El juez Pedraz investiga el papel de la Fiscalía en la querella contra las 'cloacas' por los ataques a la juez del hermano de Sánchez

El fiscal jefe provincial de Badajoz, José Luis Alonso Tejuca, respondía al juez Santiago Pedraz, en un oficio del pasado 7 de septiembre de 2026, al que ha tenido acceso El Debate, al requerimiento de la Audiencia Nacional en el que, unos días antes, el instructor de la causa de las 'cloacas' socialistas reclamaba información sobre el expediente gubernativo del Ministerio Público, y las comunicaciones internas del equipo de Fortuny, relativo a las diligencias abiertas contra Leire Díez por sus presuntas maniobras para amedrentar a la juez del hermano de Pedro Sánchez, Beatriz Biedma, que ahora han salido a la luz.

En el documento, Tejuca ha aclarado ahora a Pedraz que la mayor parte de la documentación judicial con la que se trabaja a nivel interno en la institución se extrae del Visor Horus, competencia de los órganos judiciales y que, por eso las denuncias y anexos enviados no constan con la certificación de autenticidad de su Secretaría. Así como, trata de explicar por qué en las capturas enviadas desde la Fiscalía General del Estado, sobre el procedimiento, solo constan las resoluciones judiciales y los dictámenes e informes propios, pero no el resto de la documental.

Y es que, a medida que avanza la causa contra las 'cloacas' socialistas en la Audiencia Nacional -que este mismo lunes admitía la personación de la juez Biedma como perjudicada, a instancias de la Fiscalía- se ha bifurcado la investigación que dirige el juez Pedraz sobre las presuntas maniobras de la cúpula de Ferraz para interferir en las causas judiciales de corrupción que salpican al entorno del Gobierno, incluido el procedimiento que instruyó la magistrada extremeña contra David Sánchez, hermano del presidente: y, los contactos con un clan de narcotraficantes para «darle un sustillo».

Una serie de hechos que motivaron una querella en la que Hazte Oír señalaba a Díez y a su colaborador en la zona, el ex magistrado inhabilitado Luis José Sáenz de Tejada, de intentar recabar información comprometedora con la que presionar y chantajear a la instructora para apartarla del caso. Ahora, la Audiencia Nacional analiza si los fiscales de Badajoz o el que fuera mano derecha del ex fiscal general del Estado condenado Álvaro García Ortiz, Diego Villafañe, dieron instrucciones para que se archivasen, sin más esfuerzo, las acciones legales planteadas. Una sospecha que Villafañe niega y que, de acuerdo con la versión oficial, limita el papel de la Fiscalía a una cuestión de competencia territorial, que derivó en la remisión del material a Madrid.

Cabe recordar que, en el partido judicial de Badajoz se tramitaron dos procedimientos. Las Diligencias Previas 929/25, en el Tribunal de Instancia de Instrucción plaza 2, que partieron de la querella de la Asociación Hazte Oír contra Díez y el exmagistrado Sáenz de Tejada Vallejo, gestionadas por el fiscal Diego Yebra Rovira. Las Diligencias Previas 900/25, en la plaza 4, instadas a raíz de la denuncia del colectivo Manos Limpias contra Díez, Sáenz de Tejada y el empresario Javier Pérez Dolset, colaborador habitual de la primera, que recayeron en la fiscal Soledad Lavado Asensio.

Ambos procedimientos entraron en Fiscalía el 17 y el 18 de junio de este año, respectivamente En el primero, Yebra Rovira emitió informe sobre la cuestión de la competencia territorial, tres días después, motivando un auto de inhibición del juez de turno al Decanato de Madrid. En el segundo, tras la abstención de la magistrada que la Audiencia Provincial no estimó justificada, Lavado Asensio emitió dictamen el 9 de julio e informe el 11 de julio pidiendo la inhibición a Madrid y la acumulación de las pesquisas con las otras planteadas, en un mismo asunto, que la jueza acordó ese mismo 11 día.

Ahora, el oficio enviado por el superior de ambos fiscales, el jefe de la provincial de Badajoz Alonso Tejuca, recoge las comunicaciones internas que se produjeron en dichos días. Así las cosas, el 19 de junio, Yebra Rovira envió al fiscal jefe por correo electrónico a las 9:22 y por WhatsApp a las 9:39 la querella que originó las DP 929/25, añadiendo a media mañana el informe de competencia territorial. El 20 de junio, Diego Villafañe Díez, entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, envió un documento teórico titulado «Querella temeraria Hazte Oír Badajoz» con jurisprudencia. El fiscal jefe lo reenvió por WhatsApp a Yebra Rovira. Este elaboró un informe ampliado («inf.competencia. territ ampliado»), que envió a su jefe a las 12:54. De nuevo, Tejuca, lo rebotó a Villafañe a las 15:02, con acuse de recibo a las 18:34.

Como consecuencia de lo anterior, el juez instructor asumió el criterio del fiscal y se inhibió a favor de Madrid, si bien en el conjunto de los documentos aportados desde la Fiscalía al juez Pedraz no constan capturas de los WhatsApp con Villafañe, quien llegó a estar investigado en el Supremo por su presunta implicación en el caso de la revelación de datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, porque su móvil tiene activado el temporizador de 24 horas, para este tipo de comunicaciones.

Por su parte, desde la Fiscalía General del Estado afirman que en estos asuntos solo se usó el correo corporativo Outlook, como medio de comunicación, sin que consten notas internas, convocatorias, reuniones, videoconferencias ni oficios (estos últimos se tramitan en sede judicial) de ningún tipo. Tampoco existen visados preceptivos del fiscal jefe sobre los informes de competencia territorial, ni se ha podido aportar registro de las llamadas que se produjeron en esos días ya que el Ministerio Público, como tal, no tiene acceso a los teléfonos fijos -que son titularidad de la Gerencia Territorial de Justicia- y el móvil personal del fiscal jefe solo conserva, casualmente, los registros posteriores al 21 de junio de 2026. Si bien es cierto que no ha cambiado de terminal en tres años.