Hazte Oír pide preservar la mensajería y los registros electrónicos de los expedientes de nacionalización de los 'nietos'

Una nueva ampliación de la querella admitida a trámite por la jueza madrileña Inmaculada Lova, contra Sofía Puente, sobre las instrucciones administrativas dictadas desde el Ministerio de Justicia, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que permitieron nacionalizar a los 'nietos' descendientes de españoles, en base a una ampliación -presuntamente ilegal- de La Ley de Memoria Democrática, ha llevado a la entidad Hazte Oír a solicitar la práctica de nuevas pruebas y el aseguramiento de evidencias relevantes para las pesquisas en curso.

En el escrito, consignado en el juzgado por HO, al que ha tenido acceso El Debate, se incorporan hasta diez hechos nuevos relacionados con estas prácticas irregulares que han llevado al Supremo a suspender, cautelarísimamente, el censo de votantes CERA (residentes ausentes) de cara a las elecciones generales del próximo 29-N, lo que ha llevado al Gobierno a agilizar los trámites de identificación individualizada de los afectados, bajo la advertencia de sanciones personales y responsabilidades penales del Alto Tribunal para con los responsables políticos del mandato: el ministro de Exteriores, José Manuel Albares y el de Justicia, Félix Bolaños.

Además, los querellantes han incorporado quince nuevos documentos que vendrían a apuntalar las sospechas del 'pucherazo' del Gobierno, en la materia.

Para ello, consideran imprescindible incorporar al sumario expedientes, comunicaciones y documentación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En el mismo sentido, también, preservar «urgentemente» los registros electrónicos y la mensajería relacionados con estos hechos bajo la lupa de la magistrada.

El documento de Hazte Oír profundiza, sobre todo, en el cambio de criterio detectado entre las instrucciones dictadas los días 20 y el 25 del mes de octubre de 2022; y, en un oficio dirigido al Consulado de Montreal (Canadá) que, según sostiene la representación jurídica de la entidad, habría permitido, a los beneficiarios de la españolidad, prescindir de documentos acreditativos de la salida de España de sus ascendientes.

También han pedido a la jueza que investigue presuntas irregularidades localizadas en expedientes tramitados en México, por las fechas consignadas en solicitudes, y esclarecer el alcance de las nacionalizaciones derivadas a los hijos mayores de edad de los votantes suspendidos y sus efectos electorales, de cara a los comicios del próximo domingo 29 de noviembre.