La otra asociación que instó al Defensor a frenar las cautelares del Supremo colaboró con el PSOE para nacionalizar

La ofensiva para levantar las medidas cautelares del Tribunal Supremo sobre el voto de los nacionalizados por la ley de nietos tiene otra protagonista con estrechas relaciones documentadas con el PSOE. Además del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), cuya actuación ante el Defensor del Pueblo ha sido cuestionada por representantes de los propios emigrantes, otra asociación argentina instó a Ángel Gabilondo a acudir al Tribunal Constitucional para restablecer los efectos electorales suspendidos: el Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU). La organización compartió sede y sistema de citas con el PSOE de Buenos Aires para asesorar a los solicitantes de nacionalidad y participó en las gestiones políticas que precedieron a la controvertida Instrucción de Sofía Puente.

La coincidencia de actuaciones resulta significativa. El 13 de octubre, el CGCEE pidió al Defensor que recurriera al Constitucional. Al día siguiente, CeDEU dirigió al Defensor del Pueblo un escrito firmado por su presidente, Juan Manuel de Hoz, con intervención del abogado Eduardo Ranz, solicitando un recurso urgente de amparo ante el Constitucional. Dos días después, Gabilondo presentó el recurso de amparo y solicitó medidas cautelarísimas para levantar la suspensión acordada por el Supremo. El lunes 19, la Sección Cuarta del Constitucional elevó al Pleno la decisión sobre su admisión y las medidas urgentes. La actuación del Defensor coincide con las pretensiones de ambas entidades y con la posición procesal defendida por la Abogacía del Estado y la Fiscalía, aunque no consta coordinación entre ellas.

Hay otra circunstancia que llama la atención. En su comunicado oficial del 16 de octubre, el Defensor del Pueblo justificó su decisión de acudir al Constitucional después de recibir peticiones de «particulares y entidades», pero no identificó a ninguna de las organizaciones que le habían instado a actuar, pese a que CeDEU y el CGCEE habían hecho públicas sus solicitudes. Aunque la institución no está obligada a revelar la identidad de todos los reclamantes, sí ha identificado promotores de iniciativas en otras ocasiones. La falta de transparencia resulta especialmente relevante en una actuación que pretende dejar sin efecto las cautelares acordadas por el Supremo y que coincide con la posición defendida por la Abogacía del Estado y la Fiscalía. ¿Qué entidades solicitaron exactamente la intervención de Gabilondo, cuándo registraron sus escritos y qué argumentos aportaron? Son preguntas que el comunicado oficial deja sin responder.

La identidad de esta segunda asociación y sus relaciones con el partido del Gobierno son reveladoras. CeDEU mantiene interlocución con el PSOE desde 2017, organizó conjuntamente con los socialistas argentinos asesorías para obtener la nacionalidad española y defendió ante Justicia una interpretación expansiva de la Ley de Memoria Democrática. Su portavoz, Juan Manuel de Hoz, reconoció que tuvieron que aumentar la presión política hasta conseguir que «primó por suerte la decisión política». Cuatro años después, la misma asociación solicita que se levante la suspensión de los efectos electorales de aquella ampliación.

El PSOE puso la sede y CeDEU el asesoramiento

El 26 de noviembre de 2022, apenas un mes después de publicarse la Instrucción de Sofía Puente, el PSOE de Buenos Aires anunció un servicio gratuito de asesoramiento sobre la nueva normativa de nacionalidad. La iniciativa se desarrollaba con CeDEU en la sede socialista de la calle Juan Domingo Perón 940, en la capital argentina. El comunicado llevaba tres firmas: Lorena Suárez, secretaria general del PSOE de Buenos Aires; Gustavo López Pardo, secretario de Organización; y Juan Manuel de Hoz, portavoz de CeDEU.

La colaboración continuó y ambas organizaciones publicaron nuevos comunicados conjuntos para comunicar los turnos e incluso tras sufrir su plataforma un ataque informático. En resumen, el PSOE argentino y CeDEU compartieron instalaciones, organización y una herramienta para gestionar las solicitudes de asesoramiento de los potenciales beneficiarios de la ley. La colaboración operativa entre la asociación y la estructura territorial del partido del Gobierno está sobradamente acreditada.

Pilar Cancela, una relación desde 2017

Una acreditación que va más allá. Los contactos entre CeDEU y el PSOE se remontan a octubre de 2017. Pilar Cancela, entonces responsable federal de Políticas Migratorias y PSOE Exterior, mantuvo reuniones con representantes de la organización, entre ellos Danthe Menes y María de los Ángeles Ramil. En diciembre de 2018 volvió a reunirse con CeDEU durante una gira por Argentina y Uruguay, según informó el propio PSOE. En febrero de 2020, Danthe Menes y Tomás Molina Petrocco viajaron a Madrid para reclamar una legislación más amplia sobre nacionalidad. Cancela calificó el encuentro de «empático y fructífero».

