Los seis vocales de la Asociación mayoritaria de Fiscales en el Consejo muestran su «apoyo y solidaridad» con la jueza Biedma

apenas 24 horas después de que fracasase el apoyo unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en apoyo a los jueces y magistrados que sufren «presiones» por encontrarse a cargo de las causas de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno, los seis vocales de la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF) en el Consejo Fiscal han expresado su «apoyo y solidaridad con la magistrada Beatriz Biedma» –la que fuera instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez que acabó condenado a nueve años de inhabilitación– «ante las informaciones conocidas sobre posibles actuaciones de intimidación relacionadas con el ejercicio de su función jurisdiccional».

«La defensa de la independencia judicial constituye un mandato constitucional que el artículo 124.1 de la Constitución encomienda expresamente al Ministerio Fiscal, al atribuirle la misión de velar por la independencia de los tribunales», arranca la nota a la que ha tenido acceso El Debate.

«La independencia judicial es una garantía esencial del Estado de Derecho y pertenece al conjunto de los ciudadanos, que tienen derecho a que los asuntos sometidos a los órganos jurisdiccionales sean resueltos sin injerencias, presiones ni condicionamientos ajenos a la ley», continúa.

«Por ello», los vocales del CF Ana López Riera, Esther Moreno Amaya, José Francisco Ortiz Navarro, Macarena Ortiz Tejonero, Javier Ródenas Molina y Alberto Rodríguez Fernández han querido mostrar su rechazo a las «posibles actuaciones de presión o intimidación sobre quienes ejercen la jurisdicción», que se han ido conociendo a través de los medios de comunicación, y que, a su juicio, «merecen una respuesta institucional presidida por la serenidad, la firmeza y el respeto a las garantías del Estado de Derecho».

«La prudencia exigible ante una investigación en curso no puede confundirse con indiferencia ante hechos que, de confirmarse, comprometerían gravemente las condiciones en que debe administrarse justicia», afean los seis vocales de la AF en el Consejo Fiscal.

Y, aclaran que «expresar nuestra solidaridad con una magistrada no supone anticipar conclusiones sobre los hechos investigados, atribuir responsabilidades ni sustituir la actuación de los órganos competentes. Supone recordar una exigencia elemental: ningún juez debe verse obligado a ejercer su función bajo la presión o la amenaza de quienes pretendan condicionar sus decisiones». Cabe recordar que no anticipar posiciones en una causa todavía en fase de instrucción, como la que dirige Pedraz y en la que está personada Biedma como perjudicada, fue una de las razones por las cuales, este miércoles, los nueve miembros del sector izquierdista del CGPJ se negaron a firmar un texto en su apoyo.

«La independencia judicial no admite excepciones por razón del asunto enjuiciado, de las personas afectadas ni de la repercusión pública de las decisiones. Su defensa no es una opción de oportunidad, sino una exigencia permanente del Estado de Derecho y una responsabilidad que incumbe a todas las instituciones llamadas a preservarlo», concluye el comunicado de los vocales de la Asociación de Fiscales.