La Policía ha detenido en varias localidades de Granada y Almería a cuatro mujeres y tres hombres de nacionalidad marroquí
Operación Casamenteros
Una mafia de inmigración ilegal aprovecha la ley de violencia de género para regularizar a falsas víctimas
La organización cobraba entre 4.000 y 6.000 euros a las falsas víctimas y pagaba entre 500 y 1.000 a hombres dispuestos a asumir la condena
La Policía Nacional ha detenido en varias localidades costeras de Granada y Almería a cuatro mujeres y tres hombres de nacionalidad marroquí a los que se les imputa la autoría de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal, tras haber simulado episodios de violencia de género para así conseguir permisos de residencia para las mujeres supuestas víctimas de estos hechos.
La organización se encargaba de buscar tanto a posibles benefactoras como a potenciales agresores entre la comunidad marroquí en situación irregular, según la Policía Nacional, que inició la operación Casamenteros ―así se ha llamado― tras recibir una denuncia en los Juzgados de Motril de un hombre marroquí al que habían prometido y no pagado la cantidad de 3.000 euros por protagonizar una falsa agresión física en público hacia una mujer también marroquí.
Esta situación dio origen a un procedimiento penal por violencia de género en el que el varón había resultado condenado con su conformidad y, tras haber simulado ambos en un juicio rápido la existencia de una relación afectiva inexistente.
En paralelo, la UFAM de la Comisaría de Motril comenzó la investigación de una serie de casos de violencia de género entre ciudadanos marroquíes que compartían una serie de patrones comunes.
La exhaustiva investigación realizada confirmó la existencia de una organización criminal integrada por extranjeros de origen marroquí y asentada en Gualchos (Granada) y El Ejido (Almería).
Los miembros de la mafia compatibilizaba su actividad como jornaleros agrícolas con la captación de mujeres marroquíes que estuvieran dispuestas a obtener ilegalmente residencia en España como falsas víctimas de violencia de género, para lo cual debían afrontar el pago de entre 4.000 y 6.000 euros a la organización.
Dispuestos a ser condenados
Dicha organización también se encargaba de captar a hombres del mismo origen dispuestos a asumir, previo cobro de entre 500 y 1.000 euros, una condena judicial como autores de violencia de género contra su supuesta pareja, debiendo protagonizar una agresión física en un local público.
Durante la investigación se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en Gualchos y El Ejido, en los que se intervinieron dinero en efectivo producto de la actividad ilícita de los miembros de la organización criminal y documentación (denuncias policiales, autos y sentencias judiciales sobre procedimientos por delitos de violencia de género), así como numerosos resguardos de envíos de dinero a Marruecos, que demostrarían pagos a la organización y distracción de los beneficios económicos obtenidos.
Como consecuencia de este trabajo, ha aflorado la regularización ilegal de al menos diez mujeres marroquíes, que habían denunciado ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de Granada y Almería que habían sido víctimas de violencia de género.
También han aparecido otras tantas condenas a hombres de la misma nacionalidad, como falsos novios o parejas, por violencia de género, cuyas sentencias dictadas en conformidad han otorgado ilegalmente derecho de residencia a favor de ellas. No obstante, dichas residencias serán extinguidas a instancia de la UCRIF1 de Granada.
Hasta el momento han sido detenidas siete personas extranjeras, cuatro mujeres y tres hombres, como presuntos autores de los delitos de acusación y denuncia falsa, simulación de delito, favorecimiento de la inmigración ilegal e integración en organización criminal, de los cuales los tres principales investigados han sido puestos a disposición del Juzgado de Motril que entiende de estos hechos, el cual ha adoptado contra ellos la prohibición de salida del territorio nacional.
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