El PP subraya que los documentos del PSOE desvelados por El Debate «certifican» el plan de Sánchez para «alterar» el censo

El Debate publicó esta semana una información en la que Isabel Durán desvelaba los documentos del PSOE que ponían de manifiesto la estrategia de Pedro Sánchez, tanto en el partido como ya en el Gobierno, para cambiar el voto exterior y «recuperar el espacio político perdido», como se ve en lo que se recoge en las Memorias de Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, en el programa electoral de 2023 o en las ponencias marco de sus congresos, por ejemplo.

Así, desde el Partido Popular, remarcan que estos documentos «certifican» que Sánchez tenía un plan para «alterar» el censo electoral y que la intención era ponerlo en marcha en las elecciones de 2027 y así «garantizarse una posibilidad de mantenerse en el poder -denuncian fuentes populares- a costa de conceder el voto a millones de personas que nunca han pisado España». El objetivo de todo ello, subrayan fuentes populares: «'dopar' el censo electoral para favorecer a un PSOE herido de muerte».

Estas fuentes destacan una de las cuestiones que se recoge en la Ponencia Marco del 40º Congreso Federal, en octubre de 2021, en la que entonces Ferraz cifraba ya «en más de 2,6 millones los españoles residentes fuera y reivindicaba tanto a quienes emigraron como a quienes «han nacido fuera de nuestras fronteras», con inclusión expresa de «los nietos de españoles» en los casos contemplados» por el proyecto de ley de Memoria Democrática, que se aprobaría un año después. Una norma que cuando se votó fue rechazada entre otros por el PP, que además recalca que cuando gobierne la derogará.

«Es evidente que no hay nada casual en el PSOE de Sánchez. Todo tiene su porqué y su fin», afirman desde Génova, haciéndose eco también de otra información que publica este periódico, de Alejandro Entrambasaguas, en la que se desvela que un enviado de Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz, le enseñó a un narcotraficante la rutina de la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez para «darle un sustillo»: «Defienden al hermano en los platós y buscan a la mafia para amedrentar a la juez que lo investiga», critican.

En el caso de la ley de nietos, estas fuentes señalan que el porqué es una «supuesta causa justa», que tiene que ver con una cuestión sentimental de quienes tuvieron que exiliarse por razones políticas, y el fin, concederles la nacionalidad con el derecho a voto. Sin embargo, niegan que exista esa «causa justa» en tanto que «el número de personas que se marcharon por razones políticas no tiene nada que ver con los cientos de miles que pretende colar el Gobierno» con la instrucción de Sofía Puente, hermana del ministro Óscar Puente, del 25 de octubre de 2022. Y aseguran que el fin es «'dopar' el censo electoral para favorecer a un PSOE herido de muerte».

Desde el PP denuncian que Sánchez busca «una resurrección electoral con trampas y artimañas normativas de tahúr para evitar su defunción política en las generales». No obstante, aseguran que no permitirán que pase «por encima de la Constitución, de la ley y de los españoles».

El partido de Alberto Núñez Feijóo, en su ofensiva en las Cortes sobre la ley de nietos, llevará al Pleno del próximo martes en el Senado una moción consecuencia de la interpelación urgente que dirigió al ministro Félix Bolaños la semana pasada donde recogen una docena de exigencias para el Gobierno, entre ellas que se garantice que la aplicación de la ley de nietos se ajusta «estrictamente» a los supuestos que establece la ley y que se revise de oficio la instrucción de Sofía Puente para garantizar que «no realiza una interpretación que exceda de la potestad interpretativa de la Administración».

El PP subraya en su texto parlamentario que la incorporación de nuevos españoles al registro CERA debe hacerse con «todas las garantías de identificación, trazabilidad y adscripción territorial», y reclama que la adquisición de la nacionalidad esté sujeta a procedimientos «rigurosos, transparentes y homogéneos, con plena seguridad jurídica y con criterios que puedan ser conocidos y fiscalizados por las instituciones».