la Audiencia Nacional con algunas derivadas y conexiones, todavía, por determinar.

Y, mientras el juez Pedraz trata de averiguar si existió un delito de tráfico de influencias, desde las 'cloacas', para acelerar o condicionar la españolidad de Villalobos; Calama sigue el rastro del dinero que según la UDEF, salió de la SEPI hacia el rescate de Plus Ultra y otras cuatro empresas, bajo sospecha, acabando en destinos societarios con vínculos en Venezuela.

Si bien el último atestado no cierra el círculo en ninguno de los dos casos, sí ha añadido un nombre institucional –el de la hermana de un ministro– al listado de personas que, de acuerdo con el material analizado por la Guardia Civil, se interesaron por el destino de un exalto cargo chavista investigado por blanqueo.