Una ONG denuncia que más de 500 menores inmigrantes siguen viviendo en las calles de Ceuta

Más de 500 menores inmigrantes continúan viviendo en las calles de Ceuta casi cuatro meses después de la invasión del 30 de julio. Así lo ha denunciado la ONG Coordinadora de Barrios, que acusa a la Ciudad Autónoma de haber renunciado a los traslados a la Península como «medida de presión o disuasión» y rechaza la situación de desprotección en la que, según sostiene, permanecen estos niños.

En declaraciones a EFE, la abogada de la organización, Patricia Fernández Vicens, ha considerado que estos menores ya deberían haber sido incorporados al sistema de protección, puesto que, a su juicio, ya no existe una «situación de emergencia actual» que justifique que sigan sin recibir acogida. La letrada ha criticado la «dinámica de no acogida que se ha instalado en Ceuta», una situación que ha diferenciado de la que se vive en Melilla, donde también hay decenas de menores en la calle, aunque por motivos distintos.

En la ciudad autónoma melillense, según ha explicado, muchos niños abandonan voluntariamente los centros de protección porque consideran que el sistema no responde a sus necesidades y tratan de alcanzar la Península por sus propios medios. Para ello, intentan introducirse como polizones en los buques que conectan Melilla con la Península. «Hay muchos niños y niñas que huyen del sistema de protección de menores porque no da respuesta a sus necesidades y, por lo tanto, tratan de acceder motu proprio, de modo autónomo, a la península», ha señalado.

Coordinadora de Barrios reclama que se respeten las ratios de protección a la infancia migrante para garantizar una atención adecuada, en un contexto en el que reconoce que los sistemas de acogida de todas las comunidades autónomas afrontan «muchísimas y enormes dificultades». No obstante, la organización defiende que la experiencia demuestra que los modelos que respetan los derechos de los menores consiguen mejores niveles de integración.

La ONG también exige que los traslados a la Península se realicen de forma frecuente y mediante un programa estable, al considerar que el resto de territorios dispone de una mayor capacidad para atender a estos niños. «Ni Ceuta, ni Melilla ni Canarias deben afrontar solas este reto», ha defendido Fernández Vicens, que reclama un mecanismo urgente y sistemático que no dependa de los flujos migratorios en las fronteras ni de las voluntades políticas de cada momento.

Rechazo a las repatriaciones

Otro de los puntos de fricción es la petición de los gobiernos de Ceuta y Melilla para que los menores sean retornados a Marruecos y puedan quedar bajo la responsabilidad de sus familias o de las autoridades de su país de origen.

A juicio de la organización, las repatriaciones no impedirían que los menores volvieran a intentar el viaje, sino que podrían empujarlos a emprenderlo de nuevo en condiciones todavía más peligrosas. «El viaje migratorio se va a volver a repetir con un niño más dañado, por una ruta más peligrosa, con más riesgo de muerte», ha advertido Fernández Vicens, que considera que España no puede devolver a un menor que se encuentre en situación de riesgo en su país.