El Gobierno alega que si los tribunales y la UCO siguen trabajando en campaña, ellos también

El primer viernes de Consejo de Ministros extraordinario de los dos que ha programado el Gobierno fue un recital de electoralismo, desafiando los límites de la ley. La portavoz anunció el inicio de los trámites para una revalorización de las pensiones de entre el 3 y el 4 % que, en realidad, no podrá sustanciarse hasta después del 15 de diciembre. Porque hasta ese día el INE no publicará el dato definitivo del IPC de noviembre, que sirve como referencia.

A mayores, Elma Saiz presentó un informe titulado Ocho años fortaleciendo las pensiones públicas que es carne de denuncia ante la Junta Electoral Central por parte de la oposición. Porque a ello le siguió un alegato de la también ministra de la Seguridad Social presumiendo de que el Gobierno de Pedro Sánchez ha creado un sistema de pensiones «más justo y moderno». «Proteger derechos, garantizar las pensiones de la gente», resumió.

A su lado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes informó de la aprobación de 500 plazas nuevas de jueces y 200 de fiscales para el año 2027. Y presumió de que las de fiscales son más que todas las creadas por los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy.

En la Moncloa saben que están bordeando la legalidad. Pero se escudan en que, si la ley permite que una juez impute al exdelegado del Gobierno en Ceuta en último día de precampaña, que se conozca un informe de la UCO «a dos horas de empezar la campaña electoral», y que la Fiscalía Europea envíe a la Guardia Civil al Tribunal de Cuentas y al Ministerio de Igualdad para requerir información, también permite que el Ejecutivo celebre Consejos de Ministros extraordinarios y apruebe medidas sociales.

Porque en eso están los socialistas, en la teoría de que la Justicia ha entrado en campaña siguiendo la máxima de Aznar de «el que pueda hacer, que haga». El ministro Bolaños fue preguntado a ese respecto en la rueda de prensa. En concreto, por la norma no escrita según la cual los jueces no interfieren en los procesos electorales. «Esa norma no escrita de que los órganos judiciales y también la fiscalía no adoptaban decisiones durante los periodos electorales me parece muy prudente, muy razonable. Me parece que se ha venido cumpliendo siempre, en todos los procesos electorales, y que es respetuosa con los procesos que están en curso como estas elecciones generales», afirmó.

Lo dijo el mismo ministro de cuyo departamento depende el indulto al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz, que casi con total probabilidad aprobará el Consejo de Ministros después de los comicios del 29 de noviembre. Es decir, estando en funciones.

Bolaños defendió que el hecho de que haya cuatro Consejos de Ministros entre este viernes y el martes 24 no es electoralismo. «Tenemos muchos asuntos que aprobar, el adelanto electoral no era planificado», sostuvo. «Tenemos una agenda de asuntos y avances sociales, de ampliación de derechos muy cargada y es necesario que hagamos más consejos de ministros de los ordinarios», añadió. Ya avisó Sánchez de que gobernaría hasta el último día. Fuentes gubernamentales fueron más sinceras fuera de cámara: «Nuestro objetivo es trasladar que no es lo mismo que gobiernen los de los recortes que nosotros».

Sobre los casos de presunta corrupción no quisieron hablar ni él ni Saiz. Esta última negó que se hubiese producido una reunión entre el presidente y Cristian Corvillo, presunto testaferro de la trama de Ábalos, el 20 de abril de 2023 en Córdoba, como sostiene la UCO en un informe conocido este jueves. Sobre la investigación de la Fiscalía Europea acerca del dinero de las pulseras antimaltrato, Bolaños se remitió a las declaraciones de la ministra de Igualdad del día antes. Ana Redondo aseguró el jueves que los fondos europeos se utilizaron «correctamente».

El lunes, Luiz Inácio Lula da Silva visitará la Moncloa para mantener un encuentro con Sánchez y, posteriormente, ambos participarán en un acto de la campaña del PSOE. Y, el martes, el bombo de la lotería gubernamental volverá a detenerse en el siguiente Consejo de Ministros, que dejará nuevos agraciados.