La Junta Electoral Central aún no ha levantado la suspensión de MiDNI para votar el 29-N

La Junta Electoral Central todavía no ha levantado la suspensión de MiDNI como medio de identificación ante la mesa electoral. A veinticinco días de las elecciones generales del 29 de noviembre, sigue vigente la medida que el árbitro electoral acordó el 26 de marzo tras la investigación de El Debate sobre las grietas de seguridad de la identificación digital. Lo que la JEC ha dejado escrito es que levantará esa suspensión cuando el gobierno confirme que todas las mesas dispondrán de un dispositivo capaz de verificar el código QR de MiDNI «con todas las garantías necesarias».

La frase está literalmente recogida en el Acuerdo 295/2026, adoptado el 22 de octubre dentro del expediente 261/474. El punto segundo establece que, una vez que la Administración convocante confirme que las mesas disponen de un dispositivo con cámara y navegador que incorpore el verificador QR de la web oficial de MiDNI y que permita comprobar «con todas las garantías necesarias» el código temporal generado por la aplicación, la Junta «acordará levantar» la suspensión únicamente respecto de MiDNI. El carné de conducir en el móvil continuará suspendido.

Es decir, la condición impuesta por la JEC no es meramente logística. No basta con colocar un teléfono o un lector sobre cada mesa. El sistema debe permitir verificar la identidad con todas las garantías exigidas por el árbitro electoral. Y esa autorización todavía no consta.

El Gobierno va por delante de la JEC

El verbo utilizado por la Junta es inequívoco: no dice que la suspensión «queda levantada», sino que la «acordará levantar» cuando se cumpla la condición. Eso exige un segundo acuerdo. A 4 de noviembre no consta que la JEC lo haya adoptado. El gobierno, sin embargo, ya ha dado prácticamente todos los pasos materiales como si ese levantamiento fuera seguro.

Como publicó ayer este periódico, el manual destinado a los presidentes y vocales de las mesas incluye ya MiDNI como documento válido de identificación y prevé que cada mesa disponga de un dispositivo para comprobar el código QR. La incorporación aparece en la página 7 del manual, aunque Interior no destacó esa novedad en la nota de prensa con la que anunció su aprobación. El Ejecutivo ha mandado imprimir 900.000 ejemplares para distribuirlos con las notificaciones a presidentes, vocales y suplentes.

Es un salto relevante: el gobierno ha convertido ya en una instrucción impresa un procedimiento cuya eficacia jurídica sigue condicionada a una decisión posterior de la JEC.

El Ejecutivo también se ha adelantado en el plano logístico. El BOE publicó el 29 de octubre la Orden PJC/1129/2026, que obliga a Correos a entregar y recoger los dispositivos destinados a las mesas y reconoce expresamente que es necesario dotarlas de un lector del QR de MiDNI «con las garantías exigidas». La orden fija una tarifa máxima de 28,0667 euros por cada entrega y recogida. A ello se suma que el Consejo de Ministros del 3 de noviembre tomó razón de la contratación de emergencia, en régimen de alquiler, de los dispositivos necesarios para verificar MiDNI por 7.000.455 euros.

Es decir: el gobierno ha mandado imprimir el manual, ha puesto en marcha la logística y ha tramitado el alquiler de los lectores antes de que conste el acuerdo que levante la suspensión.

El precedente: Interior quería que bastara con mostrar la pantalla

La cautela de la JEC tiene un antecedente especialmente significativo provocado por las investigaciones de El Debate. El gobierno había defendido inicialmente que para votar bastaba con mostrar en el teléfono la pantalla de MiDNI con la fotografía, el nombre y el número del documento, sin necesidad de generar ni verificar ningún código QR.

Así consta en la documentación remitida al árbitro electoral: Interior sostuvo que era «suficiente mostrar los datos del documento en el móvil para acreditarse ante la mesa, sin que sea necesario la generación del código QR ni su lectura por la mesa». Expertos en ciberseguridad a nivel mundial demostraron el engaño del gobierno.

La propia Policía Nacional terminó fijando el criterio contrario. En el informe firmado el 21 de octubre por la directora general de Política Interior, Carmen López García, se establece que la identificación formal mediante MiDNI exige verificar el código QR temporal generado y firmado por la Policía. La pantalla con los datos personales tiene carácter meramente informativo. Ese es precisamente el motivo por el que la JEC condiciona ahora el levantamiento de la suspensión a que exista un segundo dispositivo capaz de comprobar ese código.

«Con todas las garantías necesarias»

La expresión que utiliza la Junta es determinante porque amplía el examen mucho más allá de la mera existencia física de un lector. El acuerdo exige que el dispositivo tenga cámara y navegador, incorpore el verificador de la web oficial de MiDNI y permita comprobar el código temporal generado delante de la mesa «con todas las garantías necesarias». Ahí es donde siguen abiertas las preguntas operativas.

El acuerdo no explica qué ocurre si un colegio electoral carece de cobertura, si el terminal llega descargado, si falla la cámara, si el navegador no funciona, si el QR caduca durante la operación o si caen los servidores necesarios para comprobarlo. La orden publicada en el BOE tampoco identifica la marca, el modelo ni la conectividad de los dispositivos.

Para una avería, el manual se limita a ordenar que la deficiencia sea comunicada a la Junta Electoral de Zona y que se solicite la sustitución del aparato. No establece qué debe hacer la mesa mientras espera otro lector ni qué sucede con un elector que se presenta únicamente con MiDNI.

Ese vacío ha llevado a Iustitia Europa a pedir formalmente a la JEC que mantenga la suspensión hasta que exista un protocolo completo de funcionamiento y contingencias, previamente comprobado y comunicado a todas las mesas. La formación reclama además reglas uniformes para evitar que una misma incidencia produzca respuestas distintas dependiendo del colegio electoral.

Un Gobierno bajo sospecha con la maquinaria exprés antes de la autorización

El mismo gobierno que abrió la puerta al fraude electoral en las nueve elecciones celebradas desde mayo de 2023 a abril de 2026 en las que se utilizaron sus aplicaciones del móvil sin QR debido a su engaño a la Junta Electoral despliega ahora a contrarreloj la logística para volver a implantar el DNI en el móvil, esta vez con QR. Y, lo hace tan solo garantizando la trazabilidad de los dispositivos que pondrá en las mesas. Deja fuera la del votante que utiliza su aplicación móvil. Por el momento Sánchez está lejos de aportar «todas las garantías necesarias». Novecientos mil manuales impresos y siete millones de euros en lectores no pueden sustituir la autorización del árbitro electoral. La maquinaria está en marcha. Falta el permiso.