El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el caso Koldo
El juez del caso Plus Ultra pide prorrogar la instrucción para practicar más diligencias
El pasado viernes, la investigación dio otro vuelco cuando la Fiscalía Anticorrupción planteó investigar también a Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra ha pedido a las partes prorrogar el plazo de instrucción, que acabaría el próximo 28 de noviembre, al estar pendientes de practicar diversas diligencias de investigación que no sería posible concluir antes de dicha fecha.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, el juez José Luis Calama ha acordado, en conformidad con la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dar audiencia al Ministerio Fiscal y las demás partes personadas por un plazo de cinco días para que aleguen sobre la procedencia de acordar esta prórroga.
El juez Calama investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como presunto «vértice» de una supuesta red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra, en el marco del préstamo público de 53 millones de euros que obtuvo en 2021.
El juez sospecha que la presunta trama habría canalizado los beneficios económicos hacia el también exlíder socialista y «su entorno más próximo» y, junto a él, también figuran como investigadas sus dos hijas y su secretaria.
El pasado viernes, la investigación dio otro vuelco cuando la Fiscalía Anticorrupción planteó investigar también a Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas «de muy significativo valor» encontradas en su despacho cuando dejó la Presidencia.
«El investigado José Luis Rodríguez Zapatero viene a reconocer que siendo Presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia», expone la fiscal María Elena Lorente. Por ello, la fiscal considera que, «de ser cierta su versión, resultaría que el origen de las joyas podría implicar la comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido» por el expresidente, y que éste no habría prescrito.