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa con un plan para conquistar el voto exterior y Cancela fue una de las principales responsables de ejecutarlo desde la dirección del PSOE Exterior, con la colaboración de asociaciones como CeDEU. Como desveló El Debate en «Los papeles del PSOE», los documentos internos socialistas reconocían las posibilidades «enormes» de expansión política mediante la supresión del voto rogado, la nacionalidad de los descendientes de españoles y la incorporación de nuevas generaciones a sus agrupaciones. La investigación sobre el plan diseñado para conquistar el voto exterior reconstruyó sus antecedentes y objetivos, mientras que el mapa de las redes de la Internacional Socialista y el Grupo de Puebla documentó su proyección iberoamericana. Cancela, interlocutora de CeDEU desde 2017, se incorporó al Grupo de Puebla en febrero de 2022, ampliando sus conexiones políticas con dirigentes de la izquierda latinoamericana.

Los siete días que cambiaron la ley

En julio de 2022, antes de aprobarse la ley, el CGCEE reconocía por escrito que conocía la propuesta de instrucción remitida por CeDEU al Ministerio de Justicia. El 18 de octubre, Juan Manuel de Hoz y Danthe Menes participaron, junto a otras asociaciones, en una reunión con la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que comunicó un criterio restrictivo y aseguró que la Instrucción se ceñiría al texto aprobado por las Cortes. El 20 de octubre, Sofía Puente firmó una primera Instrucción que mantenía la exigencia del exilio y nunca se publicó en el BOE. Cinco días después firmó otra que separaba el acceso a la nacionalidad en dos vías, permitiendo acogerse a descendientes de españoles sin acreditar el exilio de sus ascendientes. Una modificación de extraordinaria trascendencia jurídica mediante una disposición administrativa de rango inferior a la ley. El Debate desveló el cambio de criterio, la primera Instrucción y la resistencia de varios consulados a aplicar la ampliación.

La explicación política la proporcionó el propio De Hoz cuando reconoció que tuvieron que «aumentar presión» y volver a trabajar con responsables del PSOE hasta que «primó por suerte la decisión política». Atribuyó un papel relevante a Pilar Cancela.

La vía al Constitucional

El Debate ha publicado este martes la denuncia de Raquel Hornero, presidenta en funciones del CRE de Nueva York, quien acusa al CGCEE de actuar como un «apéndice del Gobierno» y de atribuirse una representación de los españoles residentes en el extranjero que, a su juicio, excede sus competencias. Las solicitudes de CeDEU y del CGCEE coinciden con la estrategia jurídica de la Abogacía del Estado y la Fiscalía ante el Supremo y ambas han urgido al Defensor del Pueblo a que el Constitucional paralice las cautelares del Supremo.

La conexión política alcanza también a la defensa jurídica de CeDEU ante el Supremo. Según el comunicado de la propia asociación, recogido por La Región Internacional, las alegaciones fueron presentadas por el abogado Eduardo Ranz y el procurador Juan Manuel Caloto, a quienes vincula con el equipo del exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, cuya colaboración agradece expresamente. Martín Pallín cuenta con una trayectoria pública de participación en iniciativas de la izquierda: firmó el manifiesto «Una ilusión compartida» y figuró entre los impulsores iniciales de la plataforma Actúa, promovida por Baltasar Garzón y Gaspar Llamazares, aunque posteriormente se distanció de su transformación en partido político. No consta afiliación orgánica al PSOE ni que haya intervenido personalmente en la redacción de las alegaciones. La asociación que colaboró con el PSOE argentino para asesorar sobre la nacionalidad y presionó a Justicia para ampliar la Ley de Nietos ha acudido ahora a los tribunales con profesionales a los que ella misma vincula con un exmagistrado de conocida trayectoria en iniciativas de izquierda.

La institución presidida por Gabilondo debe aclarar si CeDEU y el CGCEE fueron las únicas organizaciones que solicitaron su intervención o si hubo otras, quiénes eran y cuándo presentaron sus escritos. Porque si fueron las únicas, la coincidencia resulta especialmente significativa: dos entidades que han intervenido en la ampliación de la Ley de Nietos o en su defensa institucional y que ahora pretenden que el Constitucional levante las cautelares del Supremo. No serían simples espectadores de la controversia, sino actores implicados en la gestación o defensa de la política de nacionalizaciones cuyos efectos electorales están bajo examen judicial. Y queda una última pregunta para Ángel Gabilondo: ¿por qué el 12 de octubre aseguró a El Debate que el Defensor del Pueblo no podía recurrir mientras una causa estuviera sub iudice y apenas cuatro días después presentó un recurso de amparo ante el Constitucional contra las cautelares de esa misma causa?