El Gobierno resucita el negocio de las peonadas en Andalucía

El fantasma del fraude sobrevuela los campos andaluces. El subsidio agrario, el antiguo PER, genera un incentivo perverso que se agrava ahora con la reducción de peonadas mínimas para acceder a él que aprobó el Gobierno de España el martes. No son pocos los casos, los millones defraudados por supuestos jornaleros que prefieren cobrar el desempleo a trabajar.

De hecho, la Fiscalía Provincial de Córdoba mantiene abierta desde julio de 2019 una investigación contra 150 personas a las que se les imputa un presunto fraude para el cobro de prestaciones por desempleo del Régimen Especial Agrario. El objetivo único de los investigados habría sido percibir los 463,22 euros mínimos de ayuda pública durante seis meses.

En 2020, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ratificó varias sentencias de juzgados de lo Social y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que sancionaban a ‘jornaleros’ por un fraude masivo de peonadas en una empresa de trabajo agrícola de Carmona (Sevilla). En apenas dos años y medio, entre enero de 2012 y julio de 2014, la empresa había dado de alta a 1.731 personas que habían cotizado 36.358 jornadas.

En enero de 2017, la Guardia Civil informó de la detención de su dueño por un presunto fraude de 614.440 euros a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública y por presuntamente vender peonadas a 585 personas para que pudieran cobrar el desempleo. Según la Guardia Civil, el empresario vendía las peonadas a un precio de entre 15 y 25 euros por cada una. El 90 % de los investigados eran amas de casa. Entre los beneficiarios había familias enteras.

Peonadas 'fantasma'

La compraventa ilegal de peonadas para poder acceder al subsidio agrario es un secreto a voces en Andalucía. Uno de los efectos de este tipo de irregularidades es la falta de mano de obra. Existen jornaleros que, para ir a trabajar, exigen al agricultor que firme peonadas 'fantasma' a familiares. Así pues, no es de extrañar ver que la mayoría de los recolectores que verdaderamente trabajan en el campo sean extranjeros.

Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2021 se destinaron 520 millones de euros al pago de subsidios agrarios. La cifra ha ido descendiendo en los últimos años debido a la reducción de cultivos y la mecanización de las tareas agrícolas. En Andalucía, 144.898 personas cobran la renta o el subsidio agrario, la mayoría en Sevilla (35.995). En Extremadura, son 19.948: 12.934 en Badajoz y 7.014 en Cáceres.

Este sistema, el Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA), más conocido como el Plan de Empleo Rural (PER), su denominación original, se puso en marcha en 1986, bajo el mandato del socialista Felipe González, fundamentalmente para Andalucía y Extremadura.

Al principio, eran 60 las peonadas para poder acceder al PER. En 1994, el Gobierno acordó con los sindicatos rebajar el mínimo a 40. Ahora, la cifra ha caído a 10. La reducción de peonadas, la segunda en siete meses, se aplicará hasta junio de 2023, después de las elecciones.