El Gobierno contrata de urgencia mandar papeletas a los consulados tras el aval al voto de los hijos de la ley de nietos

El lunes 9 de noviembre, el Tribunal Supremo rechazó suspender el voto de los hijos de los nacionalizados por la ley de nietos. Tal y como explicó El Debate, el Alto Tribunal tomó esta decisión porque considera que, a menos de 20 días de las elecciones generales, «iniciar ahora un proceso de revisión del CERA (Censo Electoral de Residentes Ausentes), además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».

En consecuencia, el Supremo determinó que solo 901 de los 163.355 beneficiados por la ley de nietos del Gobierno de Pedro Sánchez puedan votar este mes –es decir, 162.454 no podrán participar en las elecciones del próximo 29 de noviembre–, pero los hijos de todos los afectados por esta normativa, 189.678 personas, tendrán, en principio, derecho a votar en las generales. En este contexto, el Supremo admitió ayer a trámite un nuevo recurso que pide no ampliar la suspensión cautelar del voto a los hijos de quienes adquirieron la nacionalidad española mediante la ley de nietos, y otorgó un plazo excepcional de alegaciones hasta el domingo.

Así las cosas, el martes, un día después de la resolución del Supremo que permite votar a los hijos de los afectados por la ley de nietos, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo para llevar a cabo «la declaración de emergencia para la contratación del servicio de recepción, almacenamiento, clasificación y empaquetado de material electoral (sobres y papeletas), destinado a las representaciones de España en el exterior para la celebración de elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, por importe de 80.226,63 euros».

El Gobierno asegura que «se considera necesario proceder a la contratación mediante tramitación de emergencia» al «no disponerse de medios en el plazo necesario»

La referencia que aparece en la página web de la Moncloa detalla que «convocadas las elecciones al Congreso de los Diputados y Senado para el domingo 29 de noviembre de 2026, tras la disolución de ambas Cámaras, en virtud de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, sobre el ejercicio del voto por las personas que residen en el extranjero, la administración consular garantizará la disponibilidad de papeletas oficiales de voto en los centros de votación que se habiliten, adecuadamente publicitados, así como suficientes sobres de votación y los medios informáticos necesarios para la descarga del resto de la documentación precisa para votar durante los días habilitados para la votación presencial».

«Al no disponerse de medios en el plazo necesario para la recepción, almacenaje, clasificación y empaquetado del material electoral destinado a las representaciones de España en el exterior, se considera necesario proceder a la contratación mediante tramitación de emergencia, al amparo del artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. La tramitación de emergencia se fundamenta en la necesidad de actuar de manera inmediata para garantizar la disponibilidad en fecha del material electoral en los centros de votación en el exterior para el ejercicio del derecho de participación ciudadana en los asuntos públicos, recogido como derecho fundamental en el artículo 23 de la Constitución Española», se agrega.

Por todo ello, el Gobierno concluye que «se ha procedido a la declaración de emergencia del expediente de contratación para el servicio de recepción, almacenamiento, clasificación y empaquetado de material electoral (sobres y papeletas), destinado a las representaciones de España en el exterior para la celebración de elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, por importe de 80.226,63 euros (21% IVA incluido)».