El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares
Varios consulados se resistieron a aplicar la ampliación de la ley de nietos por considerarla contraria a la ley y Exteriores les ordenó acatarla
El cambio de criterio de la directora general Sofía Puente llegó con la norma ya en vigor: cuatro días antes había rechazado por escrito ampliar la ley. La instrucción está recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde 2022 y acumula dos querellas por prevaricación, sobre las que rige la presunción de inocencia
El Debate documentó ayer el cambio de criterio exprés y por escrito de Sofía Puente, en solo cuatro días, sobre el alcance de la ley de nietos. La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática reservaba la nacionalidad a los descendientes del exilio político. La Comisión de Derechos Civiles del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, el Centro de Descendientes de Españoles Unidos y varias asociaciones de hijos y nietos protestaron porque, con esa delimitación, los beneficiarios serían muy pocos, y pidieron que se diera cabida a cualquier exiliado, como había afirmado ante la colectividad argentina Pilar Cancela, entonces secretaria de Estado de Cooperación Internacional y responsable del PSOE en el exterior.
La directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública respondió por escrito con una contundente negativa: «Las propuestas enviadas por CEDEU e Hijos y Nietos de España se están valorando, pero la instrucción se ceñirá siempre al texto de la ley que ha sido aprobada el 5 de octubre de 2022 en el Senado». Cuatro días más tarde firmó una instrucción que decía lo contrario y amplió la nacionalidad en el sentido reclamado por Cancela.
Varios consulados pidieron entonces aclaración al Ministerio de Asuntos Exteriores, al considerar que la disposición no era conforme a la ley. El departamento de José Manuel Albares respondió días después que debían aplicarla tal como la había fijado la directora general. El argumento para desarrollar la ley por esa vía fue que la disposición adicional octava, tal como la aprobaron las Cortes, solo alcanzaba a unos pocos miles de personas.
El intento de fabricar funcionarios dóciles
El rigor de esos funcionarios lo subraya el propio cuerpo. Alberto Virella, presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles, sostiene ante El Debate que el acceso a la Función Pública por oposición hace que los funcionarios interioricen la normativa de su cuerpo y que «la prioridad es el respeto a la ley, a la legalidad, así como el servicio a los intereses generales», hasta el punto de considerar «innecesario que se nos recuerde algo que lo tenemos profundamente enraizado». Virella advierte, sin embargo, de intentos «de desnaturalizar el sistema de oposiciones, de hacerlo mucho menos riguroso» y de sustituir «las exigencias de los exámenes y pruebas puramente objetivas por elementos subjetivos», algo que teme que pueda ser «una vía de colonización partidista de la Administración General del Estado».
El malestar llegó también a la representación sindical. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exigió el 1 de julio reforzar de urgencia los consulados en Latinoamérica ante el «riesgo de colapso» y cuestionó que se recurra a personal externo de empresas públicas como Ineco, en Argentina, o la cubana Palco, dependiente del Gobierno de la isla, para tramitar los expedientes, como reveló en sendas exclusivas este medio. «No compartimos que se ofrezca la posibilidad a empresas de terceros países para validar documentos», señaló el sindicato, que recordó que «la legislación española establece que el ejercicio de funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de los intereses generales está reservado exclusivamente a los funcionarios de carrera».
El nerviosismo del Ejecutivo se manifiesta en la defensa de los sindicatos amigos. FAC-USO ha remitido esta semana a la red consular, a la que ha tenido acceso El Debate, en el que asegura taxativamente que se está aplicando «una ley aprobada por las Cortes Generales, conforme a procedimientos reglados».
Las prisas de Sánchez: demandas, querellas criminales y denuncias a la JEC
Al cambio radical de Puente se sumó la prisa. La Ley de Memoria Histórica de 2007 aplazó un año, por decisión expresa de su disposición final, la entrada en vigor del artículo de la nacionalidad, «con excepción de la Disposición Adicional Séptima, que lo hará al año de su publicación», y la Dirección General de los Registros y del Notariado publicó las normas de procedimiento un mes antes de que pudiera ejercerse el derecho. La ley de nietos hizo lo contrario: la Ley 20/2022 entró en vigor al día siguiente de publicarse, sin excepción para la disposición adicional octava, y la instrucción de Puente se publicó el 26 de octubre, con la norma ya aplicándose. En 2008 las instrucciones llegaron un mes antes de la primera solicitud; en 2022, cuando ya se estaba solicitando.
La misma instrucción está impugnada. En diciembre de 2022, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid un recurso que pide declararla nula de pleno derecho por haber sido dictada por «órgano manifiestamente incompetente», ya que la ley atribuye el desarrollo normativo al Gobierno mediante reglamento del Consejo de Ministros, y no a una dirección general. El tribunal lo admitió a trámite por auto de 20 de diciembre de 2022 y más de tres años después sigue sin resolverlo. La nulidad arrastraría los actos dictados a su amparo, en torno a 545.000 expedientes ya resueltos según el Ministerio de Justicia.
Esta semana, Hazte Oír ha presentado una segunda querella por prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, pendiente de admisión. Sostiene que la instrucción presumió la condición de exiliado de todo el que salió de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, y considera «materialmente imposible» redactar dieciocho páginas en los días transcurridos desde la publicación de la ley. La primera querella presentada por otra asociación en 2022 fue archivada. A ello se suman dos denuncias ante la Junta Electoral Central por el efecto sobre el censo del voto exterior.
El plazo se cerró en octubre de 2025, tras la prórroga de julio de 2024, con la mayor bolsa de solicitantes del mundo en Buenos Aires, 645.052 según las cifras oficiales. Ningún miembro del Gobierno ha explicado en sede parlamentaria por qué en 2007 se juzgó necesario un año de preparación y en 2022, ante un derecho equivalente, se aplicó de inmediato y por una instrucción que cambió de criterio en cuatro días y hoy está recurrida, a pesar de la solicitud de comparecencia urgente de Albares realizada esta semana por el Partido Popular.
En relación a esta información, un portavoz del Ministerio de Exteriores ha enviado el siguiente punto de vista: «El Ministerio de Asuntos Exteriores desmiente tajantemente que ningún consulado se opusiera o resistiera a aplicar la Ley de Memoria Democrática. Los consulados actúan siempre en cumplimiento de la legislación vigente. El Ministerio de Asuntos Exteriores rechaza este ataque a la profesionalidad y honorabilidad de los funcionarios y personal consular».
