Ilustración sobre el voto CERA y la ley de nietos
Unas elecciones marcadas por la decisión del Supremo de paralizar el voto para nacionalizados por la ‘ley de nietos’
la convocatoria de elecciones generales el próximo 29 de noviembre llega con la maniobra para incorporar miles de votos a través de la ley de nietos en el aire. La decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de paralizar de forma cautelarísima el voto CERA (Censo de los Electores Residentes-Ausentes que viven en el extranjero) correspondiente a los nuevos inscritos bajo la Ley de Memoria Democrática (conocida popularmente como la «Ley de Nietos») marca un hito institucional de enorme trascendencia en el panorama político y electoral español. La medida adoptada por el alto tribunal responde de manera directa a una serie de exclusivas periodísticas y rigurosas investigaciones publicadas por El Debate, las cuales pusieron de manifiesto el riesgo inminente de una alteración masiva e irregular del censo de votantes en el exterior de cara a los próximos comicios.
Las revelaciones de El Debate
La controversia surge de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que permitía a los descendientes de españoles exiliados solicitar la nacionalidad. Investigaciones de El Debate señalaron fallas administrativas y colapsos en consulados de América Latina, advirtiendo sobre la inclusión en el censo CERA de ciudadanos sin verificar rigurosamente los requisitos legales, lo que la oposición interpretó como un intento del Ejecutivo de sumar votantes favorables.
El recurso judicial y el Tribunal Supremo
Ante estas denuncias, formaciones políticas como PP y Vox y entidades como Iustitia Europa acudieron a la justicia. El Tribunal Supremo admitió medidas cautelares contra los decretos de instrucción, aplicando la doctrina del «periculum in mora» para salvaguardar la limpieza del proceso democrático y evitar un daño irreversible en los resultados electorales mientras se esclarecen las irregularidades.
El censo CERA creció notablemente con más de 200.000 nuevos electores de América, un voto clave para definir escaños en provincias con alta emigración. Políticamente, la oposición celebró la decisión como un freno a irregularidades, mientras el Gobierno defendió la legalidad de los expedientes y criticó la medida judicial.
La suspensión temporal busca evitar la desestabilización del sistema democrático, un desenlace impulsado por la fiscalización periodística de El Debate. Ahora corresponde a la Junta Electoral Central revisar los listados mientras el Supremo resuelve el fondo del asunto.